Asamblea debate 'Ley Antimafias' que propone penas más severas y sanciones a abogados que trabajen con narcotraficantes

El Pleno de la Asamblea Nacional trata desde la mañana del 27 de agosto de 2026 el informe para primer debate de la Ley Orgánica de Recuperación Productiva y Territorial Frente al Crimen Organizado, más conocida como Ley Antimafias.

Esta es una normativa que se ha convertido en primordial para el gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en materia de seguridad. También lo es para la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, quien es la proponente.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, justificó la ley asegurando que durante la administración de Rafael Correa se creó el "ecosistema perfecto" para la penetración del narcotráfico y el debilitamiento de la justicia.

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Según ADN, en la década anterior se habría facilitado la aparición de estructuras criminales en Ecuador, y líderes de las bandas como alias 'Gerald' o 'Fito' habrían operado con la ayuda de funcionarios, policías, militares y hasta políticos.

"La Ley Antimafias busca que el Estado deje de llegar tarde y tenga las herramientas necesarias para actuar", aseguró Alarcón, de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN).

Su coidearia Mishel Mancheno dijo que la normativa apunta a golpear las economías de las bandas delictivas con la incautación de sus bienes. Parte de la ley está inspirada en la experiencia de Italia en la lucha contra las mafias.

"Cada bien incautado puede convertirse en una carga económica para el Estado. Por eso planteamos que la vivienda, el vehículo de este narcotraficante pueda ser utilizado mientras se resuelve judicialmente su destino".

Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea

El correísmo no apoyaría el proyecto 

La referencias a la administración de Rafael Correa como la causa de la crisis de seguridad en Ecuador provocó algunos reclamos desde la bancada de Revolución Ciudadana (RC), pero que se diluyeron rápidamente. 

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De entrada, el correísmo ha señalado su oposición al proyecto tal como ha sido elaborado hasta el momento. El legislador Gerardo Machado explicó que ingresarán una serie de observaciones a la propuesta para que se incluyan en el segundo debate.

Machado advirtió que, tal como está planteada hasta ahora, la Ley Antimafias puede caer en lo que se denomina "populismo penal" al proponer desproporcionados incrementos de penas, o irrespeto al debido proceso por acelerar las investigaciones.

Aunque el correísmo sí coincide en la necesidad de imponer sanciones a los abogados que estarían realizando un "trabajo sucio" y defienden a personas acusadas de narcotráfico y otros delitos mayores, o que incluso terminen convertidos en colaboradores de las bandas.

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PSC propone penas de cárcel más severas

Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), recordó que históricamente esa organización política ha apoyado cualquier propuesta que implique el endurecimiento de penas y la "mano dura contra la delincuencia".

Señaló que esto debe ir de la mano de la aplicación de medidas sociales y educativas desde el Estado a favor de los sectores más vulnerables.

Serrano dijo que es el momento de eliminar el tope de 40 años para la acumulación de penas. Puso como ejemplo a Colombia que tiene un límite de 60 años, o el de El Salvador donde ya se aplica la cadena perpetua en delito mayores.

"No propongo cadena perpetua, porque me dirán que eso no está permitido por los tratados internacionales. Propongo que si un delincuente mata 10 veces debe tener una sentencia por las 10 veces que mató y no por una y media muertes, como es ahora".

Alfredo Serrano, asambleísta del Partido Social Cristiano.