Caso Triple A | Fiscalía pide la pena máxima para Aquiles Alvarez por el delito de comercialización ilegal de combustibles

El caso Triple A, en el que está procesado el alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, reinició este 2 de agosto en el Complejo Judicial Norte en Quito, con la audiencia de presentación de pruebas contra las 15 personas y seis empresas. 

Esta audiencia era la etapa final del caso Triple A tras más de cuatro meses desde que inició el juicio y dos años de las primeras diligencias contra las empresas de Alvarez.

En este caso, la Fiscalía General de Ecuador indaga la supuesta distribución y comercialización ilegal de combustible, de allí que uno de los acusadores particulares es la agencia estatal ARCH. 

"Un grupo de empresas que pertenece a un mismo grupo de personas decidió posicionarse en todos los roles de comercialización de hidrocarburos y realizaron ventas de diésel subsidiado", explicó el director de la ARCH, Christian Puente al canal Teleamazonas, previo a la audiencia de este domingo. 

En este caso también se investiga a seis compañías, varias de ellas vinculadas con el actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. 

La audiencia de este domingo se extendió por más de 12 horas y la Fiscalía presentó 21 testigos, cuatro peritos y 110 pruebas documentales.

Vestido de blanco y sin el traje naranja de los privados de libertad, Alvarez se conectó virtualmente a la audiencia desde el complejo judicial en Santa Elena, y estuvo acompañado de sus abogados. 

Durante la diligencia no solo se escucharon los alegatos finales de la Fiscalía, sino también tres testimonios, y los argumentos de cada uno de los abogados de los procesados y empresas vinculadas en el caso. 

Luego de escuchar a cada de uno de los abogados, la fiscal a cargo Ruth Amoroso no hizo uso de su réplica, y poco antes de las 21:15 del domingo, el tribunal finalizó la audiencia. Se indicó que la fase siguiente es la deliberación, y que la decisión del tribunal se dará a conocer en los próximos días.

Pena de seis años para Alvarez 

Tras más de dos horas del inicio de la audiencia, la Fiscalía pidió la pena máxima para Alvarez y los demás procesados en el caso Triple A, por el delito de comercialización ilegal de combustibles. 

La fiscal Ruth Amoroso acusó en calidad de autores a siete de los procesados, entre ellos Aquiles Alvarez. También fueron considerados presuntos autores directos del delito Raúl Zambrano, Juan Dionisio Araujo, Fausto Vaca, Edgar Flores, Rosa Ortiz y Edgar Campoverde. 

Siete de los procesados fueron señalados como coautores del presunto desvío de combustibles, y uno en calidad de cómplice. 

La pena máxima por este delito es de tres a cinco años de cárcel, según el Código Integral Penal de Ecuador.

Pero la Fiscalía solicitó al tribunal considerar los agravantes, y por ello, la pena sería de seis años y nueve meses en prisión. 

Durante la audiencia, la fiscal también pidió el pago de 12 salarios básicos por cada procesado, incluyendo Alvarez.

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Disolución y clausura de empresas

Durante su alocución, la fiscal Amoroso solicitó al tribunal que se disuelva y clausure definitivamente las seis empresas procesadas en el caso Triple A. Una de ellas es Copedesa, de propiedad de la familia Alvarez. 

Además, se exigió el pago de multas y la reparación integral, tanto material como inmaterial. En este proceso, la Fiscalía estimó un perjuicio de USD 61 millones al Estado por el desvío de combustible, como el diésel subsidiado.

Es decir, se solicitó que este dinero debe ser pagado por todos los procesados como reparación al Estado ecuatoriano. 

Alegatos de cierre de la Fiscalía

Durante su intervención, la fiscal Amoroso insistió que las pruebas del caso Triple A demuestran que el Estado ecuatoriano sufrió un perjuicio de más de USD 61 millones, por la venta ilegal de 22 millones de galones de combustible entre 2020 a 2024. 

Además, dijo que una de las personas clave en estas transacciones fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien fue gerente y representante legal de la empresa Copedesa. 

"Se vendió a empresas fronterizas sin autorización y se produjo una desviación a segmentos diferentes".

Ruth Amoroso, fiscal del caso Triple A

En su alegato final, Amoroso expresó que los representantes legales, contadores y propietarios de las empresas involucradas en la presunta trama de corrupción del caso Triple A "conocían la dinámica del negocio y permitían el desvío de combustibles". 

También atribuyó a Copedesa la presunta falta de control de sus empresas afiliadas, y dijo, por ejemplo, que la compañía Fuel Corp. "habría realizado operaciones entre segmentos no autorizados". 

Ausencia de la denunciante Nicole Bermúdez

La defensa de Alvarez ha argumentado que durante el juicio la Fiscalía no ha podido probar que las empresas del alcalde incurrieron en actos de corrupción.

Los abogados de Alvarez también cuestionan la ausencia en el juicio de Nicole Bermúdez, cuya denuncia dio punto de partida para este proceso. 

"Ella solamente alertó que algo sucedía cumpliendo con su deber como funcionaria pública", respondió Puente sobre la extrabajadora de la ARCH. 

En efecto, este domingo Bermúdez tampoco llegó hasta el Complejo Judicial en Quito, pese a que ha sido obligada a cumplir con esta diligencia. Un oficio de la Policía Nacional, presentado minutos antes de la reinstalación de la audiencia, detalló que no fue posible localizarla aunque se desplegó un operativo para su localización.

Alvarez se mantiene en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, ubicada en Santa Elena, debido a otros dos procesos pendientes en su contra: los casos Goleada y Grillete. 

Testimonios en el caso Triple A

Una vez que se reinstaló la audiencia en Quito, una de las tres personas que rindió su testimonio fue Juan Alberto Santana, representante legal de la empresa Oroestiba. Él explicó que su empresa se dedica a actividades relacionadas con la cadena logística de traslado de mercadería, carga y servicio de bodega.

Negó que ha incurrido en delitos relacionados con el tráfico de combustible, y dijo que solo adquiría diésel a la estación Araujo, relacionada con la empresa Copedesa. 

Mientras que Juan Dionisio Araujo, gerente general de la empresa Harsajudi, recordó que su empresa se dedica a la venta de combustible del sector automotriz. Insistió en que la relación con la compañía Copedesa, vinculada a Aquiles Alvarez, ha sido únicamente comercial. 

"Nunca hubo cobros ni operaciones ocultas. Todo es consistente entre el combustible adquirido y pagado", afirmó Araujo.