Ley Antimafias: Ecuador enfrenta a más de 41.000 miembros de grupos criminales

Las instituciones de seguridad de Ecuador enfrentan un "ejército" criminal cuya escala operativa rivaliza con la fuerza pública. El Ministerio del Interior identificó hasta 2025 a por lo menos 41.000 efectivos vinculados a organizaciones armadas y delincuenciales que operan en territorio nacional.

Sin embargo, estimaciones recientes del Gobierno proyectan que la cifra podría ser actualmente del doble de miembros, alcanzando cerca de 80.000 personas armadas en zonas urbanas y rurales del país.

Este ecosistema delictivo genera una afectación macroeconómica que bordea entre USD 10.000 y USD 12.000 millones anuales, según datos de la Academia de Ciencias Policiales de la Policía Nacional. Se trata de pérdidas económicas atribuidas a las dinámicas de la violencia en Ecuador, similares a las expuestas por el Banco Mundial y por el Instituto para la Economía y la Paz. 

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El impacto económico -equivalente a un 10% del Producto Interno Bruto PIB de Ecuador- más que duplica las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que calcula un impacto del 4 % del PIB anual por delincuencia organizada en los países de la región, según el análisis de la Academia.

Los datos hacen parte de los insumos que la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional recibió y procesó en la elaboración del informe para el primer debate del proyecto de Ley Antimafias, que espera por un segundo y definitivo debate en el pleno.

La comisión analiza la incorporación de observaciones institucionales, de expertos y gremios en materias como narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos, contrabando y robo de combustible.

Una milicia criminal que rivaliza con las fuerzas del orden

Los más de 40.000 integrantes de redes criminales operando en Ecuador rivalizan con el número de efectivos de las Fuerzas Armadas (36.000 militares) y de la Policía Nacional (57.000 efectivos).

Los informes de inteligencia detallan que los miembros de las organizaciones criminales se distribuyen en bandas declaradas como organizaciones terroristas, grupos armados y de delincuencia organizada, entre las que destacan Los Lobos, Tiguerones, Los Choneros, Águilas, Chone Killers, Mafia 18-Tiburones, Lagartos, Latin King, Gánster y Comandos de Frontera (CDF).

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Estas agrupaciones funcionan como brazos operativos e intermediarios logísticos en articulación con mafias transnacionales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México, la 'Ndrangheta italiana y redes balcánicas (conocidas como mafia albanesa).

Las Fuerzas Armadas estiman que solo Los Lobos y su principal brazo armado cuentan con 11.000 miembros, mientras Los Choneros y sus grupos afines suman 12.000 miembros, como se observa en el siguiente gráfico:

El consenso apunta a atacar el corazón financiero de las mafias

La elaboración del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado (Ley Antimafias) ha concentrado las observaciones de autoridades, sectores productivos y de expertos. El consenso apunta a atacar el patrimonio, la logística y la liquidez de las organizaciones criminales en cinco sectores clave:

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1. El narcotráfico transnacional y sus rentas millonarias

   • Esta actividad sigue siendo el motor neurálgico del financiamiento criminal, un problema que atraviesa a todo el resto de las actividades delictivas -en la primera mitad de 2026 la interdicción policial generó afectaciones por USD 1.800 millones al narco-. El coronel Roberto Santamaría, director de la Academia de Ciencias Policiales, enfatizó que el crimen organizado debe combatirse atacando directamente a “la economía criminal”.
   • En materia penal y procesal, el coronel argumentó que el plazo actual de flagrancia de 24 horas es insuficiente para recopilar pruebas en casos complejos, lo cual suele derivar en la liberación de los aprehendidos. Amparado en estándares de Naciones Unidas, propuso ampliar el plazo de la flagrancia a 36 o hasta 48 horas, bajo autorización judicial. También planteó retipificar el concepto de terrorismo, que de forma “obsoleta” se asocia a meros fines políticos o ideológicos
   • El proyecto de ley incorpora la tipificación de pertenencia a organizaciones criminales (Art. 369-A del Código Orgánico Integral Penal COIP) y eleva la pena por delincuencia organizada de 22 a 26 años de prisión, fijando sanciones  de 26 a 30 años de cárcel cuando se vincule al tráfico de drogas y otros delitos graves.

2. Minería ilegal genera cerca de USD 1.300 millones anuales

   • Consolidada como la segunda renta ilícita más lucrativa del país, la minería ilegal genera cerca de USD 1.300 millones anuales, según Defensa. Este sector opera además como una vía para el blanqueo de capitales del narcotráfico a través del comercio de oro sin trazabilidad.
   • La Cámara de Minería del Ecuador solicitó en la comisión legislativa endurecer los requisitos para sustituir la prisión preventiva en delitos extractivos (Art. 536 COIP) y definir la pertenencia funcional (Art. 369.4 COIP) para sancionar roles operativos, logísticos y de financiamiento que pueden operar sin un mando directo.

3. El robo de hidrocarburos generó pérdidas por USD 160 millones el último año

   • El robo de combustible a la infraestructura de Petroecuador se ha masificado a escala industrial. Mientras entre 2020 y 2025 se contabilizaron 258 perforaciones clandestinas en poliductos, la cifra se disparó a 1.952 "pinchazos" entre febrero de 2025 y febrero de 2026. En el último año, se reportan pérdidas por USD 166 millones -un perjuicio de USD 463 millones entre 2022 y 2026-.
   • Las reformas propuestas por Petroecuador y la Agencia de Hidrocarburos buscan reestructurar las penas por escalas (hasta 12 a 14 años de prisión en gran escala y fronteras), prohibir la suspensión condicional de la pena (Art. 630 COIP), tipificar sanciones agravadas para servidores públicos o uniformados que colaboren con las redes (Art. 267.1 COIP).

4. Lavado de activos y operaciones sospechosas por USD 1.200 millones

   • En 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó operaciones sospechosas por más de USD 1.200 millones permeando el sistema financiero. No obstante, informes presentados ante la Asamblea revelaron que entre 2020 y 2022 el 98,5% de los procesados por delincuencia organizada lograron conservar su patrimonio.
   • La Ley Antimafias propone reformar la Ley Orgánica de Extinción de Dominio (Art. 74 LOED) para permitir la incautación de activos por la sola pertenencia a la estructura criminal, habilitar la venta anticipada de bienes incautados y fijar la inhabilitación permanente para ejercer la abogacía a profesionales condenados por lavado de activos o crimen organizado.
   • Alba Silva, docente investigadora de la Universidad Internacional, destacó que, mientras el Ecuador pone las víctimas y la violencia, un 40% de las ganancias ilícitas del narcotráfico se blanquean fuera de la región, introduciéndose en el sistema financiero de Europa.

5. El contrabando desvía USD 500 millones anuales a las arcas criminales

   • Reportes de la Asociación de Industriales Licoreros advierten que la informalidad y el contrabando alcanzaron un 86% en el mercado de cigarrillos y superaron el 60% en licores, por lo que se estaría desviando más de USD 500 millones anuales a las arcas de los grupos delictivos.
   • Las mafias diversifican sus rentas a este sector atraídas por la alta liquidez y las bajas penas en el COIP (máximo 3 años de prisión). La Policía Nacional planteó reformar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) para optimizar los controles aduaneros.
   • Fernando Trejo, director de la Asociación de Licoreros, dijo que el contrabando se elevó debido a la carga del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) introducida en 2011, la cual generó brechas de precios del 100 % al 300 % entre productos formales e informales, impulsando a los consumidores a optar por mercancías ilegales. Y propuso reducciones tributarias (de centavos para el cigarro y de tres dólares para el litro de alcohol puro), lo que le permitiría al Estado recaudar USD 150 millones, frenando una de las vías de financiamiento del crimen organizado.