Caso Triple A | Fiscalía dice que Aquiles Alvarez fue un personaje clave en las transacciones ilegales de combustible

El caso Triple A, en el que está procesado el alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, reinicia este 2 de agosto en el Complejo Judicial Norte en Quito, con la reinstalación de la audiencia de presentación de pruebas contra las 15 personas y seis empresas. 

Esta audiencia es la etapa final del caso Triple A tras más de cuatro meses desde que inició el juicio y dos años de las primeras diligencias contra las empresas de Alvarez.

En este caso, la Fiscalía General de Ecuador indaga la supuesta distribución y comercialización ilegal de combustible, de allí que uno de los acusadores particulares es la agencia estatal ARCH. 

"Un grupo de empresas que pertenece a un mismo grupo de personas decidió posicionarse en todos los roles de comercialización de hidrocarburos y realizaron ventas de diésel subsidiado", explicó el director de la ARCH, Christian Puente al canal Teleamazonas. 

En este caso también se investiga a seis compañías vinculadas al actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. 

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Alegatos de cierre de la Fiscalía

Tras un receso de 10 minutos en el Complejo Judicial, se reinstaló la audiencia para los alegatos finales de la Fiscalía. 

La fiscal, Ruth Amoroso, fue la primera en tomar la palabra y durante su intervención insistió que las pruebas del caso Triple A demuestran que el Estado ecuatoriano sufrió un perjuicio de más de USD 61 millones por la venta ilegal de 22 millones de galones de combustible entre 2020 a 2024. 

Además, dijo que una de las personas clave en estas transacciones fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien fue gerente y representante legal de la empresa Copedesa. 

"Se vendió a empresas fronterizas sin autorización y se produjo una desviación a segmentos diferentes".

Ruth Amoroso, fiscal del caso Triple A

Ausencia de la denunciante Nicole Bermúdez

La defensa de Alvarez ha argumentado que durante el juicio la Fiscalía no ha podido probar que las empresas del alcalde incurrieron en actos de corrupción.

Los abogados de Alvarez también cuestionan la ausencia en el juicio de Nicole Bermúdez, cuya denuncia dio punto de partida para este proceso. 

"Ella solamente alertó que algo sucedía cumpliendo con su deber como funcionaria pública", respondió Puente sobre la extrabajadora de la ARCH. 

En efecto, este domingo Bermúdez tampoco llegó hasta el Complejo Judicial en Quito, pese a que ha sido obligada a cumplir con esta diligencia. Un oficio de la Policía Nacional, presentado minutos antes de la reinstalación de la audiencia, detalló que no fue posible localizarla aunque se desplegó un operativo para su localización.

Alvarez se mantiene en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, ubicada en Santa Elena, debido a otros dos procesos pendientes en su contra: los casos Goleada y Grillete. 

Testimonios en el caso Triple A

Una vez que se reinstaló la audiencia en Quito, una de las tres personas que rindió su testimonio fue Juan Alberto Santana, representante legal de la empresa Oroestiba. Él explicó que su empresa se dedica a actividades relacionadas con la cadena logística de traslado de mercadería, carga y servicio de bodega.

Negó que ha incurrido en delitos relacionados con el tráfico de combustible, y dijo que solo adquiría diésel a la estación Araujo, relacionada con la empresa Copedesa. 

Mientras que Juan Dionisio Araujo, gerente general de la empresa Harsajudi, recordó que su empresa se dedica a la venta de combustible del sector automotriz. Insistió en que la relación con la compañía Copedesa, vinculada a Aquiles Alvarez, ha sido únicamente comercial. 

"Nunca hubo cobros ni operaciones ocultas. Todo es consistente entre el combustible adquirido y pagado", afirmó Araujo.