José Julio Neira, secretario de la Administración y portavoz de la Presidencia, se pronunció sobre el allanamiento al edificio matriz del Ministerio de Educación, en Quito, como parte de una investigación por una presunta red de corrupción que operaría dentro de la institución.

La intervención se realizó el 13 de octubre de 2026, cuando decenas de policías, en coordinación con la Fiscalía, la Secretaría General de Integridad Pública y el Ministerio de Educación, ingresaron a las instalaciones de la cartera de Estado para ejecutar órdenes relacionadas con la investigación.

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El principal investigado era Roberto Cristóbal A., quien trabajaba en el área de mantenimiento del Ministerio de Educación. Según el ministro del Interior, John Reimberg, el funcionario estaría vinculado a una presunta red de corrupción que cobraba hasta USD 5.000 a cambio de puestos de trabajo en escuelas y colegios públicos.

De acuerdo con Reimberg, Roberto Cristóbal A. habría manejado recursos económicos injustificados por un monto aproximado de USD 1.000.000.

Durante el operativo también fueron aprehendidos Pablo Benjamín F., del área de servicios generales, y Ochoa N., del área de conducción.

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Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para recabar información, incluidos sus testimonios, que permita determinar si tienen alguna vinculación con el caso.

Hasta el momento, Roberto Cristóbal A. sería el único investigado frente a quien la Fiscalía prevé formular cargos, con la posibilidad de solicitar prisión preventiva.

Una alerta ciudadana activó la investigación por presunto cohecho

Según José Julio Neira, el operativo en el Ministerio de Educación fue posible gracias a una alerta ciudadana recibida en abril de 2026.

A partir de esa denuncia, se inició una investigación para esclarecer la presunta participación de Roberto Cristóbal A. en el esquema de corrupción.

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En un video difundido en su cuenta de X el 14 de octubre, Neira explicó el mecanismo que habría utilizado el principal investigado para recibir dinero a cambio de gestionar beneficios.

"La persona investigada habría recibido dinero, entre USD 1.000 y USD 10.000, de varios ciudadanos a cambio de gestionar cargos públicos, títulos académicos y otros beneficios."

José Julio Neira, secretario de la Administración y portavoz de la Presidencia

Sobre las diligencias realizadas, el secretario de la Administración y portavoz de la Presidencia señaló: "Fiscalía y Policía verificaron y contrastaron la información, reconstruyeron la secuencia de los hechos, identificaron la posible dinámica de la actuación y a las personas presuntamente relacionadas".

Así operaría la presunta red que ofrecía puestos y nombramientos en el Ministerio de Educación

De acuerdo con Neira, las indagaciones permitieron establecer el presunto modus operandi de la red investigada, que habría ofrecido beneficios a cambio de pagos.

Según el funcionario, el esquema habría funcionado de la siguiente manera:

• Un ciudadano acordaba un pago con el principal investigado a cambio de obtener un título académico.
• Una vez realizada la transferencia, el dinero era retirado y entregado a un servidor público del Ministerio de Educación.

Durante el operativo, el ministro del Interior, John Reimberg, también señaló que los sospechosos habrían desempeñado distintas funciones dentro del esquema. Uno de ellos actuaría como "enganchador", es decir, contactaría a los interesados para ofrecerles los supuestos puestos de trabajo.

Otro presuntamente se encargaría de recaudar el dinero entregado por las víctimas y distribuirlo entre los demás involucrados.

Por ahora, los hechos se investigan bajo la hipótesis de un presunto delito de cohecho. 

El artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla penas de uno a siete años de prisión, según las circunstancias y la modalidad del delito, tanto para servidores públicos que reciban beneficios indebidos como para particulares que los ofrezcan o entreguen.