Huir del crimen: la violencia empuja a miles de ecuatorianos al desplazamiento forzado
La violencia criminal ha obligado a miles a abandonar su hogar, alimentando una crisis de desplazamiento forzado que vive su peor momento en Ecuador. Solo en 2025, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) documentó 131.570 nuevos casos.
Imagen del operativo policial realizado para detener a alias Rosa, presunta integrante del Frente Oliver Sinisterra, investigada por extorsionar en una parroquia rural del cantón Eloy Alfaro.
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A inicios de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno no internacional en Ecuador para frenar a los grupos delictivos. Sin embargo, las acciones contra cabecillas no han impedido la expansión territorial de estas estructuras.
La actividad de las bandas que ahora son consideradas grupos armados organizados ha provocado un incremento de las muertes violentas y las extorsiones, especialmente en las provincias costeras ubicadas en la denominada 'ruta de la droga'.
Los habitantes de esas zonas han quedado atrapados en disputas armadas que han transformado su vida cotidiana y los han obligado a buscar refugio urgente en otros lugares, en el propio país.
Al cierre de 2025, según el Informe mundial de 2026 sobre el desplazamiento interno, 316.000 personas se encontraban viviendo en situación de desplazamiento acumulado a causa de la violencia en Ecuador.
Éxodo interno por el crimen
El reporte del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) señala que, solo en 2025, Ecuador contabilizó 131.570 nuevos desplazamientos internos motivados por el conflicto y la violencia.
Este volumen representa el nivel más alto documentado en la historia del país, en cuanto a desplazamientos (movimiento de una población de un lugar a otro, dentro del mismo país). Lo que corrobora que se trató del año más violento experimentado en Ecuador.
El documento del IDMC no hace una referencia provincial o cantonal a estos desplazamientos. Sin embargo, a nivel mundial, el país se ubica en el puesto 23 con más casos de este tipo. Y el tercero en la región, solo tras Colombia y Haití.
Otro informe de la Defensoría del Pueblo determinó que el 44% de las personas desplazadas se reubicó dentro de su misma ciudad de origen, el 36% se trasladó hacia otra urbe y un 20% optó por abandonar el país.
A nivel interprovincial, las jurisdicciones de Guayas, Pichincha y Manabí concentran la mayor cantidad de movimientos poblacionales.
Adicionalmente, provincias como Azuay, El Oro, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas registran dinámicas simultáneas, operando tanto como lugares de origen como de destino de los desplazados.
El reporte también señala una clara preferencia ciudadana por trasladarse hacia Pichincha debido a su mayor capacidad de acogida y mejores condiciones, en contraste con las provincias costeras que sufren de profundas brechas sociales y estructurales.
El clima agrava el escenario
Los factores ambientales y los desastres constituyeron la segunda causa de movilidad forzada a nivel nacional, según el reporte del IDMC.
El reporte global documentó un total de 9.600 desplazamientos internos provocados por eventos climáticos adversos a lo largo de 2025.
Según los informes de situación emitidos por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ese año en el país ocurrieron miles de emergencias, siendo los deslizamientos de tierra y las inundaciones los incidentes de mayor recurrencia.
Las declaratorias de emergencia regional por la época lluviosa abarcaron a los territorios más expuestos ante las precipitaciones prolongadas. Las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro registraron el mayor impacto sobre la población civil y reportaron el desbordamiento de cientos de cuerpos hídricos.
Sin embargo, el IDMC ubicó a Esmeraldas, Cotopaxi y Loja como las provincias que lideran los desplazamientos internos por desastres naturales.
La Defensoría del Pueblo, además, entrega datos sobre la etapa de acogida. El 49% de los desplazados accedió a vivienda, el 39% a redes de apoyo y el 6% a albergues. A su vez, el 51% no encontró empleo en los primeros tres meses de reubicación.
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