"Yo sigo cancelando para evitar problemas" | Los desplazados de Flor de Bastión en Guayaquil pagan a sus propios verdugos por vigilar casas abandonadas

A finales de 2024, Fernando abandonó la casa en la que invirtió los ahorros de su vida en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, para escapar de las extorsiones de Los Tiguerones y los constantes tiroteos que asolaron el barrio. Un año y medio después sigue atado financieramente a sus verdugos.

Huir de la amenaza no fue suficiente, cuenta Fernando -nombre protegido-, para quien la situación ha tomado un tinte risible por lo absurda. Las células criminales que controlan el sector crearon un grupo de WhatsApp donde se presentan ante sus propias víctimas como una “empresa de seguridad barrial”.

Bajo esta fachada, obligan a los propietarios que huyeron a financiar la instalación de enrejados y de videovigilancia, exigiendo además un pago fijo mensual por proteger los hogares de los que fueron desplazados, refiere.

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En las calles peatonales de Flor de Bastión, los mismos miembros de bandas criminales que obligaron a decenas de familias a abandonar sus hogares, ahora se presentan como “guardianes” barriales.

Tras vivir por 25 años en Flor de Bastión, el vecino, de 47 años, se vio forzado a huir con su familia cuando miembros de Los Tiguerones llamaron a su puerta a exigirle una “entrada” de USD 1.000 por vivir en su propia casa. 

Días después motorizados balearon las viviendas para amedrentar a las familias, recuerda. Y él tuvo que arrendar una casa en otro sector de la ciudad. 

Los vecinos identifican a los criminales como presuntos miembros de Los Águilas, brazo armado de Los Choneros. Pero se trata de una de las células de Los Tiguerones Fénix que buscaron apoyo chonero en medio de las masacres y de la violenta fragmentación interna de Los Tiguerones en el distrito Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil.

Una fachada de "seguridad barrial" en medio del despojo

Según relatan los afectados, los cobros se coordinan a través de grupos de WhatsApp donde incluyen a los propietarios desplazados, pero también a vecinos que decidieron quedarse y a quienes se ha arriesgado a volver al barrio.

Para cerrar el paso en las calles peatonales, obligaron a los dueños ausentes a pagar USD 50 por vivienda para la instalación de portones metálicos y otros USD 50 para cámaras de seguridad “en cada esquina”. Los mismos vecinos pasaron a financiar los cerramientos y sistemas de vigilancia de las células criminales.

A esto se suma el cobro de USD 10 por la copia de la llave para poder acceder a la cuadra y el pago fijo de USD 5 mensuales por "caleta" (casa) para financiar "a la gente que trabaja en la noche cuidando el barrio".

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“Eso sí, ellos te advierten, usted salga por la calle de nosotros, porque si sale por otra calle, no nos hacemos responsables (de la violencia armada)”.

"Fernando", desplazado de Flor de Bastión. 

“Yo sigo pagando para evitar problemas, aunque no he regresado a vivir. Mi casa sigue vacía. Nadie se ha metido", dice otro afectado, quien arrienda una casa en otro sector de Guayaquil. “Unos vecinos que salieron tuvieron que regresar a vivir al barrio porque ya no pudieron seguir pagando arriendo en otro lugar”.

Los desplazados pagan las cuotas con la esperanza de regresar -si en algún momento la situación de seguridad mejora-, para proteger su patrimonio o para vender algún día sus viviendas, algo que por el momento resulta "impensable".

Flor de Bastión nació a finales de 1990 como una serie de asentamientos informales y una opción de acceso a viviendas para familias humildes.

El norte, la zona golpeada por desplazamiento

El problema del desplazamiento forzado interno no es exclusivo de Flor de Bastión. Tampoco los problemas subsiguientes, pues la crisis empobrece todavía más a las víctimas de sectores marginales, según un diagnostico de la CDH.

Un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) revela que en sectores como Socio Vivienda, también en el noroeste de Guayaquil, cientos de familias viven un doble tormento tras huir de la peor masacre urbana en la historia reciente de Ecuador.

Las viviendas abandonadas allí no solo han sido usurpadas por facciones de Los Tiguerones para convertirlas en 'caletas' logísticas de acopio de drogas o incluso como sitios de secuestro, sino que los dueños originales siguen acumulando y pagando las deudas de los servicios básicos que consumen sus victimarios.

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El CDH documenta además casos de desplazados en barrios como El Fortín -vecino a Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil-, pero también en San Francisco (norte), frente al complejo carcelario de Guayaquil, y en la Isla Trinitaria, ubicada en el suroeste de la ciudad, cerca a dos puertos marítimos

Valeska Chiriboga, activista de derechos humanos y autora del informe del CDH, solicita la emisión de un decreto ejecutivo que reconozca oficialmente el desplazamiento interno forzado por violencia, definiendo responsabilidades institucionales, rutas de atención y mecanismos de coordinación en Ecuador.

También propone establecer un registro único de víctimas -en este momento no existe-, así como programas de reubicación segura, de subsidios de alquiler y de rehabilitación de barrios afectados. Además pide respuestas de la sociedad civil, de la academia y de mecanismos de cooperación internacional.

Más de 300.000 desplazados en Ecuador

• Ecuador cerró 2025 con 316.000 personas viviendo en situación de desplazamiento acumulado, según el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), el Consejo Noruego para Refugiados (NRC).
• El país registró 131.570 nuevos desplazamientos internos en un año de violencia criminal récord para el país, según el organismo
• Las cifras de desplazados colocan a Ecuador como el tercer país con mayor cantidad de desplazados internos en América, detrás de Colombia y Haití.
• El Consejo Noruego incluyó a Ecuador en su lista global de las crisis de desplazamiento más olvidadas del mundo. En 2025, el financiamiento humanitario para Ecuador apenas llegó al 8% de lo requerido.