Los jueces del caso Goleada, Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, fueron destituidos por decisión unánime del Pleno del Consejo de la Judicatura este martes 27 de octubre de 2026.

En el caso Goleada, la Fiscalía investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros por el supuesto delito de lavado de activos.

Jueces del caso Goleada revocaron la prisión preventiva

La Judicatura señaló que los tres jueces concurrieron en error inexcusable al resolver sobre una apelación en el caso Goleada.

Los tres jueces del caso Goleada revocaron la prisión preventiva contra Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil y sus hermanos.

De acuerdo con el informe técnico de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, acogido de forma definitiva por el Pleno de la Judicatura, los jueces sobrepasaron los límites de sus competencias al analizar el recurso planteado por la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

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Extralimitación de funciones: El organismo determinó que los magistrados debían limitarse de manera estricta a verificar si la medida cautelar cumplía o no con los parámetros legales.

Valoraciones de fondo: La Judicatura sostuvo que la Sala avanzó indebidamente hacia el fondo de la causa, emitiendo criterios sobre la posible existencia del delito, la tipicidad de los hechos e incluso la estructura de la presunta red investigada.

Efectos sobre el alcalde: Aunque el fallo favorable alcanzaba a Aquiles Álvarez, el funcionario no pudo recuperar de inmediato su libertad debido a otros procesos judiciales pendientes en ese momento, decisión que más tarde fue revocada por otra instancia.

Suspensión previa y cuestionamientos a la independencia judicial

Antes de ratificarse la destitución, los magistrados involucrados permanecieron suspendidos durante tres meses sin derecho a remuneración mientras se sustanciaba el sumario disciplinario interno.

La medida adoptada por el Consejo de la Judicatura desató una fuerte controversia en el fuero legal.

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Abogados y exjueces salieron en defensa de los procesados, argumentando una vulneración a la independencia judicial.

 Por su parte, el juez Byron U. rechazó públicamente la sanción y denunció la existencia de presiones, señalamientos que fueron desmentidos por la Judicatura al asegurar que actuó con apego a sus atribuciones constitucionales y sin interferencias externas.