Cisma en el correísmo: 37 asambleístas van al Consejo de Disciplina de Revolución Ciudadana por su votación en la Ley de Adopciones
La coordinadora de la bancada correísta, Patricia Núñez, los acusa de incumplir una decisión adoptada por órganos directivos. Entre los denunciados están figuras del correísmo, como Viviana Veloz y Ricardo Patiño.

Asambleístas de la bancada de Revolución Ciudadana previo al inicio del debate y aprobación de la Ley de Adopciones el 28 de julio de 2026.
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Asamblea Nacional.
Autor:
Redacción Primicias
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Un mes y medio después de aprobarse en la Asamblea Nacional la Ley de Adopciones, las repercusiones para los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) que apoyaron la norma del oficialismo podrían empezar.
La coordinadora de la bancada correísta, Patricia Núñez, denunció ante el Consejo de Disciplina y Ética de la organización política a 37 de sus integrantes, entre los que se encuentran Ricardo Patiño, Viviana Veloz y Xavier Lasso.
Los acusa de no haberse acogido a la disciplina del movimiento y desacatar una decisión adoptada en torno a esta normativa que fue aprobada el 28 de julio pasado con el voto de 118 asambleístas, entre ellos, correístas.

¿Cómo se dieron los hechos?
En la bancada de RC existe un equipo de seguimiento jurídico que se encarga de analizar desde el primer momento cada uno de los proyectos de ley que ingresan a la Asamblea Nacional.
Su trabajo consiste en presentar un informe final a la bancada con los puntos a favor, en contra, los que se pueden mejorar y las líneas rojas de la propuesta. Incluye una recomendación de cómo debería votar el correísmo.
En este caso, como en otros, la sugerencia fue que RC no debería apoyar el documento elaborado por la Comisión de Transparencia, que está liderada por Diana Jácome de Acción Democrática Nacional (ADN).
En una sesión virtual, en la que participaron unos 38 legisladores correístas, se tomó la decisión de votar en abstención, lo que habría sido ratificado por la propia presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, a través de una llamada telefónica, según pudo conocer PRIMICIAS.
Sin embargo, minutos antes de que se produzca la votación el 28 de julio, algunos asambleístas se acercaron a Nuñez para informarle su voluntad de votar a favor del texto de la Ley de Adopciones impulsado por ADN.
En esta línea se habrían ubicado asambleístas como Pamela Aguirre, Paola Cabezas, Blasco Luna, Luis Molina, Jahiren Noriega, Mónica Palacios, Héctor Rodríguez, Franklin Samaniego, quienes ya fueron notificados.
Eso puso en entredicho el liderazgo de Núñez al interior de la bancada y de la propia Gabriela Rivadeneira como dirigente máxima de la Revolución Ciudadana.
Las posibles sanciones
El Régimen Orgánico del Movimiento Revolución Ciudadana contempla la posibilidad de que sus militantes y adherentes puedan cometer faltas leves y faltas graves.
La faltas leves se sancionan a través de una amonestación escrita y suspensión de los derechos del adherente por un tiempo máximo de seis meses.
En tanto que, si la falta es considerada grave, las sanciones internas en RC pueden ser:
- Suspensión por el tiempo de seis meses a dos años según el alcance de la falta.
- Expulsión definitiva del Movimiento sin perjuicio de sanciones civiles, disciplinarias o penales que dieran lugar.
- Perder el derecho a ser candidata o candidato por el movimiento en el próximo proceso electoral de elección de dignidades y ocupar cargos dentro del movimiento.
"Es un tema interno"

La denuncia presentada por Patricia Núñez ante el Consejo de Disciplina y Ética de la Revolución Ciudadana solo confirma los rumores del malestar al interior del correísmo en la Asamblea por el desacato en la votación de la Ley de Adopciones, pero también por la conducción en la bancada.
El 12 de agosto, PRIMICIAS consultó a Núñez sobre la situación. La coordinadora del bloque de RC dijo que efectivamente hay reglamentos y normas internas y cualquier decisión que se tome deberá estar en función de esas reglas.
Sin embargo, calificó como un "tema interno" cualquier acción que se aplique a nivel disciplinario en contra de los legisladores que se alejan de la disciplina partidista.
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