Reubicación de jueces anticorrupción fue "una decisión inconsulta", afirma vocal del Consejo de la Judicatura

La reestructuración de la unidad especializada de jueces anticorrupción y contra el crimen organizado en Ecuador continúa provocando reacciones, incluso dentro del Pleno del Consejo de la Judicatura (CNJ). 

Esta vez, el vocal del esta entidad, Fabián Fabara, cuestionó este 16 de septiembre, en una entrevista con Teleamazonas, el procedimiento utilizado para la reubicación de los jueces en Pichincha.

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Según el funcionario, el Pleno del CNJ aprobó por unanimidad la fusión de competencias de la unidad anticorrupción con las unidades penales de la Corte Provincial de Pichincha, pero no el mecanismo que han usado las unidades técnicas y administrativas para aplicar esta decisión.

"El Pleno no ha tenido conocimiento, no ha aprobado ni ha votado en relación a ellas... la de reubicación, por ejemplo, de quienes, perteneciendo a la unidad especializada, deberían continuar prestando servicios en Iñaquito manteniendo la competencia, más la competencia en materia penal ordinaria".

Fabián Fabara, vocal del CNJ.

Fabara advirtió que pedirán informes técnicos y jurídicos sobre estas decisiones y enfatizó en la necesidad de mantener a los jueces originales al frente de los procesos judiciales más emblemáticos del país. 

Los jueces que integraban la extinta Unidad Anticorrupción y de Crimen Organizado fueron notificados la noche del 14 de septiembre sobre su traslado a otras dependencias judiciales de Quito, ubicadas en Quitumbe, Tumbaco, Calderón y Carcelén.

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La medida también genera inquietud entre los jueces porque, al ser trasladados y dejar de concentrarse en una unidad especializada, podrían perder las condiciones de protección que tenían debido a la naturaleza de los casos que manejaban.

El vocal del CNJ aseguró que las causas de presunta corrupción, específicamente los casos Goleada y Encuentro, deben continuar bajo la dirección de los mismos juzgadores que abrieron las audiencias iniciales.

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Esta medida, explicó Fabara, tiene como objetivo principal tutelar el "principio de inmediación procesal" y precautelar la validez de todo lo actuado hasta la fecha en los tribunales. 

Al evitar el cambio o la reubicación de estos magistrados —incluso ante la supresión de ciertas unidades anticorrupción—, el órgano judicial busca prevenir de manera enfática posibles nulidades procesales o dilaciones que retrasen la etapa de juicio.

Finalmente, el vocal destacó que la prioridad de la institución es brindar todas las garantías institucionales requeridas para respaldar a los operadores de justicia. 

Con esto se espera que los jueces naturales a cargo de estos juzgamientos puedan trabajar con total independencia, rigor técnico y la celeridad que exigen estos casos de conmoción nacional.