Asamblea debate reforma que propone bloquear IP de redes sociales que incentiven el reclutamiento de menores
Las cifras oficiales señalan que solo en 2026 unos 2.000 menores de edad han sido aislados tras cometer delitos. El proyecto que debate la Asamblea en Quito incluye reformas a 15 cuerpos legales.

El Pleno de la Asamblea Nacional sesiona el 29 de septiembre de 2026 para debatir las reformas sobre reclutamiento de menores de edad.
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PRIMICIAS.
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El Pleno de la Asamblea inició el 29 de septiembre el segundo debate sobre una reforma que endurece penas y plantea varias acciones para proteger a los menores de edad, que han sido víctimas de reclutamiento de bandas criminales para cometer delitos.
La presidenta de la Comisión de Transparencia que construyó la propuesta, Diana Jácome, de Acción Democrática Nacional (ADN), defendió el proyecto y reveló que en lo que va de 2026 más de 2.000 niños niñas y adolescentes han sido aislados por su participación en algún tipo de delito.
Jácome destacó que la pena para los adultos, que recluten y utilicen a menores de edad para delinquir, pasaría a entre 22 y 26 años de prisión en casos más graves. En la actualidad, las penas por este mismo delito oscila entre los 10 a 13 años de cárcel.
Según el oficialismo, la reforma fue elaborada con el apoyo de varios sectores expertos en temas de niñez como Unicef.
"Esperamos contar con la votación de todas las bancadas, este proyecto no es ideológico ni es de una sola bancada, es de los niños y los jóvenes. ¿A quién no le conviene que se apruebe una ley en la que se fortalece y condena a los criminales que reclutan?"
Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transaparencia
Bloqueo de IP cuando se detecte reclutamiento
Diana Jácome informó que la reforma incluye artículos que disponen en bloque de una dirección IP cuando se observe contenido relacionado al reclutamiento de menores de edad en las redes sociales.
"Ya vimos casos de hijas de delincuentes que promocionan dinero, que llaman a la juventud (a delinquir), es ahí donde el Estado debe monitorear, controlar, supervisar y suspender de inmediato bajo la decisión de autoridad competente", agregó la legisladora oficialista.
El proyecto dispone a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que establezcan perímetros y eliminen cualquier símbolo perteneciente a bandas criminales en los alrededores de las unidades educativas.
De igual forma, que los municipios emitan ordenanzas para que en los eventos públicos se prohíba cualquier acto que genere apología del delito.
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