Roberto Cristóbal A., quien trabajaba en el área de mantenimiento del Ministerio de Educación, fue detenido durante un allanamiento al edificio matriz de la entidad, este 13 de octubre de 2026.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, el sospechoso sería parte de una presunta red de corrupción que cobraba hasta USD 5.000 por puestos de trabajo en esa cartera de Estado.

De acuerdo con Reimberg, Roberto Cristóbal A. habría manejado recursos económicos injustificados por aproximadamente USD 1.000.000.

El ciudadano fue detenido mientras se encontraba en las oficinas de su área de trabajo, junto con otros compañeros.

Durante el mismo operativo también fue aprehendido Pablo Benjamín F., quien estaría presuntamente vinculado con el delito investigado.

Un tercer funcionario, identificado como Ochoa N., del área de conducción del Ministerio de Educación, también fue aprehendido. Según Reimberg, fue puesto a disposición de las autoridades luego de que presuntamente intentara movilizarse durante el allanamiento a su domicilio.

De los tres investigados, solo Roberto Cristóbal A. enfrentaría una formulación de cargos por parte de la Fiscalía, con la posibilidad de que se solicite prisión preventiva.

En cambio, la aprehensión de Pablo Benjamín F. y Ochoa N. se habría realizado con fines investigativos por 24 horas, con el propósito de recopilar información, incluidos sus testimonios, que permita determinar su posible vinculación con el proceso.

Así operaba la presunta red que vendía puestos y nombramientos

Según el ministro Reimberg, la investigación para desarticular esta presunta organización delictiva tomó alrededor de tres meses.

Además, una denuncia contra los sospechosos habría permitido avanzar en las indagaciones e identificar a las personas posiblemente involucradas.

Según información del Consejo de la Judicatura, Roberto Cristóbal A., uno de los tres funcionarios señalados, registra un proceso por presunta concusión en 2025.

En esa causa se le habría señalado por el presunto cobro de dinero a cambio de un puesto de trabajo con nombramiento en el Ministerio de Educación.

Por ese caso, Roberto Cristóbal A. no fue privado de libertad, debido a que la Fiscalía no contaba con elementos suficientes para formular cargos.

Sobre las funciones que habrían desempeñado los tres investigados, el ministro Reimberg sostuvo que uno de ellos actuaba como "enganchador", es decir, contactaba a los interesados para ofrecerles los supuestos puestos de trabajo.

Otro, en cambio, se encargaba de recaudar el dinero entregado por las víctimas y distribuirlo entre los demás presuntos implicados.

Reimberg agregó que esta investigación constituye el inicio de una indagación más profunda, que permitiría determinar si existen funcionarios de niveles superiores involucrados en la presunta red.