Los cuestionamientos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos contra el Gobierno ecuatoriano fueron expuestos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el periodo 197 de sesiones. Y los principales temas fueron la situación de la independencia judicial y la militarización de los espacios públicos.

La primera audiencia abordó la crisis del sistema judicial y las organizaciones destacaron los procesos irregulares de selección de altas autoridades, la injerencia del crimen organizado, el acoso sistemático a operadores de justicia y las presiones directas contra la Corte Constitucional. 

La segunda audiencia examinó la afectación a la institucionalidad democrática y el cierre del espacio cívico. La sociedad civil denunció un uso prolongado de estados de excepción, militarización de la seguridad, asfixia financiera a organizaciones no gubernamentales y persecución a la oposición política y a defensores de derechos humanos.

Los cuestionamientos

La Fundación para el debido proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron que la independencia judicial en Ecuador atraviesa una crisis de carácter estructural, agravada por interferencias políticas, la violencia del crimen organizado y represalias estatales.

1. 1. Debilidad estructural e irregularidad en concursos de selección

   • Señalaron que en la Corte Nacional de Justicia, de 21 jueces, 16 ejercen de forma interina y solo cinco son titulares, acumulando siete vacantes clave en la Sala Penal.
   • Explicaron que los concursos para la Corte Nacional y la Fiscalía General llevan hasta tres años sin concluir por reglas cambiantes, falta de transparencia y cuestionamientos a las veedurías ciudadanas. En el caso del Fiscal General, denunciaron que de 26 postulantes se eliminó a 21 en procesos opacos, dejando como único favorecido al fiscal interino.
   • Recordaron que expresidentes y vocales del Consejo de la Judicatura han sido condenados por corrupción judicial o destituidos por nexos con el crimen organizado, y criticaron maniobras irregulares para bloquear la asunción de suplentes.

2. Acoso, narrativa de desprestigio y represalias a jueces y abogados

   • Denunciaron advertencias públicas e intimidaciones del Ministerio del Interior, donde se califica a los jueces de "corruptos o aliados al crimen" con mensajes directos como "o se enderezan y se corrigen o van a terminar presos".
   • Expusieron la destitución definitiva y denuncia penal contra los tres jueces que levantaron la prisión preventiva al exalcalde de Guayaquil, así como allanamientos nocturnos, sumarios y amenazas en cadena nacional contra la jueza que otorgó el hábeas corpus por la desaparición forzada de cuatro niños en Las Malvinas.
   • Alertaron sobre querellas penales, acoso tributario y congelamiento de cuentas contra abogados defensores en causas de interés público, sumado a reformas legislativas que buscan suspenderlos hasta por cinco años por "faltas de respeto" a las autoridades.
   • El Observatorio de Derechos y Justicia reportó 253 alertas sobre el sistema judicial entre enero y agosto de 2026, de las cuales 106 corresponden a vulneraciones directas a la independencia judicial.

3. Infiltración y violencia del crimen organizado

   • Registraron 52 atentados graves contra la vida e integridad de operadores de justicia entre 2020 y 2026, dejando un saldo de 31 víctimas mortales (13 fiscales, nueve funcionarios de fiscalía, cinco jueces y cuatro judiciales), sumando siete asesinatos adicionales solo en los primeros cinco meses de 2026.
   • Revelaron que menos de la mitad de los jueces amenazados (58 de 127) cuentan con esquemas de seguridad, y denunciaron el retiro arbitrario de custodias que obligó al exilio forzado de un juez anticorrupción (amenazado por la mafia serbia) y de una exdirectora provincial de la Judicatura en Orellana.
   • Cuestionaron la decisión del Consejo de la Judicatura de cerrar las judicaturas especializadas en corrupción y crimen organizado para redistribuir la carga entre jueces ordinarios sin medidas de seguridad ni infraestructura adecuadas.

4. Presiones y hostigamiento contra la Corte Constitucional

   • Recordaron la marcha liderada por el Ejecutivo con despliegue militar en la sede de la Corte Constitucional, exhibición de los rostros de los nueve jueces en vallas publicitarias acusándolos de "robar la paz" y amenazas de bomba en deliberaciones
   • Enumeraron las propuestas de enmienda constitucional planteadas por el Primer Mandatario para someter a los magistrados a juicio político o exigir mayorías cualificadas.
   • Denunciaron la retención de los desembolsos de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo destinados al funcionamiento de la Corte.
   • Auditorías inusuales que derivaron en investigaciones penales contra los jueces ponentes de sentencias de inconstitucionalidad de leyes presidenciales.

Sobre la institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico en Ecuador las denuncias de la sociedad civil fueron:

1. Normalización de la excepcionalidad y militarización

   • Se denunció que desde 2024 el país ha permanecido más de 950 días bajo estados de excepción, abarcando cerca del 94% del tiempo y convirtiendo una figura extraordinaria en una forma ordinaria de gobierno.
   • La declaración de conflicto armado interno ha sustentado una política de militarización permanente de la seguridad pública que, según organizaciones civiles, no ha frenado la violencia criminal y ha provocado graves violaciones a los derechos humanos bajo un marco de secretismo estatal.

2. Control, asfixia financiera y criminalización del espacio cívico

   • Las organizaciones informaron que mediante la Ley de Transparencia Social y su reglamento, el Estado impone clasificaciones de riesgo y causales de disolución administrativa, registrándose una reducción de 65.527 a 41.697 organizaciones inscritas en un solo año.
   • Reportaron cierres y congelamientos arbitrarios de las cuentas bancarias de organizaciones indígenas, comunitarias y defensores de derechos humanos, impulsados por la UAFE, así como la prohibición de destinar donaciones a acciones de resistencia ambiental frente a proyectos mineros.
   • Contaron la documentación de más de 500 procesos penales por tipos penales como terrorismo, delincuencia organizada y sabotaje contra 336 personas defensoras de territorios, junto con un incremento en agresiones, bloqueos informativos y exilios forzados de periodistas.

3. Tensiones en el sistema político y contrapesos democráticos

   • Las organizaciones civiles alertaron sobre la suspensión de partidos de oposición, la judicialización de alcaldes de las principales ciudades y la detención de dirigentes políticas a pocas semanas de comicios.
   • Advirtieron que los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ejercen sus funciones con mandatos vencidos desde noviembre de 2024.

La respuesta estatal

Sobre la independencia judicial, los representantes del Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Ministerio del Interior y la Policía, y la Asamblea Nacional informaron sobre:

• El Plan de Seguridad Integral de la Función Judicial (2026) y la implementación de la aplicación móvil "Botón de Alerta Judicial", los instructivos de teletrabajo emergente por riesgo y el apoyo psicológico.
• Defendieron que para la destitución de jueces se aplica estrictamente el criterio de la Corte Constitucional, que exige una declaratoria jurisdiccional previa de error inexcusable.
• Defendieron que la reorganización de judicaturas no redujo la capacidad contra el crimen organizado, sino que amplió la competencia para juzgar delitos complejos de 19 a 50 jueces penales capacitados.
• Detallaron la articulación logístico-operativa para mantener 102 cápsulas de seguridad asignadas a jueces en situación de riesgo.
• Informaron que la Dirección Nacional de Seguridad y Protección cuenta con 1.500 efectivos, para resguardar a 272 operadores de justicia y 295 efectivos destinados a la escolta fija de dependencias judiciales.
• Y que las sanciones disciplinarias contra abogados todavía se encuentran en trámite en la Asamblea Nacional, con las reformas al Código de la Función Judicial, por lo que no están vigentes todavía.

Las autoridades de las distintas funciones del Estado, incluido el CNE, también respondieron sobre la situación de la institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico, desde su perspectiva:

• Afirmaron que el sistema de contrapesos estatal funciona, porque la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales o suspendido leyes promovidas por el Ejecutivo, sin mencionar las presiones desde el Ejecutivo contra el organismo. 
• Recordaron que existe la posibilidad legal de iniciar juicios políticos contra los ministros y la capacidad de fiscalización de la Asamblea, dominada por el oficialismo.
• Defendieron que la inmovilización de fondos es una medida cautelar administrativa excepcional (temporal por un máximo de ocho días y circunscrita al monto sospechoso) para evitar la disipación de activos de origen ilícito.
• Resaltaron que el 100% de las inmovilizaciones dispuestas (460 casos) han sido puestas a conocimiento de jueces especializados, quienes ratifican, modifican o revocan la medida.
• Afirmaron que las actuaciones policiales se rigen por principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, diferenciando las manifestaciones pacíficas de los actos de violencia.
• El CNE diferenció sobre sus atribuciones administrativas y las jurisdiccionales del TCE, explicando que la suspensión de partidos responde a mandatos de jueces electorales.