“Todo (el caso Triple A) nace a partir de empresas de Aquiles Alvarez", asegura Fiscalía

Luego de dos intentos fallidos en 2025 y 2026, la audiencia del juicio por el caso Triple A se instaló la mañana del 8 de marzo de 2026 en el Complejo Judicial, ubicado en el norte de Quito.

Este caso tiene como figura central al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien encabeza una lista de 16 personas naturales llamadas a juicio.  

Junto a ellos, seis empresas vinculadas al sector de los combustibles también enfrentan la indagación de la Fiscalía, que sostiene la existencia de una red estructurada para el desvío de combustibles subsidiado en zonas fronterizas.

A las 10:26, el juez ponente Jorge Sánchez instaló la diligencia y dio paso a los alegatos de apertura. El primer turno fue para la Fiscalía General del Estado.

La fiscal Ruth Amoroso resumió el caso Triple A así: una cadena de empresas que deja "un perjuicio económico al Estado de USD 61,5 millones por el desvío de 22 millones de galones de combustibles".

Según la funcionaria, en este caso hubo “un manejo irregular de comercialización de combustibles en zonas fronterizas de Ecuador”.

Puso como ejemplo, una gasolinera que almacenó siete millones de galones entre 2020 y 2024 cuando su tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 10.000 galones.

Además, insistió en que en ese período hubo “una articulación a través de las empresas Copedesa, Corpalubri y Ternape para vender (combustibles) a comercializadoras fronterizas con evidente menor capacidad de almacenamiento”.

Entre las premisas que la Fiscalía anunció que probará, entre otras cosas:

• Aquiles Alvarez es representante legal de las empresas Copedesa, Corpalubri y Ternape.
• Aquiles Alvarez firmó contratos con empresas que venden combustibles en zonas fronterizas
• Las empresas citadas obtuvieron autorizaciones ilegales para ejercer su actividad económica.

Antes de finalizar su intervención, la Fiscalía recordó el papel de los procesados en este caso: 

"Aquiles Alvarez, el nudo central".

Tras los alegatos de apertura de la Fiscalía, llegaron los de PetroEcuador y la Agencia de Regulación y Comercialización de Hidrocarburos (ARCH).

Sus abogados aseguraron que los procesados habrían conformado una red integrada por personas naturales y jurídicas que desviaban combustible a sectores no autorizados, generando beneficio económico indebido y ocasionando un perjuicio al Estado.

El representante de Petroecuador manifestó que "hubo un mecanismo estructurado para el desvío de combustible a empresas, centros de almacenamiento, que permitió entregar combustible de forma ilegal".

Mientras que el representante de la ARCH dijo que los involucrados se beneficiaron económicamente del desvío de combustible subsidiado.

¿Qué dijeron los abogados defensores?

Durante el primer día de los alegatos de apertura, las defensas de Fernando V., gerente de Copedesa, y de las empresas Copedesa, Insudiesel, Corpalubri y Ternape dieron a conocer lo que probarán a lo largo del juicio.

Los abogados de Fernando V. dijeron que demostrarán que:

• Actuó en los límites de sus competencias como representante de Copedesa, Corpalubri, Ternape e Insudiésel
• En su calidad de representante legal cumple sus funciones, pero no de control para evitar el desvío de combustible.
• No firmó contratos con Petroecuador.
• Como representante de Copedesa dio por terminada la relación comercial con estaciones de servicio

Mientras que los abogados de las empresas coincidieron en que probarán lo siguiente:

• Tienen permisos de funcionamiento.
• Los actos identificados por Fiscalía podrían ser relevantes para el derecho administrativo, pero no para el derecho penal. 
• Se dedican a actividad económica legal.

Pasadas las 13:00, el juez ponente Jorge Sánchez suspendió la audiencia, que se reinstalará el sábado 14 de marzo de 2026.