Judicatura suspende por tres meses a la jueza y exministra Ivonne Núñez
El Pleno Consejo de la Judicatura aprobó la medida preventiva sin sueldo contra la exfuncionaria y el magistrado Francisco Morales, tras un dictamen de la Corte Constitucional por error inexcusable.
La exministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en una entrevista con Teleamazonas el 30 de octubre de 2025.
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El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó con cinco votos a favor la suspensión preventiva por tres meses contra los jueces Ivonne Núñez Figueroa y Francisco Rafael Morales, integrantes de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
La medida disciplinaria, adoptada la tarde de este miércoles 29 de julio de 2026, incluye la suspensión del cobro de sus remuneraciones mientras continúa el sumario administrativo en su contra.
La decisión del organismo responde a un dictamen de la Corte Constitucional, que determinó la existencia de un error inexcusable en una sentencia emitida por ambos magistrados.
Según la Subdirección de Control Disciplinario, los jueces desnaturalizaron una acción de protección al resolver un conflicto estrictamente contractual. Con ese fallo, los magistrados ordenaron de forma indebida el pago de recursos públicos por parte de la empresa estatal Correos del Ecuador, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y excediendo sus atribuciones constitucionales.
Ivonne Núñez, antes de su retorno al ámbito magistral, ejerció el derecho de manera privada y asumió la defensa de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, en el caso Odebrecht.
En 2016 fue destituida de la Corte de Guayas durante la administración del Consejo de la Judicatura liderado por Gustavo Jalkh, aunque reingresó a su cargo dos años después por disposición de la Corte Constitucional.
Posteriormente, el presidente Daniel Noboa la designó como ministra de Trabajo, cargo que ocupó entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.
Esta suspensión administrativa se suma a la sanción impuesta en mayo de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En ese proceso, la justicia electoral suspendió sus derechos políticos por tres meses e inhabilitó su ejercicio público, además de imponerle una multa económica.
El fallo del TCE se originó por una denuncia tras incumplir la ejecución de una sanción contra el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, lo que fue calificado como un desacato a la autoridad electoral.
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