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Seguridad

El calvario de desplazados de Socio Vivienda, en Guayaquil, incluye deudas de servicios básicos de casas convertidas en 'caletas' criminales 

A un año de la masacre que forzó la huida de más de 300 familias del noroeste de Guayaquil, las víctimas no solo ven sus hogares usurpados por bandas para almacenar armas y drogas, sino que la inacción estatal las condena a asumir deudas de sus propios verdugos, según denuncia el CDH.

Un miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) acompaña a una pareja desplazada por las calles de Socio Vivienda, donde la masacre de 22 personas el 6 de marzo de 2025 provocó el desplazamiento de 316 familias.

Un miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) acompaña a una pareja desplazada por las calles de Socio Vivienda, donde la masacre de 22 personas el 6 de marzo de 2025 provocó el desplazamiento de 316 familias.

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CDH

Autor:

Redacción primicias

Actualizada:

06 jun 2026 - 05:55

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Un año después de que la violencia obligó a más de 300 familias a abandonar sus hogares en Socio Vivienda, al noroeste de Guayaquil, las víctimas de desplazamiento forzado enfrentan una prolongada crisis humanitaria marcada por el despojo, el miedo y la carga económica impuesta por la criminalidad.

Decenas de viviendas quedaron abandonadas, llenas de basura y mobiliario doméstico, algunas de ellas sin puertas ni ventanas. Mientras que otras casas abandonadas se han convertido en centros de logística para bandas criminales, según recoge el informe "Desplazamiento Forzado por Violencia en Contextos Urbanos: el caso Socio Vivienda en Guayaquil".

El reporte del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil detalla la situación de viviendas ocupadas y convertidas en ‘caletas’ criminales, sitios usados para el resguardo de armas p el acopio de drogas. La Policía Nacional ha identificado incluso domicilios utilizados como lugares para retener a secuestrados.

  • Huir del crimen: la violencia empuja a miles de ecuatorianos al desplazamiento forzado

"En una casa abandonada se instalaron unos hombres armados y uno ya ni siquiera puede pasar por ahí...", dice una de las víctimas.

La peor masacre urbana en la historia reciente de Ecuador, perpetrada el 6 marzo de 2025, obligó a 316 familias a abandonar sus hogares. Según el CDH, 300 núcleos familiares abandonaron en un solo día el antiguo proyecto de interés social estatal, luego de que hombres armados fueron de casa en casa por Socio Vivienda II, asesinando a 22 personas, en una guerra entre facciones de Los Tiguerones.

El encierro ha sido una alternativa para las familias que se quedaron en Socio Vivienda. Un niño ve por la ventana de un bloque de edificios del barrio.
El encierro ha sido una alternativa para las familias que se quedaron en Socio Vivienda. Un niño ve por la ventana de un bloque de edificios del barrio del noroeste de Guayaquil.CDH
Dos mujeres se abrazan el 7 de marzo del 2025 tras una masacre en Socio Vivienda, en el noroeste de Guayaquil, un barrio en que se registran al menos 316 personas desplazadas.
Dos mujeres se abrazan el 7 de marzo del 2025 tras una masacre en Socio Vivienda, en el noroeste de Guayaquil, un barrio en que se registran al menos 316 familias desplazadas.API
Una vista de una vivienda abandonada tras la crisis de desplazados de Socio Vivienda, en el noroeste de Guayaquil.
Una vista de una vivienda abandonada tras la crisis de desplazados de Socio Vivienda, en el noroeste de Guayaquil.CDH
En la pared de una casa consta un grafiti que dice "Zona Tigre", en referencia a la banda criminal de 'Los Tiguerones', en Socio Vivienda 2, el viernes 7 de marzo de 2025, lugar de la masacre de 22 personas el día anterior.
En la pared de una casa consta un grafiti que dice "Zona Tigre", en referencia a la banda criminal de 'Los Tiguerones', en Socio Vivienda 2, el viernes 7 de marzo de 2025, lugar de la masacre de 22 personas el día anterior.AFP
Un grupo de moradores de Socio Vivienda se reúne tras masacre en el noroeste de Guayaquil.
Un grupo de moradores de Socio Vivienda se reúne tras masacre en el noroeste de Guayaquil.CDH
Unidad de Policía Comunitaria vandalizada y abandonada en Socio Vivienda, en Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil.
Unidad de Policía Comunitaria vandalizada y abandonada en Socio Vivienda, en Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil.PRIMICIAS

"Una crisis que empobreció aún más a las víctimas"

Las víctimas de desplazamiento forzado en Socio Vivienda enfrentan “diversas capas” de dificultad. El informe señala que viviendas ocupadas por bandas criminales "generan gastos en relación a servicios básicos que los moradores deben asumir al ser legalmente los propietarios o tenientes de la vivienda".

La peligrosidad en Socio Vivienda complejiza aún más la situación. El riesgo de crímenes y secuestros extorsivos impide que el personal de empresas de servicios públicos (eléctrica o de agua potable) pueda ingresar solos a realizar cortes por falta de pago. Las brigadas han ingresado de forma eventual a realizar suspensiones masivas con el apoyo de policías o militares.

Billy Navarrete, editor del informe y director Ejecutivo del CDH, explicó que, a pesar de que esta acumulación de meses de deuda fue un problema "explícito en las mesas de trabajo" con el Gobierno Nacional, quedó en un "segundo plano" frente al temor por la vida de las familias.

  • Organización noruega publica la lista de países con la crisis de desplazados "más olvidados" en el mundo

"No existe como tal planes para solucionar el desplazamiento arbitrario forzoso de los habitantes de Socio Vivienda I y II en  Guayaquil. Se requiere un plan de Contingencia para asegurar el retorno de los desplazados".

Billy Navarrete, director Ejecutivo del CDH.

Navarrete lamentó que lo que llama "capas de problemas que se van acumulando" alrededor de estas familias que se han "empobrecido en todo sentido", quienes enfrentan problemas “ruptura familiar” -con miembros dispersándose en casas de familiares en otros lugares-, además de problemas de salud y dificultades para el traslado escolar de menores de edad, dijo

El complejo habitacional de Socio Vivienda nació en 2012 como un proyecto de vivienda de interés social para reubicar a familias pobres, evacuadas en zonas de riesgo o asentadas ilegalmente a orillas del Estero Salado, barrios que devinieron en algunos de los peores enclaves criminales de la ciudad. El CDH contabilizó al menos 217 desplazados en Socio Vivienda I y 99 víctimas en Socio Vivienda II. Todas las etapas del proyecto cuentan con alrededor de 6.000 unidades de vivienda. 

El problema de desplazamiento masivo de familias no se circunscribe solo a ese barrio. El Comité documenta casos de desplazados en barrios como Flor de Bastión y El Fortín, también en el noroeste de Guayaquil y parte del mismo distrito (Nueva Prosperina), pero también en San Francisco (norte), frente al complejo carcelario de Guayaquil, y en la Isla Trinitaria, ubicada en el suroeste de la ciudad.

*Revise en este mapa la ubicación de los barrios que registran casos de desplazados documentados en Guayaquil:

Falta de reconocimiento del problema

A pesar de una orden judicial que obligó a instalar una Mesa Interinstitucional para proteger a las víctimas, la respuesta gubernamental a lo largo de un año se ha limitado a medidas asistencialistas y de corto plazo, sin generar "nada concreto" como respuesta a los afectados, dice Navarrete.

El fracaso en la gestión es notorio en las cifras de identificación de víctimas. Mientras que las ONG, lideradas por el CDH, lograron identificar a 316 familias desplazadas tras la masacre, el esfuerzo oficial para el registro de víctimas solo alcanzó a contabilizar a 50 de ellas mediante un formulario.

Navarrete insistió en que el problema de fondo es la falta de un reconocimiento explícito por parte de las autoridades de que lo ocurrido es un fenómeno de "desplazamiento forzado interno por violencia". Esta omisión, dice, "invisibiliza la gravedad" y también impide que se pueda discutir un instrumento normativo que obligue a desarrollar protocolos y rutas de protección para este tipo de crisis humanitaria.

  • "Vivir aquí es aprender a callar", dicen habitantes de Socio Vivienda que deben escoger entre huir o vivir confinados

"Nuestra última opción ha sido huir, como último recurso para resguardar la vida".

Moradora desplazada de Socio Vivienda.

Un retorno al barrio todavía muy "tímido"

Los testimonios recogidos por el CDH evidencian la ruptura de la vida cotidiana, la fragmentación familiar y la continuidad del daño. "Yo perdí prácticamente a mi familia, estoy viviendo con una amiga, mi mamá sigue viviendo ahí, mi hermano en el sur, mi hermana en otro lado", narro un desplazado.

El CDH registra un retorno paulatino de desplazados desde finales del año pasado -ante la disminución de los índices de violencia en el barrio-, pero se trata de un retorno "muy tímido" y "a cuentagotas" ante la falta de un plan de contingencia para asegurar una reinserción segura. Algunas familias han optado solo por dejar a un miembro del núcleo familiar a cuidar la casa, en un "contexto de autoencierro".

"Han destruido todo, y se han apropiado de todas las casas abandonadas (...) ahí guardan armas, droga, de todo...".

Moradora desplazada de Socio Vivienda. 
  • El desplazamiento forzado se dispara en Ecuador desde las provincias ubicadas en las rutas de la droga

El caso de Socio Vivienda se enmarca en una crisis nacional. Ecuador cerró 2025 con 316.000 personas viviendo en situación de desplazamiento acumulado, según un reporte reciente del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por su siglas en inglés). 

El país registró 131.570 nuevos desplazamientos internos el año pasado, el nivel más alto de su historia, y se ubicó como el tercer país con más desplazados internos en América, solo superado por Haití y Colombia. Además, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) acaba de incluir a Ecuador en su lista de las crisis de desplazamiento más olvidadas del mundo.

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