Daniel Noboa ratifica conflicto armado interno en Ecuador bajo nueva Ley de Solidaridad

El presidente Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 55, invocó la flamante Ley de Solidaridad Nacional y reconoció este 16 de julio de 2025 "la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados" en Ecuador.

Según Noboa, esta decisión obedece "al haberse evidenciado la concurrencia de los criterios determinados en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional".

¿Qué dice esta norma?

Para efectos de esta Ley, el conflicto armado interno será reconocido cuando se evidencie la concurrencia de los siguientes criterios, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario:

1. Organización de los grupos armados

2. Intensidad de la violencia.

La parte técnica de estos criterios será determinada en el Reglamento General a la recién aprobada ley de Solidaridad Nacional. 

Alcances del nuevo Decreto

El Decreto 55 se compone de tres artículos, cuatro disposiciones generales y una derogatoria.

Noboa dispone al Centro Nacional de Inteligencia "realizar la actualización individualizada de los grupos armados organizados involucrados en el conflicto armado interno de manera periódica".

También este organismo, anteriormente conocido como el CIES, "deberá emitir las políticas y procedimientos para desclasificar o reclasificar únicamente la información que identifica a los grupos armados organizados y sus integrantes y/o colaboradores, considerando el acceso que a ella deben tener las autoridades competentes".

En su momento, Noboa catalogó a organizaciones criminales como Los Choneros, dirigida por alias 'Fito' -quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos-, como terroristas. 

El artículo 9 de la Ley de Solidaridad determina que: "se entenderá por grupo armado organizado a toda agrupación estructurada de tres o más personas con una estructura de poder organizada que ejerce violencia prolongada en contra del Estado, la población y bienes civiles".

Y también faculta "proporcionar al Presidente de la República la inteligencia y contrainteligencia necesaria, para la toma de decisiones (…) e identificar los blancos de alto valor que afectan la seguridad integral del Estado".

La Ley de Solidaridad incorpora, entre otras, la figura del indulto presidencial diferido para militares y policías, en el marco del conflicto armado interno, se establece prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con el crimen organizado.

Un día antes de este decreto, el mandatario expidió el reglamento para la aplicación de esta norma aprobada hace menos de un mes por la Asamblea.

Noboa decretó el conflicto armado interno desde enero de 2024, poco después de asumir el poder. Sin embargo, en varias ocasiones la Corte Constitucional ha rechazado esta medida, en sus dictámenes sobre decretos de estado de excepción.

En la Corte se tramitan casi una veintena de demandas de inconstitucional a la Ley de Solidaridad y otras normas catalogadas económico-urgentes por el Gobierno.