Un día después del allanamiento al edificio matriz del Ministerio de Educación, en Quito, la Fiscalía General del Estado confirmó que se dictó prisión preventiva contra Roberto Cristóbal A., trabajador del área de mantenimiento, por el presunto delito de tráfico de influencias.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, el sospechoso sería parte de una presunta red de corrupción que cobraba hasta USD 5.000 a cambio de puestos de trabajo en esa cartera de Estado.

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De acuerdo con Reimberg, Roberto Cristóbal A. habría manejado recursos económicos injustificados por aproximadamente USD 1 millón.

Durante el operativo también fueron aprehendidos Pablo Benjamín F., del área de servicios generales, y Ochoa N., del área de conducción. 

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"Los indicios recabados apuntan a la presunta participación de funcionarios públicos que habrían ofrecido puestos de trabajo en instituciones educativas públicas a cambio de dinero", señaló la entidad.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre la situación legal de estas dos personas aprehendidas, quienes fueron retenidas con fines investigativos.

Así empezó la investigación

Según José Julio Neira, secretario de la Administración y portavoz de la Presidencia, el operativo en el Ministerio de Educación fue posible gracias a una alerta ciudadana recibida en abril de 2026.

A partir de esa denuncia, se inició una investigación para esclarecer la presunta participación de Roberto Cristóbal A. en el esquema de corrupción.

En un video difundido en su cuenta de X el 14 de octubre, Neira explicó el mecanismo que habría utilizado el principal investigado para recibir dinero a cambio de gestionar beneficios.

"La persona investigada habría recibido dinero, entre USD 1.000 y USD 10.000, de varios ciudadanos a cambio de gestionar cargos públicos, títulos académicos y otros beneficios."

José Julio Neira, secretario de la Administración y portavoz de la Presidencia

Sobre las diligencias realizadas, el secretario de la Administración y portavoz de la Presidencia señaló: "Fiscalía y Policía verificaron y contrastaron la información, reconstruyeron la secuencia de los hechos, identificaron la posible dinámica de la actuación y a las personas presuntamente relacionadas".

Cómo operaba esta red de corrupción

De acuerdo con Neira, las indagaciones permitieron establecer el presunto modus operandi de la red investigada, que habría ofrecido beneficios a cambio de pagos.

Según el funcionario, el esquema habría funcionado de la siguiente manera:

• Un ciudadano acordaba un pago con el principal investigado a cambio de obtener un título académico.
• Una vez realizada la transferencia, el dinero era retirado y entregado a un servidor público del Ministerio de Educación.

Durante el operativo, el ministro del Interior, John Reimberg, también señaló que los sospechosos habrían desempeñado distintas funciones dentro del esquema. Uno de ellos actuaría como "enganchador", es decir, contactaría a los interesados para ofrecerles los supuestos puestos de trabajo.

Otro presuntamente se encargaría de recaudar el dinero entregado por las víctimas y distribuirlo entre los demás involucrados.