Jueces constitucionales que ‘tumbaron’ las leyes de Solidaridad e Integridad son indagados por su patrimonio; Corte Constitucional advierte “un entorno de presiones”

Dos jueces constitucionales que han emitido sentencias contrarias al Gobierno enfrentan investigaciones de su patrimonio que incluso ya estarían en manos de la Fiscalía. Un medio de comunicación publicó este 1 de abril de 2026 los resultados de dichos exámenes de la Contraloría, que sin embargo no habrían sido notificados a los investigados.

Se trata de los jueces Alí Lozada y José Luis Terán, que fueron ponentes de las demandas de inconstitucionalidad en contra de las leyes de Solidaridad y de Integridad Pública, quienes redactaron las sentencias que terminaron declarando su inconstitucionalidad. Estas leyes, propuestas por Daniel Noboa y aprobadas por la mayoría oficialista de la Asamblea como económicas urgentes, fueron promocionadas por el Gobierno como la solución a los problemas de inseguridad del país.

Según una publicación de El Universo, la Contraloría examinó los patrimonios de los magistrados Lozada (juez desde 2019, y expresidente del organismo) y Terán (juez desde marzo de 2025) y encontró recursos que no se pudieron justificar. Los informes habrían sido remitidos a la Fiscalía, para su investigación, de acuerdo con ese medio de comunicación.

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Sin embargo, Lozada respondió a través de su cuenta de X que él no ha sido notificado con estos hallazgos. "Verán que me señalan por montos ridículos y por razones ridículas. La nota deja claro que he justificado documentalmente todo, pero a la Contraloría 'le faltan papeles' o 'le faltan sellos'", escribió el magistrado.

La publicación se da en medio de una creciente tensión entre el Gobierno y la Corte Constitucional, que se viene sosteniendo desde hace varios meses. De hecho, el presidente Noboa dirigió una marcha en contra del control de esa institución en agosto de 2025, cuando los magistrados analizaban las leyes de Solidaridad y de Integridad Pública. Ese mismo día aparecieron, en varios sectores de Quito, pancartas con las fotos de los nueve miembros de la Corte con el mensaje: "Estos son los jueces que nos están robando la paz".

Estas investigaciones en contra de los jueces constitucionales se dan también en un momento político tenso, en el que la Corte entrará a revisar la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar la fecha de las elecciones, que pone en apuros a los partidos y movimientos políticos de oposición. Una acción de inconstitucionalidad ya fue admitida a trámite, y está en el despacho del juez Jorge Benavides.

La Corte Constitucional habla de presiones en su contra

A través de un comunicado, la Corte Constitucional advirtió "con preocupación un entorno de presiones institucionales sostenidas desde el año 2025, que podría afectar la autonomía judicial". Aunque evitó pronunciarse sobre este proceso en curso, la Corte señaló que la independencia judicial es una garantía esencial del sistema democrático y exigió que "las actuaciones de control se conduzcan con el más alto rigor técnico y respeto a las competencias constitucionales".

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La institución añadió que toda actuación de control patrimonial debe realizarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia de funciones. Y agregó que las juezas y jueces han atendido todos los requerimientos dentro de los canales institucionales.

"La Corte garantiza que sus juezas y jueces continuarán ejerciendo sus funciones con apego a la Constitución y la ley, en la medida en que se mantengan las garantías necesarias para el ejercicio independiente y seguro de su labor, convencida de que la institucionalidad se fortalece con el compromiso responsable de todos los actores públicos".

La respuesta de la Contraloría

A través de un comunicado, la Contraloría informó que la información sobre los exámenes especiales a los jueces Lozada y Terán "no ha sido entregada" por esa institución al medio de comunicación. Además, aseguró que la información de estos exámenes es reservada, y que cuando traslada la información a la Fiscalía, es esa institución la que debe mantener la reserva.

Sin embargo, la Contraloría no explica si la información publicada por el medio es real o si deriva efectivamente de un examen especial realizado a esos jueces. Tampoco confirma si hay un informe de indicios de responsabilidad penal remitido a la Fiscalía.

La Contraloría sostiene que "su labor no se rige por ningún tipo de presión ni conflictividad política".