La relativa calma que registraba el sistema penitenciario ecuatoriano se quebró la tarde y noche del jueves 22 de octubre de 2026. Dos amotinamientos simultáneos en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.° 1 (Latacunga) y en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.° 1 (El Inca, en Quito) dejaron ocho presos fallecidos y 10 heridos.

Mientras que otros dos reclusos fueron hallados muertos este viernes 23 de octubre de 2026 en la cárcel de Loja, con signos de estrangulamiento.

Los hechos violentos se desencadenaron apenas tres días después de que el Gobierno Nacional iniciara la primera fase del Plan Nacional de Clasificación de Personas Privadas de la Libertad (PPL).

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Un patrón de violencia "silenciosa" en las cárceles

Pese a la gravedad de los amotinamientos, las estadísticas reflejan una reducción significativa de la violencia carcelaria en 2026, en comparación con el periodo crítico de los cinco años previos.

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Entre enero y septiembre de 2026, el sistema penitenciario acumuló 78 homicidios en los centros de rehabilitación social, según datos abiertos del Ministerio del Interior (MDI). En el periodo de los nueve primeros meses de cada año, solo 2024 está por debajo de 2026 en los niveles de violencia carcelaria de los últimos seis años, como se visualiza en el siguiente gráfico:

• La cifra de 78 muertes violentas se sitúa debajo de los 337 homicidios anuales registrados en las prisiones en 2021. En 2022 se habían registrado 163 víctimas intramuros, en 2023 se reportaron 110 crímenes carcelarios, en 2024 (81) y en 2025 la cifra ascendió a 199, según los datos oficiales. 
• A diferencia de 2021, cuando las armas de fuego (54%) y las armas blancas (29%) causaron la mayoría de los decesos, en 2026 el 81% de las muertes intramuros se atribuyen a asfixia/estrangulamiento (26%) y a “otros medios" (55%), lo que evidencia una transición hacia agresiones individuales, antes del doble amotinamiento.
• La última vez que se registraron tres muertes violentas en el mismo día y el mismo complejo carcelario fue el 4 de marzo de 2026, con tres víctimas de sexo masculino en Guayaquil. 

Ataque coordinado y uso de armas de fuego en Cotopaxi y El Inca

La alerta de amotinamiento en el complejo penitenciario de Cotopaxi se originó en los pabellones de mínima y mediana seguridad, donde se reportaron ráfagas de disparos.

De acuerdo con los partes operativos e informes de la unidad de contingencia, tres presos fueron acribillados con proyectiles de arma de fuego en el pabellón A1A, mientras en una celda de la etapa Libertadores un cuarto interno fue hallado sin vida con señales compatibles con estrangulamiento. Las fuerzas de seguridad incautaron dos pistolas y municiones.

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De forma paralela, en la cárcel de El Inca, al norte de Quito, se ejecutó un ataque que habría estado dirigido contra reclusos del grupo armado Los Choneros. El hecho dejó también cuatro internos muertos -cuyos cuerpos quedaron en las celdas entre colchones y sábanas ensangrentadas- y 10 heridos. 

Sin ofrecer detalles del número de atacantes, ni de sus motivaciones, el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) informó que los presuntos vinculados a los motines "se encuentran identificados y serán trasladados a El Encuentro",  a la cárcel de máxima seguridad de Santa Elena.

Comité apunta a riesgos por traslados de reclusos

Los motines y las nuevas dos masacres coincidieron con la puesta en marcha, desde el 16 de octubre de 2026, del Plan Nacional de Clasificación Penitenciaria, que en una primera fase abarca a 9.214 presos distribuidos en seis prisiones de Cotopaxi, Azuay, Tungurahua y Chimborazo.

La estrategia estatal busca segmentar a la población carcelaria en cuatro niveles de riesgo (mínima, media, máxima y máxima especial) para fracturar las cadenas de mando de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), limitar su capacidad de organización e influencia en lo presidios, y para gestionar de forma más eficiente la población carcelaria y las condiciones de rehabilitación social.

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El ministro del Interior, John Reimberg, vinculó públicamente los motines con la aprehensión de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González por el denominado caso 'Laberinto'. “En Ecuador no vamos a permitir que el crimen organizado ni sus aliados políticos desafíen al Estado”, apuntó en su cuenta X.

“La reiteración de muertes, hechos violentos, la presencia de armas de fuego y los riesgos asociados a los traslados penitenciarios generan serias preguntas sobre la capacidad de prevención y protección dentro del sistema carcelario”.

Comité de Familiares de Privados de Libertad CoFaViD Ecuador.

Por su parte, el Comité de Familiares por una Vida Digna, Dentro y Fuera de Cárceles (CoFaViD Ecuador), que representa a las familias de los reclusos, afirmó en un comunicado haber advertido días antes sobre los riesgos del proceso de redistribución de presos. 

Entre el 19 y el 21 de octubre se reportó la muerte de tres PPL en la cárcel de Turi (Cuenca), tras ser trasladados desde Riobamba la semana anterior, por lo que el Comité pidió determinar si los traslados se están realizando con las debidas evaluaciones de riesgo y garantías de protección.

Ecuador contaba con una población carcelaria de 39.692 reclusos hasta finales de septiembre de 2026. El promedio anual este año es de 38.253 privados de libertad en 38 cárceles del país y el hacinamiento es del 38,44%, pues existe de media un faltante de 10.622 plazas carcelarias, según datos del SNAI.