Asamblea inicia fiscalización al Municipio de Quito por supuestos cobros indebidos a funcionarios
El Ministerio de Trabajo y Contraloría deberán entregar información hasta los primeros días de noviembre. El correísmo rechaza la investigación de ADN y dice que el Municipio está "bajo ataque".

El Pleno de la Asamblea aprobó el 27 de octubre de 2026 el inicio de una fiscalización a la gestión del Municipio de Quito.
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PRIMICIAS.
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Redacción Primicias
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La Asamblea Nacional dio un plazo de 10 días al Ministerio de Trabajo y a la Contraloría para que le entregue información sobre presuntos aportes económicos indebidos solicitados a funcionarios del Municipio de Quito, en la administración de Pabel Muñoz.
Esos datos serán enviados a la Comisión de Transparencia de la Asamblea, liderada por Diana Jácome de Acción Democrática Nacional (ADN), para que analice y contraste la información y emita un informe de fiscalización al respecto.
El proponente de la investigación es el legislador oficialista Andrés Castillo, quien aseguró que en la Empresa de Pasajeros del Municipio habrían estado pidiendo dinero a los funcionarios para financiar las campañas electorales de Muñoz.
"Resulta que si no pagaban se iban afuera y los trabajadores se cansaron, fueron a la Fiscalía y pusieron la denuncia. Están hablando en los medios de comunicación y el señor Muñoz mutis por el foro", señaló Andrés Castillo.
La moción aprobada este martes incluye un exhorto a la Contraloría a que inicie exámenes especiales al Municipio de Quito sobre este tema, si es que esa entidad no ha activado todavía los mecanismos de control.
RC dice que los municipios liderados por el correísmo "están bajo ataque"
La Revolución Ciudadana (RC), de la que es parte el alcalde Pabel Muñoz, relacionó esta acción de fiscalización de ADN con un "nuevo intento" de desgastar la candidatura a la reelección del alcalde.
El legislador correísta Héctor Rodríguez aseguró que los Gobiernos Autónomos Decentralizados, municipios y prefecturas, que están liderados por la RC "están bajo ataque", y particularmente el de Quito que tendría 687 acciones legales y administrativas en su contra, de siete entidades estatales.
Rodríguez insinuó que la denuncia responde a una represalia, porque la Empresa Pública de Pasajeros presentó en julio una denuncia por supuestas irregularidades, en las que el principal implicado es la persona que ahora denuncia que le obligaron a pagar un porcentaje del sueldo para no perder el trabajo.
"No se ha demostrado que exista una cadena financiera que nos diga que la plata llegó alegremente a las arcas de la campaña como se afirma", agregó Héctor Rodríguez.
La moción alcanzó el respaldo de 85 asambleístas de la bancada de ADN y sus aliados independientes, en tanto que el correísmo y Pachakutik se opusieron con 59 votos.
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