El funcionario detenido en un operativo que el 13 de octubre de 2026 descubrió una red de corrupción que vendía cargos en el Ministerio de Educación no mencionó a los demás miembros de la organización, y acumulaba denuncias desde 2025.

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Roberto Cristóbal A., de 61 años, de Tulcán y con domicilio en Quito, se quedó en silencio en la audiencia de formulación de cargos cuando el fiscal Cristian Camacho pidió su prisión por "ofertar tráfico de influencias", delito que aplica cuando una persona actúa como “intermediaria o gestora”, y se castiga con prisión de tres a cinco años.

Una vez que el juez ordenó su privación de libertad, el procesado contrató un abogado y solicitó la apelación de la medida de prisión, que tiene pendiente la fecha de la audiencia. Durante los tres allanamientos realizados por la Policía, el funcionario fue detenido junto a otras dos personas que luego quedaron libres.

No era la primera vez que Roberto Cristóbal A. se acogía al derecho del silencio. En agosto de 2025 lo hizo también cuando fue llevado ante un juez por el delito de concusión, que se castiga con privación de libertad de hasta cinco años.

En esa ocasión, el delito no fue calificado como flagrante por parte de la Fiscalía y el funcionario del Ministerio de Educación quedó libre. El fiscal decidió mantener la denuncia en la etapa de investigación previa y el juez aceptó el pedido.

Roberto Cristóbal A. continuó sus labores como conserje en el edificio matriz del Ministerio de Educación, en el sector de La Carolina, pese a que el 21 de agosto de 2025 fue señalado por Vicente Benigno Z. C. de haberle asegurado un cargo público en esa entidad a cambio del pago económico de USD 1.500.

En su denuncia, el perjudicado señalaba que el 11 de agosto de 2025 acudió al edificio del Ministerio de Educación, en la avenida Amazonas y Juan Pablo Sanz, a buscar a Roberto Cristóbal A., “por referencia del señor Edwin P.”, quien le había dicho que Roberto era la persona que podía ayudarle a conseguir un cargo público.

“Llegué al Ministerio, pregunté en Información por el señor y lo llamaron. Hablando con él ofreció ayudarme con un cargo público para mi sobrina, que es tecnóloga en seguridad industrial, yo le pregunté cuál es el valor, a lo que el señor me indicó que me cobraba USD 1.500, después de conversar quedamos en USD 750”.

Perjudicado denunciante

Vicente Benigno Z. C. hizo el depósito del dinero el 20 de agosto y Roberto A. le aseguró que para fin de mes ya estaría listo el nombramiento de su sobrina. Sin embargo, el denunciante declaró que más tarde se le ocurrió revisar los antecedentes penales y constató que Roberto A. tenía varias denuncias por estafa.

“Presumo que yo iba a ser objeto de lo mismo. El día de hoy, 21 de agosto de 2025, a las 08:00 le escribí al WhatsApp saludándole y solicitando que nos reunamos para conversar del tema, a lo que me respondió que fuera al ministerio, antes de encontrarme con este señor yo solicité ayuda a la Policía Nacional”, declaró el perjudicado.

Así, Roberto Cristóbal A. fue detenido y, posteriormente, puesto en libertad porque el delito no fue considerado flagrante. Para entonces, ya acumulaba tres denuncias por estafa, dos de ellas en Sucumbíos y una en Imbabura, las tres en 2025.

Alias 'Roberto'

En 2026 la Fiscalía registra en su contra dos denuncias más, ambas por estafa, la primera en abril de este año y la segunda el 14 de octubre, luego del operativo que descubrió la red de corrupción en el Ministerio, donde era conocido con el alias de ‘Roberto’, según las investigaciones de la Policía.

No obstante, las que llegaron a los juzgados han sido tres, la actual por oferta de tráfico de influencias, la de concusión y la que presentaron en noviembre de 2025, por incumplir el pago de una deuda, Diego Renán S. C. y Gloria Patricia A. S.

Ambos entregaron la cantidad de USD 2.000 a Roberto A., quien se comprometió a pagar la deuda en el plazo de 30 días, firmando como garantía un pagaré que no se ha cumplido hasta la fecha. A propósito del operativo realizado la semana pasada, los dos perjudicados impulsaron el caso y pidieron fecha de audiencia.

“Como es de conocimiento público, el hoy demandado Roberto A. está siendo investigado por corrupción por parte de Fiscalía dentro del Ministerio de Educación, es hora de que estos malos elementos paguen por los actos de corrupción que cometieron y den la cara a la justicia”.

Diego S., perjudicado

Declaración de bienes

Roberto Cristóbal A. consta como funcionario del Ministerio de Educación desde 2020, según los registros de la Contraloría General del Estado, entidad a la que presentó su declaración de bienes. En esa fecha señaló que tenía el cargo de conserje y reportó que no tenía bienes o activos, sino deudas por USD 1.000.

Seis años después, en 2026, su declaración patrimonial incluye activos valorados por USD 1.000 (bienes muebles) y deudas por USD 2.450. No obstante, la Fiscalía señala que de acuerdo con reportes bancarios y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), alias ‘Roberto’ tenía ingresos superiores a su remuneración.

“Valores que son injustificados, que guarda relación con las comunicaciones que mantenía el señor procesado al referirse a que “todo está listo para el ingreso a la institución”, que “ya coordiné con todos”. Cuando fue aprehendido se obtuvo varios indicios como las hojas de vida de muchas personas”.

Fiscalía

A alias ‘Roberto’ también se le decomisó papeletas de depósitos y de retiros, “indicios que hacen presumir la existencia de un delito”, según Fiscalía. El caso lo presentó el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, señala la Fiscalía, quien comenzó la investigación a partir de “una denuncia anónima sobre actos de corrupción que se genera en el Ministerio de Educación”