El Consejo de la Judicatura destituyó este martes, 27 de octubre de 2026, a Ivonne Núñez, exministra de Trabajo, y al expresidente de la Corte de Justicia de Guayas, Francisco Morales Garcés, como jueces de lo laboral en esta provincia. Ambos permanecían suspendidos desde hace tres meses.

La decisión del organismo responde a un dictamen de la Corte Constitucional, que determinó la existencia de un error inexcusable en una sentencia emitida por ambos magistrados.

En un fallo del 9 de noviembre de 2021, ambos jueces habrían desnaturalizado una acción de protección al ordenar a Correos del Ecuador, en liquidación, el pago de USD 500 000 a la Compañía de Transporte de Carga Pesada El Halcón S.A., de acuerdo con el expediente.

Según la Subdirección de Control Disciplinario, los jueces desnaturalizaron una acción de protección al resolver un conflicto estrictamente contractual. Con ese fallo, los magistrados ordenaron de forma indebida el pago de recursos públicos por parte de la empresa estatal Correos del Ecuador, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y excediendo sus atribuciones constitucionales.

"No se vanaglorien"

Núñez, en su cuenta de X (antes Twitter), rechazó su destitución y emplazó a la Judicatura a no vanagloriarse de una actuación que, según dijo, contradice los principios que proclama y que incumple los estándares de la propia Corte Constitucional y de la COrte Interamericana de Derechos Humanos.

"Ya esta historia ya es conocida: destituyen como si la justicia fuera una suela de zapato, aplastando la razón, la ley y la jurisprudencia. Hay que conocer para ser", apuntó.

La trayectoria de Ivonne Núñez

Ivonne Núñez, antes de su retorno al ámbito magistral, ejerció el derecho de manera privada y asumió la defensa de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, en el caso Odebrecht.

En 2016 fue destituida de la Corte de Guayas durante la administración del Consejo de la Judicatura liderado por Gustavo Jalkh, aunque reingresó a su cargo dos años después por disposición de la Corte Constitucional.

Posteriormente, el presidente Daniel Noboa la designó como ministra de Trabajo, cargo que ocupó entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

Esta sanción administrativa se suma a la sanción impuesta en mayo de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En ese proceso, la justicia electoral suspendió sus derechos políticos por tres meses e inhabilitó su ejercicio público, además de imponerle una multa económica.

El fallo del TCE se originó por una denuncia tras incumplir la ejecución de una sanción contra el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, lo que fue calificado como un desacato a la autoridad electoral.