Enfrentados, por lo general, en el Pleno y con visiones distintas sobre Ecuador, este 20 de octubre, legisladores correístas y del movimiento oficialista ADN encontraron un punto de coincidencia en la Asamblea Nacional. 

En un hecho 'sui generis', las dos bancadas se 'unieron' y aprobaron una reforma legal que endurece sanciones y crea nuevos tipos penales para casos de trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes.

Así, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito De Migrantes fue aprobado con 144 votos que salieron de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC), y se sumaron el Partido Social Cristiano, Pachakutik y los independientes.

La reforma ganó impulso a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) en el caso Furukawa, en noviembre de 2024, que determinó que la empresa del mismo nombre mantuvo en sus haciendas una práctica análoga a la esclavitud denominada “servidumbre de la gleba”.

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La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Lucía Jaramillo de la bancada de ADN, dijo que el delito de trata no distingue edad, condición social o género, porque las víctimas son captadas a través de ofertas de empleo, estudio y, actualmente, plataformas tecnológicas y redes sociales.

"Una vez captadas, las organizaciones criminales les someten a explotación sexual, laboral, mendicidad, matrimonios forzados. En algunos casos, estas organizaciones tatúan a sus víctimas en señal de pertenencia", advirtió la legisladora.

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Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana (RC), reconoció que detrás de la construcción de la reforma hubo "un trabajo incansable" que involucró a expertos, pero también a los legisladores de las diferentes corrientes políticas.

Aunque, el correísmo considera que se dejaron de lado algunos temas que podrían contribuir a fortalecer aún más la normativa. Cabezas dijo que se ha debilitado el control laboral en sectores vulnerables como las, plantaciones, servicio doméstico y mineras.

Esa y otras observaciones serán planteadas para una reforma futura que solucione los vacíos en los diferentes cuerpos legales que sancionan la trata de persona y el tráfico ilegal de migrantes en Ecuador.