El atractivo anuncio en una red social, que promocionaba la construcción de viviendas, cautivó a un empleado público que entregó USD 22.000 a dos hermanos, quienes el viernes 16 de octubre de 2026 fueron sentenciados a tres años de prisión.

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La Fiscalía anunció la sentencia por el delito de abuso de confianza en contra de Luis Fernando y María Fernanda J. H., de 39 y 33 años. Ambos fueron contratados por Carlos Alberto B. M., el 8 de marzo de 2021, para que construyeran una casa -que nunca se entregó- en una de las etapas de la urbanización La Joya, en Daule.

“Los hechos empiezan -declaró Carlos Alberto B.- con la ilusión de mi familia de realizar una construcción en La Joya, etapa Oro. Empecé con la verificación de empresas de construcción y tomé contacto con la seudo arquitecta María Fernanda J. H. y el seudo ingeniero Luis Fernando J. H. Los contacté a través de su red social en Instagram”.

Carlos Alberto se reunió con María Fernanda J., quien le ofreció “acabados de primer nivel” y un precio fuera de competencia, USD 450 el metro cuadrado de construcción, muy por debajo de los USD 600 que rige en el mercado inmobiliario. La diferencia -le explicaron- se debía a los “contactos con proveedores de materiales de construcción”.

En su testimonio en la audiencia de juicio, Carlos Alberto, de 44 años, mencionó cinco razones que le hicieron confiar en la palabra de los constructores. La quinta razón fue la de mayor poder para tomar la decisión:

• Le ofrecieron sin costo la elaboración de los planos de la vivienda, “diciendo que era parte del valor agregado, con tal de cerrar la negociación”.
• Lo llevaron a la urbanización Isla Mocolí, donde supuestamente estaban construyendo una vivienda. “Me mostraron una casa muy hermosa que estaba a cargo de una constructora y afuera ellos tenían pegado su logo”.
• Le dijeron que habían sido subcontratados para construir la obra en Isla Mocolí, pero que ya querían independizarse.
• Lo llevaron a una empresa proveedora de materiales y le presentaron a un supuesto socio que les ofrecía precios económicos por productos de calidad.
• La obra tenía un costo de USD 65.000, pero Carlos Alberto B. no tenía el dinero. “Les dije ‘salvo que ustedes me den crédito y les pago mensualmente’, me dijeron que lo iban a pensar. A los cinco minutos me llamaron y me dijeron que me podían dar crédito”.

"Haga seguimiento en el municipio"

Más que las ofertas de financiamiento o planos sin costo, profesionales de la construcción recomiendan a los ciudadanos asegurarse de que, efectivamente, los contratistas tengan experiencia en su campo y, principalmente, posean un título registrado en la Senescyt.

“Verificar los proyectos realizados previamente, que tengan un portafolio de obras, que haya un cronograma de trabajos, que los desembolsos se hagan por rubros, por ejemplo, en la primera fase o fase de obra gris, que el anticipo sea un porcentaje del rubro de obras preliminares”.

Paulo Andrade, arquitecto

Otra de las sugerencias de Andrade consiste en hacer seguimiento al desarrollo del proyecto mediante el código catastral del predio y sus avances en la página web del municipio, así el interesado puede confirmar si la construcción de su vivienda sufre retrasos, si se niegan permisos, si se aceptan o no los planos, entre otros avances del proyecto.

"Se ganaron mi confianza"

Todo se conjugó para contratar la obra, declaró Carlos Alberto, el perjudicado: “el anhelo de una vivienda, los lugares que me llevaron y el respaldo de la empresa que me mostraron. Se ganaron mi confianza, por lo que les dije ‘procedamos’, me dijeron ‘no te preocupes, hacemos todo notarizado y hacemos un contrato’. Ellos se encargaron de todo”.

En el expediente judicial consta que los contratistas firmaron como profesionales, ingeniero y arquitecta, sin embargo, ninguno acredita título registrado en la Senescyt. “Soy graduado del colegio, no tengo título universitario”, confesó a la Fiscalía Luis Fernando J., quien defendió su derecho de realizar construcciones civiles.

En el Servicio de Rentas Internas (SRI), Luis Fernando J. posee Registro Único de Contribuyente (RUC) en calidad de ‘actividades de construcción’, como persona natural, y aseguró que ese RUC le permite construir viviendas, edificios y otras obras civiles.

“Según su criterio, no era indispensable poseer título universitario para dedicarse a la actividad constructiva, siempre que la obra estuviera avalada por un profesional técnicamente responsable; manifestó que la obra era responsabilidad de Santiago S., ingeniero estructurista”.

Fiscalía

El primer abono que debía hacer Carlos Alberto, empleado de la Fiscalía del Guayas, era de USD 13.000, monto que entregó en dos partes y con el que le decían que se había empezado a construir el cerramiento y las bases. El segundo abono fue por USD 10.000, sin embargo, dos semanas después, la obra tenía un sello de clausura por falta de permiso de construcción.

“Siempre dijeron que el permiso ya estaba, llamé a Luis Fernando y me dijo que debía ser un error, que iban a arreglar eso. De ahí en adelante fue un sinnúmero de dilaciones, de engaños, de mentiras, pasaron meses abusando de mi confianza”.

Carlos Alberto B. M.

Carlos Alberto B. terminó pagando la multa impuesta por la falta de permiso de construcción y llamó a los contratistas para que continúen la obra, pero nunca aparecieron. Así tomó la decisión de presentar una denuncia y reclamar un perjuicio de USD 23.000, que, sumados a pagos de abogados, daños y perjuicios, alcanza la cantidad de USD 30.000.

Durante el proceso judicial, los abogados de los contratistas buscaron una conciliación para evitar el llamado a juicio y se comprometieron a pagar la deuda, pero no cumplieron. Luego de un año el caso se reactivó y se instaló la audiencia de juicio pendiente.

En el juicio, Segundo B., dueño del terreno y padre de Carlos Alberto, contó que dejó la construcción en manos de su hijo hasta que un día le dijo: “Papá, la obra está paralizada. Es más, la obra ha sido clausurada por el municipio, porque no tiene permiso y lo poco que han hecho ahí no avala. Es más, se han salido de la línea de fábrica, todo está mal hecho”.

En su versión, María Fernanda J. H. recalcó que la obra tenía un responsable técnico y que Carlos Alberto B. tenía conocimiento de eso, que ella no firmó el contrato por USD 65.000 y que recibía un sueldo como trabajadora de su hermano.

“Durante la ejecución de la obra se presentaban avances al señor, quien realizaba los desembolsos de dinero de acuerdo con esos avances. La relación cambió a partir de la multa y clausura de la obra, existió una reunión con otro abogado en la que se habló de retomar los trabajos en agosto, pero posteriormente Carlos Alberto B. presentó la denuncia penal”.

María Fernanda J. H.

Los alegatos de los hermanos procesados fueron escuchados por el juez, que finalmente los sentenció a tres años de prisión y al pago de USD 15.000 cada uno como reparación a Carlos Alberto B., además de una multa de 10 salarios básicos al Consejo de la Judicatura.

Entre las razones expuestas por el juez se mencionó las siguientes:

• Los procesados actuaron con conocimiento y voluntad de incumplir la condición. 
• Se presentaron con títulos falsos, ofrecieron un contrato sin tener capacidad técnica real, recibieron los fondos y no los destinaron al fin pactado, y posteriormente evadieron su responsabilidad.
• El dolo es evidente, no hubo caso fortuito ni fuerza mayor que justifique el incumplimiento.
• La presunción de inocencia exige que la condena se sustente en prueba suficiente y no en sospechas.

Los contratistas -según los peritajes del expediente judicial- apenas ejecutaron el 10% de la obra, que corresponde a unos USD 3.500. Sin embargo, no presentaron justificación contable, “facturas, comprobantes de pago a proveedores o subcontratistas que demuestren el uso de los fondos para el fin pactado”.