Municipio de Quito reacciona tras allanamientos de la Fiscalía y exige "seriedad" en las investigaciones
El Municipio de Quito aseguró que entregó toda la información solicitada por la Fiscalía tras los allanamientos realizados este 21 de octubre. Pide "seriedad" en las investigaciones y dice que “un allanamiento no es una sentencia".
Agentes de la Fiscalía y Policía Nacional durante el allanamiento a oficinas del Municipio de Quito, el 21 de octubre de 2026.
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El Municipio de Quito reaccionó este 21 de octubre de 2026 ante el allanamiento a sus oficinas por parte de la Fiscalía que indaga presunto peculado en dos contratos de obra pública. La Alcaldía aseguró que entregó toda la información solicitada en las diligencias.
En su primer pronunciamiento sobre el caso, la administración municipal, liderada por el alcalde Pabel Muñoz (RC), afirmó que colaboró con las diligencias y defendió la transparencia de los procesos de contratación pública.
“Esta administración tiene tolerancia cero con la corrupción. Si algún funcionario actuó al margen de la ley, el Municipio será el primero en exigir que responda ante la justicia, sin excepciones”, señaló la institución en un comunicado.
La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron este miércoles los allanamientos en dependencias del Municipio de Quito. Según la información difundida por la Fiscalía, los procedimientos buscan recabar indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados en 2024, por un monto que supera los USD 4 millones.
Los allanamientos también se extendieron a las oficinas de la Gerencia General de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), así como a las áreas de Secretaría General y Gestión Documental o Archivo.
"Durante la intervención, se recabaron computadores, celulares, dispositivos USB y documentos que contendrían información de interés para la investigación. Los indicios serán sometidos a análisis y pericias para determinar su relevancia en el caso", apuntó la Fiscalía.
Municipio defiende sus procesos de contratación
En su comunicado, el Municipio sostuvo que todos los contratos de la actual administración fueron adjudicados mediante el Sistema Oficial de Contratación Pública, con procedimientos que, según indicó, son abiertos, públicos y verificables por la ciudadanía.
La institución también defendió las obras y los servicios ejecutados durante la gestión de Muñoz, entre ellos la rehabilitación de vías, la recuperación de espacios públicos, la modernización del transporte y la atención a los barrios.
Asimismo, pidió "que la investigación se haga con pruebas, con seriedad y con el debido proceso, y no con anuncios, filtraciones o acusaciones sin sustento", conforme al Estado de Derecho.
“Un allanamiento no es una sentencia. Nadie debe ser condenado de antemano”, enfatizó el Municipio, que también solicitó que las diligencias no se utilicen para desprestigiar el trabajo de los servidores municipales.
La administración agregó que respetará la reserva de la fase investigativa y aseguró que los servicios municipales y la atención a la ciudadanía continúan con normalidad.
Paola Pabón y la bancada de RC respaldan a Muñoz
Aunque el alcalde Pabel Muñoz todavía no se ha pronunciado de manera pública y personalmente sobre el procedimiento, figuras del movimiento correísta de la Revolución Ciudadana (RC) expresaron su respaldo al funcionario que busca la reelección.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se refirió al caso en la red social X y cuestionó el impacto de los procesos judiciales contra dirigentes políticos de oposición.
“La vida de la gente no mejora encarcelando opositores, las condiciones de los ciudadanos cambian para bien cuando hay una clase política comprometida con el bien común”, escribió Pabón.
En el mismo mensaje, sostuvo que la democracia ecuatoriana está amenazada y pidió a Muñoz que continúe enfocado en su gestión municipal.
Por su parte, la bancada de la Revolución Ciudadana difundió un pronunciamiento en el que denunció una presunta persecución política contra la oposición y cuestionó el uso de la justicia en el contexto preelectoral.
“La Alcaldía de Quito se disputa en las urnas, no en los tribunales”, señaló el bloque político, que también exigió respeto a la voluntad popular.
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