Primos de Aquiles Alvarez cumplían función de "protectores de bienes" en el caso Goleada, según la Fiscalía
En el entramado societario por el delito del lavado de activos, la Fiscalía detalla el monto que habrían protegido los primos del alcalde de Guayaquil. Los dos tienen orden de prisión.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, procesado en el caso Goleada, asiste de modo telemático a una audiencia en la investigación por presunto lavado de activos, el 13 de marzo del 2026.
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Redacción Primicias
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Los primos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, habrían cumplido funciones de "protectores de bienes", asegura la Fiscalía en el caso Goleada, que investiga a 17 personas, entre ellos los hermanos, madre y esposa del funcionario, por el delito de lavado de activos.
Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos maternos del alcalde habrían colaborado para recibir a nombre de los hermanos Alvarez acciones de empresas valoradas en USD 4,5 millones, además de aceptar nombramientos societarios y figurar como apoderados para el traspaso de propiedades, bienes y carros, actualmente con orden de incautación.
Los hermanos Viteri Henriques fueron integrados al caso Goleada durante la audiencia de vinculación realizada el 29 de mayo de 2026, la misma en que el fiscal Dennis Villavicencio sumó al caso a Fiorella Icaza, esposa de Aquiles Alvarez, además de Gioconda Henriques, madre del funcionario, y Erika Vélez, la contadora de las empresas del alcalde.
El juez Jairo García acogió durante esa audiencia el pedido de Villavicencio para que dicte prisión preventiva contra los primos del alcalde, luego de exponer en detalle las razones para vincularlos al caso Goleada. Desde hace más de un mes, los primos tienen boleta de captura y están prófugos, pues la medida de presentación periódica ante la Fiscalía quedó sin efecto.

UAFE siguió ruta de transacciones
Fernando Viteri Henriques, guayaquileño, de 49 años y Técnico Superior en Administración de Empresas, fue acusado por la Fiscalía de “proteger principalmente las compañías que se dedican a la comercialización ilegal de combustibles y que generan beneficios para todos los intervinientes”. “Tuvo la intención de proteger estos bienes”, recalcó el fiscal.
¿Cómo se habría dado esta protección de bienes? La Fiscalía expuso que la intervención de los primos de Alvarez se dio a raíz de que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables presentara, el 12 de julio de 2024, la denuncia contra el alcalde, y que la Policía hiciera allanamientos, el 23 de julio, en las oficinas y gasolineras de la familia del alcalde.
El mismo día del allanamiento, Aquiles Alvarez, en su cuenta de X, anunciaba su colaboración con la investigación fiscal. “Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo, con la confianza de que actuarán con técnica y justicia. De nuestro lado no hay nada que ocultar ni nada que temer”, escribió el alcalde.

No obstante, en el lapso de la denuncia y el allanamiento los hermanos Alvarez realizaron movimientos societarios ante la Superintendencia de Compañías, entre ellos el traspaso de las acciones de las empresas sobre las cuales Fiscalía sustentaba su investigación:
- El 19 de julio de 2024, Fernando Viteri recibió el 50% de las acciones del capital social de la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., lo que equivale a USD 1.500.000. Al mes siguiente, el 22 de agosto, Fernando Viteri regresó las acciones a los Alvarez.
- El 19 de julio de 2024, Fernando Viteri recibió el 50% del capital social de la empresa Comercializadora de Combustibles Corpalubri S.A., lo que equivale a USD 750.000. El 22 de agosto, las acciones fueron devueltas a los hermanos Alvarez. En total, las acciones sumaron USD 2.250.000, según los informes de Fiscalía.
“Es importante recalcar que el informe de la UAFE, en lo concerniente a las operaciones en el sistema financiero, no evidencia transaccionalidad de Fernando Viteri Henriques que sustente la compra o la venta de las acciones de Ternape o Corpalubri”.
Informe de la UAFE
La Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, siguió la ruta de las transacciones e incluyó informes dentro del caso Goleada. También presentó una acusación particular, el 13 de junio, como víctima del presunto delito de lavado de activos en contra de la familia del alcalde.

Apoderados en ventas de bienes
La Fiscalía también revisó los nombramientos de Fernando Viteri y detectó que el 19 de julio de 2024 aceptó el cargo de representante legal de una docena de empresas de los hermanos Alvarez: Alba 3 S.A., Copedesa, Gasgrupco, Operoil, Bienpetrol, Anavisa, Gasquil, Corpalubri, Indudiésel, Ternape, Copemarket y Pharmesa.
Fernando Viteri estaba afiliado desde agosto de 2024 a las empresas Ternape, con un sueldo de USD 2.208, y Corpalubri, con USD 2.208. De la primera compañía fue desafiliado en septiembre de 2025 y de la segunda en agosto de 2025.
“El señor Fernando Viteri Henriques es primo de los hermanos Alvarez Henriques y, en cuanto a la transferencia de las acciones valoradas en USD 2.250.000, tuvo la intención de proteger estos bienes y evadir la acción de la justicia al iniciársele un proceso de investigación previa”.
Fiscalía
El 1 de agosto de 2024, Fernando Viteri aceptó ser apoderado de Xavier Alvarez en la venta de un terreno valorado en USD 397.919 en la urbanización Blue Bay, en Isla Mocolí, Samborondón. La compradora era la Inmobiliaria Fiorema S.A., de Gioconda Henriques, madre del alcalde.
Así mismo, el 11 de septiembre de 2024, Fernando Viteri fue apoderado de Antonio Alvarez, entonces presidente de Barcelona Sporting Club, en la venta de dos carros valorados en USD 104.000 y USD 71.992. Como compradora aparecía Fiorema S.A.
El 31 de julio de 2024, Fernando Viteri fue apoderado de Xavier Alvarez en la venta de tres carros, uno valorado en USD 41.396, otro por USD 9.670 y el tercero por USD 52.604. La compradora era Fiorema S.A.
Todos estos movimientos, sostiene Fiscalía, dan cuenta de que “Fernando Viteri Henriques, efectivamente, conocía todos los mecanismos que se estaban realizando para proteger los activos generados de la comercialización ilegal de combustibles”.

En el caso de Andrés Viteri Henriques, la teoría de la Fiscalía lo ubica también como receptor de acciones, representante legal de empresas y apoderado de sus primos, el alcalde y sus hermanos.
- El 19 de julio de 2024, Andrés Viteri recibió el 50% de acciones de Ternape Petroleum S.A., valoradas en USD 1.500.000, las mismas que fueron devueltas a los hermanos Alvarez el 22 de agosto de 2024. También recibió el 50% de acciones de Corpalubri, por USD 750.000, que también fueron traspasadas a sus primos Alvarez el 22 de agosto. El monto de acciones suma USD 2.250.000, según Fiscalía.
La UAFE no encontró evidencias que demuestren la transacción, pagos o transferencias de las negociaciones de acciones, pues solo quedaron registradas en los archivos societarios de la Superintendencia de Compañías.
Andrés Viteri, guayaquileño de 45 años, quien no posee título registrado en el país, también aceptó cargos dentro de las empresas luego de que comenzara la investigación del caso Triple A. El 19 de julio de 2024 asumió como presidente de Inmobiliaria Hache S.A., como presidente de Fiorema S.A. desde el 6 de agosto del 2024.
“En referencia a la transferencia de las acciones valoradas en USD 2.250.000, esta se realizó únicamente con el objeto de proteger las principales empresas vinculadas a la comercialización ilegal de combustibles y de proteger las ganancias de las mismas, de las cuales también se benefició, y que se trata del delito de lavado de activos”, señaló el fiscal Villavicencio.

La Fiscalía identificó entre los bienes de Andrés Viteri un inmueble en el condominio de la urbanización Cascadas, en la urbanización Ciudad Celeste, en Samborondón, valorado en USD 250.000, propiedad que figura entre los que tienen orden de incautación. Viteri ha pedido que se levante la incautación, porque el predio fue traspasado a su cónyuge, lo que no fue aceptado.
En el proceso del caso Goleada, los hermanos Fernando y Andrés Viteri no han aceptado rendir su versión en este caso cuando les fue requerido por la Fiscalía. Ellos adujeron que al tratarse de una versión libre y voluntaria preferían, por recomendación de sus abogados, acogerse “al derecho del silencio”.
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