El abogado de Luisa González, Diego Guarderas, apeló la prisión preventiva impuesta en contra de su defendida en el caso Laberinto, en el que la Fiscalía investiga un presunto lavado de activos; su defensa busca sustituir las medidas  cautelares por presentaciones periódica y prohibición de salida del país.

La  Fiscalía General del Estado la investiga un presunto lavado de dinero en el manejo de fondos de la campaña electoral de 2023.

La excandidata del correísmo, quien disputó el balotaje frente al presidente Daniel Noboa en las elecciones de 2023 y 2025, permanece recluida en la cárcel de Riobamba desde el pasado viernes tras su detención efectuada durante la madrugada del jueves.

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Argumentos del abogado para la apelación

El abogado defensor sostuvo que el tribunal de apelación puede sustituir la cárcel por medidas cautelares alternativas como la prohibición de salir del país, argumentando que su clienta no representa un riesgo de fuga y ha colaborado activamente con la justicia.

"No se va a ir a ningún lado porque tiene suficiente arraigo laboral, social y familiar en el país. Ella siempre ha dado la cara", indicó Guarderas a EFE, tras visitarla en el centro carcelario donde aseguró que la política "está firme porque sabe que es inocente".

La defensa alertó que la privación de libertad vulnera los derechos del hijo adolescente de González y de su padre, quien padece una enfermedad catastrófica renal. 

Asimismo, solicitó que en prisión se respete su dignidad y se le facilite acceso a medicinas y a una dieta especial por motivos de salud.

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Las líneas de investigación de Fiscalía

La causa penal tiene su origen en las indagaciones preliminares del denominado caso 'Caja Chica', proceso que derivó en la suspensión del movimiento Revolución Ciudadana (RC) a pedido de la Fiscalía. Esta sanción impide a la organización del expresidente Rafael Correa participar en las elecciones locales del 29 de noviembre, en las que buscaba conservar administraciones clave como Quito y Guayaquil.

Fondo de los señalamientos: El Ministerio Público busca probar si la campaña de 2023 se financió con dinero en efectivo traído desde Venezuela o con recursos provenientes de una empresa del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sentenciado en primera instancia por comercialización ilícita de combustibles.

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Sin elementos vinculantes: Guarderas enfatizó que "no hay un solo elemento que vincule a Luisa" en el expediente. Explicó que la tesis fiscal se basa en que la candidata "debió haber conocido" el origen de los fondos por ser la beneficiaria, pero no existe prueba alguna que demuestre que ella tuviera conocimiento de los aportes o de una supuesta procedencia ilícita.