A 38 días de la aprobación de la Resolución 187-2026 que suprimió la Unidad Judicial, el Tribunal y la Sala Especializada en Corrupción y Crimen Organizado de Quito, la reasignación de los expedientes penales atraviesa una transición.

Una revisión hecha por PRIMICIAS reveló que, tras la eliminación de esas dependencias, 357 causas quedaron en trámite, entre las que constan investigaciones por narcotráfico, extorsiones y lavado de activos de grupos delictivos como Los Lobos, Los Choneros y la mafia albanesa.

Mientras las demandas de inconstitucionalidad se tramitan en la Corte Constitucional, las autoridades del Consejo de la Judicatura afirman que no existe ningún expediente paralizado y que todos los procesos cuentan con nuevos juzgadores asignados.

No obstante, la revisión de las actuaciones en el sistema judicial muestra inhibiciones, trámites duplicados y otras decisiones que demoraron los trámites, lo que podría afectar a, al menos, 35 causas con prisión preventiva con plazo vencido o por caducar antes de finalizar el año.

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Los enredos postsupresión

La reasignación que ha sido anunciada por la Judicatura como "completa" no fue rápida y sin inconvenientes.

La aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución 187-2026 generó una ola de enredos procesales entre las dependencias suprimidas y las unidades judiciales ordinarias de las parroquias Iñaquito en Quito.

Dicha disposición estableció que las causas con audiencias instaladas, suspendidas o pendientes de resolución continuarían a cargo de los mismos jueces de origen hasta su conclusión, lo que desató conflictos.

El caso emblemático es el caso Goleada por delincuencia organizada contra el alcalde Aquiles Alvarez y sus hermanos por un presunto desvío de diésel naviero de USD 100 millones, donde una jueza de Iñaquito se inhibió tras recibir el expediente de la Unidad Anticorrupción.

La magistrada de Iñaquito sostuvo que el juzgador de la Unidad Anticorrupción ya había instalado y suspendido la audiencia evaluatoria de juicio, por lo que el proceso fue devuelto hasta que un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha dirimió la competencia el 7 de octubre de 2026.

Un fenómeno similar de inhibición ocurrió en una causa por tráfico de drogas y en otra por un secuestro extorsivo del grupo Los Lobos en Ambato, donde los tribunales ahora eliminados se declararon incompetentes.

Los jueces, antes de ser arpartados de los casos, argumentaron que la regla transitoria no amparaba a esos expedientes porque las audiencias de juicio no alcanzaron a instalarse antes del 7 de septiembre de 2026.

A esto se suma el rebote de causas, como el proceso por terrorismo contra Los Choneros y otro expediente contra Los Lobos, que fueron asignados por sorteo a Iñaquito y semanas después devueltos a los despachos de origen.

La revisión en el sistema judicial evidenció además actuaciones simultáneas de dos juzgados sobre una misma causa, como ocurrió en un expediente por estafa y lavado de USD 22,8 millones contra la firma ADN Escuela de Negocios.

En ese proceso, el Tribunal suprimido dictó sentencia condenatoria el 30 de septiembre de 2026, mientras la Unidad de Iñaquito ordenaba de forma paralela la difusión roja para procesados prófugos.

Situaciones similares de doble avocación se registraron en una causa por comercialización ilegal de combustibles y en un caso por el lavado de USD 2,4 millones atribuido al entorno familiar de alias 'Fito'.

Asimismo, entre el 8 y el 14 de septiembre de 2026, secretarios judiciales sentaron razones en decenas de causas, suspendiendo diligencias por la falta de un instructivo oficial que guiara el traspaso de los cuerpos físicos entre los despachos.

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La versión oficial de la Judicatura

Frente a los cuestionamientos, la directora nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, Denisse Coronel, aseguró a PRIMICIAS que ninguna causa de corrupción y crimen organizado está paralizada.

La funcionaria señaló que las 658 causas que se tramitaron en las unidades judiciales se encuentran atendidas y asignadas a más de 50 jueces penales y especializados de primer nivel y de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Según los datos de la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística, 172 causas activas permanecen en conocimiento de los juzgadores originales bajo la Disposición Transitoria Segunda, tras un proceso de discriminación, expediente por expediente.

Respecto a la falta de registro de nuevas actuaciones en el sistema judicial durante varias semanas en causas en trámite, Coronel sostuvo que la ausencia de folios digitales no equivale a un desamparo o una paralización de la causa en los juzgados.

La Directora de Gestión Procesal argumentó que el ritmo de sustanciación depende de la potestad jurisdiccional de cada magistrado y del cronograma de trabajo de las unidades receptoras según la carga procesal que mantiene cada despacho.

Sobre las decisiones de inhibición adoptadas por los juzgadores, la Judicatura atribuyó estos hechos a desacuerdos puntuales de interpretación de la norma transitoria, asegurando que fueron corregidos oportunamente.

En el aspecto logístico, el organismo detalló que los jueces trasladados a judicaturas en Quitumbe, Carcelén, Calderón y Tumbaco continúan sustanciando las causas asignadas mediante el uso de teletrabajo y salas virtuales de la Función Judicial.

El riesgo de la caducidad

A pesar de la versión oficial de la reasignación completada, la revisión de los expedientes pone al descubierto un inventario de 35 causas donde la prisión preventiva caducó durante la fase de transición o se encuentra con el plazo al borde de vencer en 2026.

Entre los casos con plazos cumplidos figura la causa por lavado de activos contra la red de los Comandos de la Frontera, disidencia de las FARC, donde la prisión preventiva para 12 procesados venció el 9 de septiembre de 2026; días antes se dictó sentencia de primera instancia.

De igual forma, en la causa por tráfico de drogas a gran escala contra cinco detenidos, el plazo de caducidad se cumplió el 14 de septiembre de 2026, mientras el proceso permanecía en etapa de juicio, a la espera de la notificación de la sentencia de primera instancia desde finales de agosto.

En el proceso por el lavado de USD 592.630 presuntamente vinculado a Los Choneros en Daule, la medida cautelar de tres procesados caducó el 27 de septiembre de 2026. También está pendiente la sentencia escrita y no ha habido movimientos desde la supresión.

La urgencia se extiende a causas con vencimiento cercano, como el proceso por delincuencia organizada contra 18 acusados del asalto a una joyería en el Centro Comercial Iñaquito, cuya prisión preventiva vence el 30 de octubre de 2026.

En esa causa del Centro Comercial Iñaquito, el nuevo Tribunal dejó constancia en el acta del 30 de septiembre de 2026 de que la reasignación de los expedientes originó problemas de agenda que elevan el riesgo de caducidad para los 18 detenidos. El juicio ya se dio, pero falta la sentencia.

En otra causa por tráfico de armas contra cinco ciudadanos colombianos en Urcuquí, la medida vencía el 14 de octubre de 2026, mientras en la causa 18282-2025-01257 por secuestro extorsivo en Ambato la caducidad opera el 8 de noviembre de 2026.

PRIMICIAS consultó el 8 de octubre de 2026, vía correo electrónico, al Consejo de la Judicatura el estado de varias de estas causas. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.