Pugna en la Asamblea por la fiscalización a la Judicatura tras la eliminación de las unidades anticorrupción
La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, propone una reforma para ajustarse a la resolución de la Judicatura, que suprimió las unidades especializadas anticorrupción, pero la oposición se niega y habla de presuntos intentos de proteger a Mercedes Caicedo.
La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, en la sesión del Pleno del 27 de agosto de 2026.
- Foto
Asamblea Nacional.
Autor:
Actualizada:
Compartir:
La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, marcó este 17 de septiembre la postura del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en torno a la decisión del Consejo de la Judicatura (CJ), que suprimió la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
Mancheno considera que el Legislativo no se puede pronunciar sobre las resoluciones que toman otros poderes del Estado como la Judicatura, y que debería ser la encargada del CJ, Mercedes Caicedo, quien explique los alcances y razones para eliminar esta unidad.
A lo que sí se comprometió la presidenta de la Asamblea es a modificar o reformar la ley para que esta se adapte a las resoluciones que tomen otras entidades, en este caso, la adoptada el 8 de septiembre por el pleno del Consejo.
"Si lo tenemos que hacer lo vamos a hacer, porque no podemos quedarnos estancados y tenemos que avanzar ante esta resolución que ha tomado el poder Judicial".
Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea.
La creación de las Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado es el resultado de las reformas que hizo la propia Asamblea al Código de la Función Judicial en 2020.
La oposición política, como el correísmo y el PSC, considera que cualquier cambio sobre estas unidades se debería hacer de la misma forma, es decir, a través de una reforma legal aprobada por el Pleno de la Asamblea y no solo con una resolución de cinco vocales de la Judicatura.
"Veamos cómo avanza el tema (...) pero no me puedo pronunciar sobre cuál es la hoja de ruta de la persona que representa al poder Judicial, lo que sí me comprometo es que estáticos no nos vamos a quedar", insistió Mancheno el 17 de septiembre.
¿Qué comisión se hará cargo de la fiscalización a la Judicatura?
La Comisión de Garantías Constitucionales, dominada en su totalidad por la Revolución Ciudadana (RC), aprobó iniciar un proceso de fiscalización al Consejo de la Judicatura por la supresión de las Unidades Judiciales Anticorrupción.
Este jueves 17 de septiembre estaba convocada la presidenta de ese organismo, Mercedes Caicedo, pero no asistió y envió un comunicado con la excusa de su ausencia en la mesa legislativa.
Por su parte, Mancheno salió en defensa de Caicedo y dijo que no consideraba que lo sucedido con las unidades anticorrupción amerite el inicio de un proceso de fiscalización, pero sí de pedidos de información y explicaciones desde la Asamblea.
En la sesión del Pleno el asambleísta de ADN, Xavier Ordóñez, pidió que los 157 asambleístas decidan cuál será la comisión que investigue el caso, desconociendo el procedimiento iniciado por la mesa de Garantías Constitucionales, dominada por el correísmo.
La correísta Verónica Íñiguez, que dirige esa comisión, denunció que el objetivo oficialista sería enviar la fiscalización de la Judicatura a una mesa legislativa a cargo de ADN.
Esa moción será resuelta al final de la sesión del Pleno del 17 de septiembre, donde se prevé aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el sistema SUCRE en Ecuador.
"Primero compran las llantas y después el carro"
La asambleísta del correísmo, Viviana Veloz, cuestionó lo dicho por la presidenta Mancheno sobre la propuesta de que la Asamblea deberá reformar las leyes para adaptarlas a las resoluciones de entidades como el Consejo de la Judicatura.
"Están haciendo las cosas al revés. Primero compran las llantas y después el carro", dijo Veloz quien aseguró que antes de eliminar las unidades anticorrupción, se debía reformar el Código de la Función Judicial, la Ley de Extinción de Dominio y la de Prevención de Lavado de Activos.
Para la legisladora de RC este intento de cambiar leyes desde la Asamblea, demostraría el supuesto interés del Ejecutivo de proteger a Caicedo y la injerencia que tendría en los órganos de Justicia.
PSC alerta de "problemas mayores"
Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), calificó como "sorprendente" la propuesta de Mancheno de hacer reformas para ajustarse a lo resuelto por la Judicatura.
Dijo que esperaba que la presidenta de la Asamblea salga, más bien, a rechazar la decisión de la Judicatura que modifica una ley de la República.
Serrano alertó que esta decisión del CJ podría traer problemas mayores, como pedidos de nulidad de procesos en contra de personas involucradas en el crimen organizado.
El legislador del PSC mencionó esto porque al suprimir las Unidades Especializadas, que tenía alcance nacional, se estaría eliminando la competencia territorial de los jueces, porque se daría casos de otras provincias a juzgados establecidos en Quito.
Compartir:
