Relatora de ONU cuestiona eliminación de la unidad de jueces anticorrupción en Ecuador
"Los Estados deben garantizar los recursos y la capacidad necesarios para que los tribunales administren justicia de manera efectiva", dice Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU, ante decisión de la Judicatura de Ecuador.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, en una conferencia en República Dominicana, el 27 de agosto de 2025.
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La relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, cuestionó este 8 de septiembre de 2026 la eliminación de la unidad de jueces anticorrupción y de casos de crimen organizado en Ecuador, después de cuatro años en funciones.
La decisión fue adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura con el argumento de que dicha unidad contaba con una baja carga de procesos. Tras la suspensión de tres jueces por el caso Goleada, esta operaba con el 50% de su capacidad.
"Recibo con preocupación la noticia de que la unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, que ya operaba al 50% de su capacidad tras la suspensión de tres jueces, ha sido suprimida", publicó Margaret Satterthwaite en su cuenta de X (antes Twitter).
La relatora mencionó que esto se da "en un momento en que el propio Consejo de la Judicatura ha declarado una emergencia judicial debido a un grave déficit de jueces":
En este sentido, Margaret Satterthwaite recordó que los Estados deben garantizar los recursos y la capacidad necesarios para que los tribunales administren justicia de manera efectiva.
"En este contexto, las medidas que afecten aún más la capacidad del poder judicial merecen un escrutinio particular", enfatizó.
"Toda suspensión, medida disciplinaria o reestructuración institucional que afecte a jueces debe respetar plenamente la independencia judicial, el debido proceso y las salvaguardias frente a injerencias arbitrarias".
Margaret Satter, relatora de ONU
"No se elimina la justicia especializada"
Tras la decisión de la Judicatura, las causas pasarán a la Corte provincial de Justicia de Pichincha y a una unidad judicial en el norte de Quito.
"No se elimina la justicia especializada ni se reducen sus competencias. La reorganización amplía de 19 a 54 los jueces disponibles, mantiene el alcance nacional y busca evitar retrasos en casos de corrupción y crimen organizado", aseveró Damián Larco, vocal de la Judicatura.
Asimismo, Mercedes Caicedo, presidenta del organismo, descartó que esta decisión debilite la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
La medida también ha generado varias reacciones en Ecuador. Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, recordó que el proceso para crear dicha unidad costó aproximadamente USD 1.6 millones con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
"Cuando se crearon hubo voces de cuestionamientos sobre su constitucionalidad, superado esto finalmente fueron nombrados 14 jueces previo concurso", mencionó Saquicela.
"Es una opción tener estas unidades, no es imperativo ni una panacea, se debe evaluar su trabajo, eficiencia, independencia, seguridad…"
Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional
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