Alquiles Alvarez es sentenciado a seis años y ocho meses por el caso Triple A

La audiencia de juzgamiento de 15 personas naturales y 6 jurídicas, entre ellas Aquiles Alvarez, procesadas por el presunto delito de comercialización ilegal de diésel, dentro del llamado caso Triple A.

La Fiscalía informó a través de sus redes de X (antes Twitter) que el Tribunal dio a conocer la sentencia este sábado.

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Esta audiencia era la etapa final del caso Triple A tras más de cuatro meses desde que inició el juicio y dos años de las primeras diligencias contra las empresas de Alvarez.

Las autoridades apuntaron este sábado que la prueba aportada demostró la responsabilidad penal de Alvarez, "en calidad de autor directo" del delito imputado, y anotó que el análisis de los jueces también establece que Raúl Z., Juan A., Edgar F. y Edgar C. son responsables del delito, igualmente, en calidad de autores directos y recibieron la misma sentencia.

El Tribunal también señaló que la prueba expuesta durante la audiencia de juicio demostró la responsabilidad de otras personas naturales y de las personas jurídicas procesadas. Lady C. Jessenia V. Carolona T y José C. fueron declarados culpables en calidad de cómplices, y sentenciados a dos años y dos meses de prisión.

El Tribunal declaró culpables a las personas jurídicas Copedesa, Corpalubri, Ternape, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi por el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos y dispuso su clausura y disolución.

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La investigación en el caso Triple A se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), en la que se alertaba sobre una distribución y comercialización irregular de combustibles, lo que habría generado un perjuicio al Estado, debido a diferencias considerables entre el volumen despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.

Según la investigación de la Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a USD 61.502.658,39, correspondiente a 22.777.191,80 galones de combustible (diésel y gasolina).

El Ministerio Público sostiene que los informes periciales determinaron que las capacidades de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponden con el volumen adquirido a las empresas procesadas.