"Ya está cargando gasof, amor": Los chats que delataron a policías y militares como cómplices de robo de combustible

La madrugada del 8 de abril de 2026 terminó la operación de delincuencia organizada que sistemáticamente perforó la infraestructura hidrocarburífera de Petroecuador. Los 'pinchazos' se hicieron, sobre todo, en el poliducto Libertad-Pascuales, que transporta combustibles desde Santa Elena hasta Guayaquil.

Dieciseis personas, entre ellas operadores logísticos, financistas y miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, fueron llevadas ante la Unidad Judicial de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado en Quito.

Durante la audiencia de formulación de cargos, dirigida por el juez Renán Andrade Castillo y sustentada por el fiscal Víctor Calderón Navarrete, se evidenció el minucioso esquema con el que esta estructura extrajo ilegalmente miles de galones de hidrocarburo entre octubre de 2024 y abril de 2026. 

PRIMICIAS accedió al acta de esa diligencia y las evidencias principales, originadas en los celulares incautados a los cabecillas. Así se reconstruye la cronología de un negocio ilícito marcado por la audacia de sus líderes y la innegable complicidad de las fuerzas del orden.

Los chats y la 'amenaza del pájaro'

Según los datos entregados por la Fiscalía, la estructura era liderada operativamente por Jonathan García y gestionada financieramente por su pareja, Joseline Tapia Méjico. Los dos son parte de los procesados por delincuencia organizada.

Las operaciones documentadas por las pesquisas policiales arrancaron la madrugada del 25 y 26 de octubre de 2024, en el sector de Baños de San Vicente, comuna de Santa Elena. Las comunicaciones interceptadas revelaron cómo García supervisaba la sustracción directamente desde el punto de perforación o 'pinchazo'. 

En sus reportes a Tapia Méjico, él detalló: "Aquí esperando mi vida, ya entró al grande" y "Ya vamos a entrar en azul, mi gorda". Conforme avanzaba la extracción del líquido oscuro, él continuó actualizándola a las 22:49: "Ya, bebé, voy por el tercer tanque y el grande".

Sin embargo, el trabajo clandestino enfrentó contratiempos. Ante la sorpresiva presencia de fuerzas de seguridad, García Marín alertó a su pareja: "Parece que se metieron por otro lado los aguacates".

El miedo se apoderó de la operación cuando los sistemas de Petroecuador detectaron variaciones de presión. A través de un audio, el líder instruyó a sus subordinados ocultar la evidencia de inmediato: "Salgan todos... hubo baja de presión. Déjenlo tapando bonito para que el pájaro no detecte el hueco"

Pese a los percances, el Ministerio Público asegura que la red operaba con garantías, jactándose de tener luz verde por parte de los militares. Precisamente en esos días, el militar Pablo Galárraga (otro de los procesados) habría brindado seguridad a la banda, recibiendo a cambio transferencias por USD 2.000 dirigidas a la cuenta de una tercera persona.

Tinta para la gasolina y la nómina policial en Zacachún

Para inicios de noviembre de 2024, la banda trasladó sus operaciones a la zona de Zacachún, también en Santa Elena. El reinicio de las operaciones quedó registrado, nuevamente, en los chats de la pareja de cabecillas. García Marín escribió a su pareja: "Ya está cargando gasof, amor... amada esposa". 

En este punto, la Fiscalía detalló una práctica de la organización para hacer más grave el delito: el uso de colorantes. Mediante audios, García Marín explicó la logística en la que debían parquearse para alterar químicamente el hidrocarburo de alta calidad, transformando la gasolina extra en súper.

Para lograrlo, solicitó explícitamente a su esposa que le llevara "tinta", refiriéndose a los químicos utilizados para modificar el color del combustible sustraído, lo que facilitaría su venta ilegal en el mercado negro.

Según la Fiscalía, el esquema requería la complicidad de las autoridades que vigilaban las rutas. Rommel de la Torre, servidor de la Policía Nacional con jurisdicción en la zona de los 'pinchazos', habría garantizado el paso libre. El 3 de noviembre, al ser consultado si estaba de turno para operar, el agente respondió: "Sí jefe, estoy de amanecida, me avisas no más". 

Ante la urgencia de mover el producto adulterado, el policía apresuraba a la red: "Compa, dígale que no se demore, que ya mismo salimos". Como retribución, De la Torre Gómez recibió USD 400 el 5 de noviembre. 

Las investigaciones y prisión preventiva

Al verse acorralados por las investigaciones, en julio de 2025 la estructura criminal modificó sus números telefónicos y desplazó parte de sus operaciones al poliducto de Quinindé y Santo Domingo. 

En esta zona contactaron a nuevos policías que también los ayudaron, como Cristian García. La extracción en Quinindé se concretó entre el 25 y el 27 de julio de 2025.

La operación del grupo se resquebrajó el 10 de agosto de 2025, cuando Jonathan García fue interceptado y aprehendido en Babahoyo, enfrentando cargos iniciales por transporte ilegal de hidrocarburos. 

La incautación y posterior peritaje de sus dispositivos celulares desentrañaron el mapa de complicidades, pagos y sobornos que vinculaba al resto de la organización y a las fuerzas del orden. Tras meses de seguimientos silenciosos, la Fiscalía ejecutó las boletas de captura el 8 de abril de 2026.

Con esas pruebas, el juez Renán Andrade Castillo dictó prisión preventiva para 15 de los 16 procesados. Solo una procesada que está embarazada cumple arresto domiciliario.

Un millonario perjuicio para Petroecuador

Técnicos de Petroecuador explican que los pinchazos clandestinos se hacen mientras los poliductos están en plena operación, con sistemas artesanales, a través de soldaduras, colocación de válvulas y perforaciones. En febrero de 2026, una de estas perforación falló y los delincuentes resultaron quemados.

Pese al riesgo, este tipo de actividades ilícitas no ha parado, por el contrario es un negocio cada vez más rentable para la delincuencia.

De acuerdo con información de Petroecuador a la que accedió PRIMICIAS, los pinchazos a la red de poliductos en Ecuador deja millonarios perjuicios. Entre 2023 y 2025, Petroecuador tuvo pérdidas totales de USD 392 millones. 

Las pérdidas por perforaciones clandestinas, además, han ido en aumento, de unos USD 90 millones en 2023 a USD 166 millones en 2026. 

De ahí que Petroecuador trabaja en la trazabilidad de combustibles a través de sistemas tecnológicos que permitirá a las autoridades detectar de manera más fácil si el combustible que se vende en las estaciones es de origen lícito. Además, facilitará el control de la Policía y Fuerzas Armadas al transporte de combustibles en carretera.