'Campaneros' y colaboradores externos de bandas delictivas podrían ir a prisión, según proyecto Antimafias que trata la Asamblea

Según la Comisión de Seguridad gran parte del financiamiento de los grupos criminales estaría llegando de delitos como el tráfico y desvío de combustibles ya sea para la operatividad de las bandas o para proveerles de efectivo.

La propuesta que discute la Asamblea es que:

• Se sancione con prisión de uno a tres años por paralización o suspensión del abastecimiento de cualquier tipo de combustibles de forma injustificada. La pena puede subir hasta los siete años si afecta a dos o más provincias y se detecta que favoreció al crimen organizado.

• El almacenamiento, envase, transporte, refinación de productos derivados del petróleo, sin autorización, podría tener penas de uno hasta 10 años, dependiendo del volumen del delito que va de la mínima a la gran escala. Si se produce en zonas fronterizas, puerto marítimos y mar territorial aumenta de tres hasta los 13 años.

• Se establece una tabla de penas que van desde los tres a los 10 años de prisión para las personas que perforen, manipulen o destruyan infraestructura petrolera o hidrocarburífera para su sustracción. Actualmente existe una sola pena que va de los cinco a siete años. 

• La medida será más rígida si a causa de la acción se generan derrames, explosiones o incendios que generen contaminación ambiental o pongan en peligro de las personas. La pena iría de 10 a 13 años.

Los legisladores independientes, especialmente los de zonas fronterizas y de la región amazónica pidieron que se revise la proporcionalidad de las penas con respecto al almacenamiento de combustibles.

Cristian Benavides, asambleísta del Carchi, explicó que en las zonas de frontera hay agricultores y personas dedicadas a actividades del campo que almacenan combustible para el uso de motosierras, bombas de agua o motores  de uso agrícola.

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Considera que en el proyecto no se aclara el uso para este tipo de actividades, lo que podría provocar que personas terminen involucradas en delitos que no han cometido. Sobre todo, porque en zonas rurales, donde no hay acceso a gasolineras, la gente almacena combustibles.

Unos de los incrementos de pena más importante que se propone en la Ley Antimafias es para las personas que constituyan, organicen y estructuren grupos de tres o más personas para cometer delitos sancionados con penas de más de cinco años.  

Actualmente, el COIP sanciona con pena privativa de libertad de siete a 10 años. El proyecto de la bancada oficialista en la Asamblea es aumentar la pena para que vaya de los 22 a los 26 años.

Se plantea incorporar la figura de "pertenencia funcional a un grupo de delincuencia organizada" que se refiere a las personas que conociendo el objetivo delictivo de un grupo se integre o mantenga un vínculo en tareas de vigilancia, alerta, comunicación, movilidad, entre otros.

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Esta conducta será sancionada con pena privativa de libertad que van desde los 10 a los 13 años. La misma pena se aplicaría para las personas que pongan a disposición infraestructura, inmuebles o vehículos para grupos delictivos. 

En este punto, el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, dijo que es el momento de eliminar el tope de 40 años para la acumulación de penas. Puso como ejemplo a Colombia que tiene un límite de 60 años, o el de El Salvador donde ya se aplica la cadena perpetua en delitos mayores.

Ante la preocupación de la bancada correísta de que la "pertenencia funcional" se extralimite por un parentesco, la presidenta de la Comisión de Seguridad, la oficialista Inés Alarcón, aclaró que la propuesta es clara en señalar que tener relaciones familiares, afectivas, vecinales, profesionales o comerciales no constituye, por si sola, la pertinencia funcional a una banda.

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La normativa que ya fue enviada a la Comisión de Seguridad para la elaboración del informe de segundo debate contiene además:

• La persona que obligue a otras a abandonar sus lugares de residencia, trabajo y actividades habituales bajo amenaza por actividades del crimen organizado podría recibir una sanción de siete a 10 años.
• Los procesados por ser parte de un grupo de delincuencia organizada que voluntariamente proporcione información precisa, verídica y comprobable, podrá acceder a una reducción de hasta dos tercios de la pena individualizada, siempre que la información produzca resultados.
• Cuando exista riesgo de fuga o incumplimiento de la prohibición de ausentarse del país, el juez podrá ordenar, de forma motivada, la entrega y retención temporal del pasaporte y demás documentos de viaje de la persona procesada, dentro del plazo máximo de 24 horas.

• Se autorizaría que el juez determine la venta anticipada de bienes muebles o inmuebles incautados que sean perecibles, semovientes, susceptibles de deterioro, depreciación o pérdida significativa de valor, o cuando su conservación implique gastos desproporcionados

• En el caso de vehículos con alteraciones en sus identificaciones, podrán ser entregados en convenio de uso para las instituciones del Estado. Para ello la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) asignará un número de identificación especial para su debida inscripción, dice el proyecto.