Caso Jaque: Comunidad indígena interviene para la libertad de un procesado en red de corrupción de la Agencia Nacional de Tránsito

Una comunidad indígena de Cayambe intervino en la audiencia judicial y logró la libertad de un procesado en el caso Jaque, que investiga una red de corrupción integrada por 16 personas, la mayoría funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

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11 personas fueron implicadas durante allanamientos realizados por el Bloque de Seguridad el 30 de enero de 2026, en tanto que otros cinco sospechosos fueron procesados en una audiencia de vinculación el 6 de mayo de 2026.

En esa audiencia, el juez Sebastián Cornejo dispuso la prisión preventiva contra las cinco personas, quienes, sin embargo, apelaron la decisión y pidieron una audiencia de revisión de medidas en la que proponían cambiar la prisión por medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país o la presentación periódica en la Fiscalía.

Durante la diligencia judicial de revisión de medidas, el 31 de julio de 2026, uno de los procesados propuso presentar como testigo al presidente de la Comunidad Indígena La Libertad, ubicada en el cantón Cayambe, a 70 kilómetros al norte de Quito.

La Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Justicia de Pichincha, presidida por el juez Lauro Sánchez, aceptó la comparencia del dirigente comunitario. El procesado, según señaló su abogado, pertenece a dicha comunidad y apeló a la “necesidad de diálogo intercultural”.

El procesado es Segundo Fermín L. Q., de 37 años, exfuncionario del Municipio de Cayambe, y se había desempeñado como promotor social en Cangagua, parroquia rural de ese cantón. Desde el 1 de enero de 2024 trabajaba con un salario de USD 482 en una de las escuelas de conducción mencionadas en los chats de la red de corrupción de la ANT. 

Chats vinculados al procesado

El caso Jaque descubrió que para la venta ilegal de licencias de conducir funcionarios de la ANT, con vínculos en escuelas de conducción, cobraban USD 120 a los usuarios que no querían someterse a los exámenes psicométricos y entregaban licencias profesionales o tipo E, para vehículos extrapesados, por USD 250.   

“El daño no es únicamente a la tramitación sino también se da a la administración pública, al corromper al funcionario. Se está emitiendo licencias de conducir tipo profesional que no cuentan con la capacitación, es decir, poniendo en riesgo social”.

Fiscal Richard Alvarado, audiencia de vinculación del 6 de mayo de 2026

En esa misma audiencia, la Fiscalía vinculó a Segundo Fermín por los diálogos hallados en su teléfono celular con una usuaria identificada como Rosa, que le solicitaba su influencia para aprobar los exámenes y obtener una licencia profesional.

Para lograr la libertad de Segundo Fermín, su abogado argumentó que este fue vinculado como colaborador y que “la Fiscalía no acreditó que hubiera prestado conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos a la organización”.

Además, Segundo Fermín presentó la escritura de una propiedad, el certificado de trabajo en la escuela de conducción, el acta de matrimonio, documentos que lo señalan como representante de sus cinco hijos en distintas escuelas y, también, el compromiso del dirigente de la Comunidad Indígena La Libertad, Juan Rafael Lincango.

Delante del juez, en su testimonio, el dirigente Lincango expuso que Segundo Fermín “consta en el padrón comunitario desde su nacimiento y que pertenece a la comunidad desde veinte años”. La Comunidad Indígena La Libertad, en Cayambe, agregó, “tiene unos 1.500 habitantes y 115 usuarios y está registrada ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería”.

“Garantizo que no se fugará ni saldrá del país, en razón de sus responsabilidades como padre y como comunero. La privación de libertad de un comunero afecta a la comunidad”.

Juan Rafael Lincango, presidente de la Comunidad Indígena La Libertad

Lincango comparó la prisión de un comunero, “desde la cosmovisión andina, con un árbol al que se le arranca una rama” y ofreció dar seguimiento a la comparecencia de Segundo Fermín, además de hacerlo participar de “mingas, asambleas y trabajos comunitarios”.

“Una eventual fuga afectaría directamente a la comunidad, los trabajos comunitarios resultan más útiles que la privación de libertad, las autoridades comunitarias nunca fueron notificadas del proceso”.

Juan Rafael Lincango, presidente de la Comunidad Indígena La Libertad

El abogado de Segundo Fermín invocó la “doble excepcionalidad de la prisión preventiva para miembros de pueblos y nacionalidades indígenas”, con base en el Protocolo para la Aplicación del Diálogo Intercultural en la Función Judicial, vigente desde el 28 de marzo del 2023, que permite el cambio de medidas cautelares cuando participen autoridades indígenas.

Durante la audiencia, Segundo Fermín también pidió la palabra al juez y se identificó como indígena y miembro de la comunidad La Libertad. En su intervención aseguró que se dedica “a la agricultura, para el sustento de sus cinco hijos y su familia”, que “participa en una organización de segundo grado y en las juntas de agua comunitarias”.

El fiscal Washington Burbano preguntó durante la audiencia cómo la comunidad podría garantizar que Segundo Fermín no se fugue del país, a lo que el dirigente Lincango respondió: “La comunidad ejerce control permanente a través de las responsabilidades comunitarias y familiares”.

Peritaje antropológico

Para pedir la intervención del dirigente comunitario, Segundo Fermín presentó el 11 de febrero de 2026, cuando aún no había sido vinculado, un escrito señalando su pertenencia a la comunidad indígena. La Fiscalía pidió un peritaje antropológico, sobre la condición indígena del procesado, pero no estuvo listo el informe hasta la audiencia de revisión de medidas.

Cerca de terminar la diligencia, el juez ratificó que el proceso que se sigue contra Segundo Fermín es competencia de la justicia ordinaria y no indígena y que el diálogo intercultural sostenido en la audiencia “tenía la finalidad de verificar la comprensión del proceso penal por parte del procesado y que la sala conozca su identidad cultural”.

Finalmente, el juez aceptó la apelación de la prisión de Segundo Fermín al considerar que “no se ha cumplido la proporcionalidad e idoneidad de la medida dispuesta (la prisión)”. Así, el procesado quedó en libertad, pero no puede salir del país y debe presentarse ante la Fiscalía.