“Debo preparar mi testimonio”, dice Aquiles Alvarez en el juicio del caso Triple A, luego de que Fiscalía presentara sus pruebas

El juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el caso Triple A, se reanuda este 18 de julio de 2026, luego de 10 días en los que la Fiscalía presentó sus pruebas acusatorias por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles en las zonas fronterizas. 

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De cara a esa audiencia, le corresponde al alcalde y a los 22 procesados, 16 personas naturales y 6 empresas, exponer ante el juez las pruebas de descargo a las acusaciones fiscales, entre ellas el testimonio de Aquiles Alvarez, para lo que ha solicitado al juez ampliar las visitas de sus abogados en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Aquiles Alvarez pidió la ampliación del plazo de las visitas de su equipo jurídico hasta el 23 de julio. La reinstalación del juicio está prevista para este 18 y 19 de julio y la siguiente reinstalación para los días 24, 25 y 26 de julio de 2026. El alcalde pidió que las visitas se extiendan considerando todas las próximas reinstalaciones del caso Triple A.

Esta petición -señaló Aquiles Alvarez- “se fundamenta en la necesidad de preparar adecuadamente mi defensa, considerando la extensión de los testimonios ya rendidos y de aquellos que aún se encuentran pendientes de practicarse”.

“Adicionalmente, debo preparar mi testimonio y coordinar con mis abogados defensores la estrategia de defensa y la elaboración del alegato de clausura, para lo cual resulta indispensable mantener una comunicación permanente y suficiente con ellos, en garantía de mi derecho constitucional a la defensa”.

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil

Usuarios fantasmas

El propósito de la actual reinstalación de la audiencia de juicio será la presentación de las pruebas favorables para los procesados, luego de que la Fiscalía presentó en su turno los testimonios, documentos y pericias acusatorias que -señaló- comprobarían que el “modus operandi” de la supuesta venta irregular de diésel se manifestó en cinco mecanismos:

• 1.Comercialización no autorizada de masivas cantidades de combustible subsidiado. Es el primer modus, según Fiscalía, principalmente de diésel premium adquirido por estaciones de servicio del segmento automotriz al segmento industrial, hacia clientes no autorizados y también desde centros de distribución hacia comercializadoras.

• La venta se habría dado desde operadores navieros hacia depósitos industriales. 
• Desde operadores automotrices hacia operadores navieras.
• Desde usuarios sin autorización de cuantías domésticas hacia usuarios fantasmas sin registros y hacia usuarios no registrados en catastros.
• Desde depósitos industriales hacia usuarios sin registro catastral.
• Desde estaciones de servicio hacia usuarios de actividades productivas registradas en el catastro industrial.

“Para la presunta exportación y venta internacional irregular, violando flagrantemente la segmentación del mercado y los permisos de operación otorgados por la Arsener, actual ARCH, y en consecuencia actuando sin la debida autorización. Ese es el primer modus operandi, por eso es entendible que muchas personas no entiendan el caso, pero hoy lo vamos a entender”. 

Fiscalía

• 2. Superar los límites de almacenamiento y despachos lícitos en las estaciones fronterizas, como lo demostraría lo ocurrido con la estación Zambrano, que habría recibido millones de galones de diésel teniendo una capacidad de almacenamiento ínfima, lo que evidenciaría un desvío inmediato y no un almacenamiento para el consumo local autorizado. 
• 3. Distribución no autorizada de combustible a entidades con autorizaciones caducadas ante la agencia de regulación y control, como en lo que habría incurrido la estación Araujo en relación a Orestiva S.A.
• 4. Realizar presuntas ventas entre empresas del mismo grupo vinculadas sin la debida autorización de la Agencia de Regulación y Control, y mucho menos permitido por la ley, para ese tipo de transacciones específicas para el tipo de combustible que manejaban.
• 5. Presunta transgresión de las cláusulas contractuales con la empresa pública Petroecuador destinadas a prevenir el desvío de combustible, definiendo claramente qué es lo que está autorizado y qué no está autorizado.

La Fiscalía argumentó que “desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2024, EP Petroecuador despachó diésel industrial por 66.034.174 galones, de los cuales facturó únicamente 56.963.821 galones”. Por lo tanto, expuso, “existe una distribución y transporte no autorizado de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos de 10 millones de galones”. 

“¿Y por qué decimos que hay una distribución y transporte de 10 millones de galones? No solamente frente a los despachos y frente a las ventas, sino también frente a la capacidad de almacenamiento”.

Fiscalía

Como ejemplo citó que la estación de servicio de Raúl Zambrano Orellana habría recibido entre el 16 de febrero de 2023 y el 19 de septiembre de 2024 un total de 7.054.811, sin embargo, solo tendría un tanque de almacenamiento con capacidad de 10.000 galones.

Las supuestas irregularidades, solo en esta estación de servicio, afiliada a Copedesa, empresa del alcalde, se ubican en USD 2,7 millones. Si se suman los perjuicios totales el monto aumenta, concluyó la Fiscalía en su turno de exposición de pruebas.

Fiscalía expuso que "el exceso de volumen de galones vendidos por las comercializadoras distribuidoras registradas en el catastro de la ARCH, que no fueron facturados por EP Petroecuador, asciende a 22.777.191 galones, lo que genera un perjuicio económico (lucro cesante) de USD 61.502.658 determinado en los tres segmentos, en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024”.