Durante la madrugada del 23 de octubre de 2026, la Unidad Judicial Penal de Flagrancias de Quito instaló la audiencia de formulación de cargos en el denominado caso Laberinto. La diligencia se desarrolló de forma reservada en contra de cuatro personas, incluyendo a Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana.

La investigación de la Fiscalía General del Estado apunta a un presunto esquema de lavado de activos en la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana. El Ministerio Público indaga el presunto ingreso de fondos no declarados a las cuentas oficiales.

Pese a la reserva judicial de la diligencia, PRIMICIAS accedió a las casi 900 páginas que conforman los nueve cuerpos del expediente procesal. En los documentos constan transcripciones de chats, registros bancarios y una versión de un cooperador clave.

Los indicios recopilados por las autoridades describen una supuesta inyección de recursos provenientes de empresas de combustibles vinculadas a Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil detenido desde inicios de 2026 y procesado en los casos Triple A y Goleada.

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Los chats de Aquiles y el dinero de Ternape

Originalmente, el caso que llegó a la Fiscalía en un reporte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se investigó por concusión. Pero hace pocas semanas tomó un giro luego de que se cruzara información con los casos Triple A y Goleada, por los que el alcalde Alvarez está preso acusado de presunta comercialización ilegal de combustibles y el posterior blanqueo de las ganancias supuestamente ilícitas.

El expediente fiscal tomó un nuevo curso a partir de la comparecencia y entrega de dispositivos electrónicos por parte de José Ricardo Cevallos Avellán, exgerente financiero del conglomerado empresarial de la familia Alvarez Henriques.

Cevallos Avellán, quien figura como cooperador eficaz en los casos Triple A y Goleada, entregó dos teléfonos y una computadora portátil a los agentes investigadores.

De la extracción pericial a los dispositivos surgió información sobre supuestas coordinaciones financieras para gastos electorales no justificados entre los meses de junio y octubre de 2023, durante las dos vueltas presidenciales.

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Según las declaraciones y los chats incorporados al expediente, se identificó a la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. como la presunta fuente de financiamiento que no se facturaba a la Revolución Ciudadana.

Ternape es una empresa creada en 2017 para la comercialización de combustible. Sus fundadores fueron Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier, todos procesados en Goleada. Actualmente, sus acciones siguen en poder de esta familia, aunque hay una orden de disolución y clausura de primera instancia.

En las conversaciones de mensajería del 26 de junio de 2023, consta una disposición atribuida a Aquiles Alvarez en la que se planteaba fijar un presupuesto máximo de hasta USD 300.000 en efectivo para brigadistas y camisetas de campaña. Para esa época Alvarez ya era alcalde de Guayaquil por la RC.

Asimismo, los peritajes hallaron una matriz interna de control financiero denominada reporte CMI, en la cual se registraba una asignación consolidada por un valor global de USD 3,2 millones para campañas electorales.

De ese monto global consignado en las tablas, una suma de USD 2,5 millones correspondía a la campaña de la Alcaldía de Guayaquil, que Aquiles ganó en febrero de ese 2023. Mientras que USD 725.933 aparecían asignados específicamente a la postulación de Luisa González.

El desglose de los valores fue enviado por Cevallos a César Bravo, hombre de confianza de Aquiles Alvarez, a través de WhatsApp. El mensaje enviado luego de la elección en la que Luisa González perdió ante Daniel Noboa reveló que para la primera vuelta electoral de la candidatura presidencial se habrían destinado USD 447.933, mientras que para la segunda vuelta se anotaron desembolsos por USD 278.000.

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Facturas simuladas y el cierre de campaña

Las investigaciones policiales de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico detallan que los recursos de Ternape se habrían canalizado presuntamente mediante la simulación de conceptos comerciales ordinarios.

Uno de los proveedores identificados en el expediente fue contratado para la elaboración de propaganda que incluyó más de 200.000 cuestionarios, 400.000 adhesivos, gorras y el brandeo de vehículos.

Los informes técnicos señalan que las cotizaciones y proformas ingresaban inicialmente a nombre del movimiento político Revolución Ciudadana, pero luego las facturas eran emitidas a nombre de Ternape Petroleum S.A.

En las transcripciones de mensajes entre el personal administrativo consta que la contadora de la empresa naviera instruía de forma explícita que en la descripción de las facturas no debía incluirse bajo ningún motivo la palabra "campaña".

Por la adquisición de estos insumos de propaganda política a la firma publicitaria, los peritajes estiman pagos transferidos y abonos bancarios por aproximadamente USD 100.000 cubiertos por la distribuidora de combustible.

Otra de las empresas bajo sospecha habría sido contratada para brindar los servicios de logística, tarima, pantallas gigantes y sonido para el cierre de campaña de Luisa González.

El mitin político se llevó a cabo el 17 de agosto de 2023 en el sector de Cristo del Consuelo, en la ciudad de Guayaquil, gestionándose la coordinación de pagos a través de Xavier Antonio K. G.

De acuerdo con las órdenes de transferencia y comprobantes agregados al proceso, la compañía petrolera Ternape asumió pagos por un estimado de USD 50.000 para la realización de dicho acto de proselitismo.

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Cheques al portador y el efectivo

Además, según los indicios recopilados por el Ministerio Público, los gastos de campaña que no podían ser facturados eran cancelados a través de instrumentos bancarios girados directamente desde las cuentas corrientes corporativas.

Para este propósito, la compañía de los Alvarez habría emitido diversos cheques por valores individuales de USD 10.000 cada uno.

Según las versiones que reposan en el proceso, la encargada de gestionar y viabilizar el cobro de estos títulos valores en distintas agencias bancarias fue Wendy Onofre, otra de las procesadas, mediante intermediarios designados.

Sin embargo, los registros de mensajería del 17 de agosto de 2023 revelan que surgieron inconvenientes operativos cuando entidades bancarias rechazaron el pago de seis cheques de USD 10.000 emitidos por la firma petrolera.

Los bancos impidieron efectivizar los cobros debido a que las personas enviadas a ventanilla no constaban debidamente registradas o porque las firmas autorizadas no coincidían con los registros corporativos oficiales.

Ante el bloqueo para retirar los USD 60.000 y la urgencia de pagar a brigadistas, los mensajes dan cuenta de que se dispuso la entrega de dinero en efectivo procedente de la recaudación diaria de una gasolinera.

El punto de acopio y retiro físico del dinero líquido habría sido la estación de servicio situada en la intersección de las calles Los Ríos y Clemente Ballén, en el centro de Guayaquil, para solventar los gastos de movilización.

Las diligencias de inteligencia policial concluyen que ninguno de estos valores en efectivo ni los fondos bancarios transferidos a los proveedores fueron reportados ante los organismos electorales de control institucional.