ADN presenta proyecto de ley antimafias en la Asamblea y Reimberg pide atención a votaciones 

Como "un paso decisivo" para enfrentar al crimen organizado en Ecuador, así catalogó el ministro del Interior, Jhon Reimberg, al proyecto de Ley Antimafias que fue presentado por la bancada oficialista ADN en la Asamblea Nacional este lunes, 1 de junio de 2026.

"La Asamblea da un paso decisivo para cerrar los vacíos que permitían la expansión del crimen organizado y para garantizar que quiénes sostienen estas estructuras enfrenten las consecuencias de sus actos", enfatizó.

Según Reimbeg, este proyecto "representa una de las reformas más importantes en materia de seguridad de los últimos años" en Ecuador, en medio del conflcito armado interno decretado por el Gobierno de Daniel Noboa desde que empezó su gestión.

El oficialismo sostiene que el objetivo de este proyecto es "fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar de manera firme y efectiva a las organizaciones criminales".

"Veamos quiénes apoyan esta ley, veamos quiénes dan su voto a algo que el país pide que es justicia, libertad, seguridad, y nos vamos a llevar una sorpresa de quiénes son los que son siempre han estado trabajando por la seguridad y quiénes están en contra".

Jhon Reimberg, ministro del Interior

Mishel Mancheno, proponente de este proyecto y vicepresidenta de la Asamblea, mencionó que el texto abarca reformas al Código Penal, a la Ley de Extinción de Dominio y al Código de la Función Judicial.

"La realidad que vive el país muestra que el crimen organizado ya no actúa solamente como un hecho aislado o con un autor visible, en muchos territorios opera como una estructura que amenaza, que extorsiona, que recluta, que ocupa espacios, que utiliza inmuebles y vehículos, mueve dinero y se sostiene mediante redes de apoyo", indicó Mancheno.

¿Qué dice el proyecto de ley antimafias?

La propuesta se compone de tres artículos y dos disposiciones. El primero abarca 11 reformas al COIP, con nuevas sanciones para el reclutamiento de personas con fines delictivos, y también contra el uso o puesta a disposición de infraestructura para organizaciones delictivas.

Además, se contempla sancionar con cárcel de siete a 10 años, el delito de paralización del servicio de combustibles.

"La persona que paralice o suspenda de manera injustificada el servicio público de expendio o distribución de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años", señala.

En el artículo 2, se incluye una reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Domicio para que Inmobiliar pueda asignar temporalmente el uso de bienes sujetos a medidas cautelares a entidades del sector público.

En el artículo 3 se plantea una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial respecto a la prisión preventiva, en los casos en que la Constitución o la ley exijan motivación reforzada.

A continuación puede revisar el texto de esta propuesta: