Caso Digitador: las escuchas telefónicas y el tarifario ilícito que hundieron a 'La Jefa', alcaldesa de Jipijapa

La audiencia de formulación de cargos, fue el escenario en el que se reveló el panorama completo del caso Digitador en Manabí. Tras esa diligencia, Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, quedó en prisión, procesada por liderar una organización criminal que habría recaudado USD 5 millones en coimas por trámites de tránsito, en un período de 10 meses.

Las indagaciones se iniciaron en julio de 2025 tras una alerta anónima. Una persona no identificada se comunicó con la línea 1800-DELITO y dio las primeras pistas de cómo operaba la red. Además, aseguró que este grupo estaba vinculado a Los Choneros, banda narcodelictiva que opera en esa zona del país.  

• ¿Quién es Ángela Plúa, la alcaldesa de Jipijapa detenida por el caso Digitador y con qué partido llegó al cargo?

Desde ese instante, investigadores empezaron seguimientos tácticos e interceptaciones que condujeron a las 10 personas, que ahora son procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada.

Los indicios más fuertes incluyen audios en los que los miembros de esta red usaban lenguaje cifrado para manipular documentos públicos. Además, apuntan a cómo las inmensas ganancias obligaron a la cúpula a lavar el dinero ilícito y enviar reportes directos a Plúa, identificada con el alias de 'La Jefa'.

El organigrama delictivo y sus cabecillas

Según el acta de la audiencia de formulación de cargos, a la que PRIMICIAS tuvo acceso, el fiscal del caso reveló una compleja estructura detrás del caso Digitador. 

En la pirámide operaban cinco autores directos que manejaban los hilos del sistema de tránsito en Jipijapa. Ángela Plúa, la alcaldesa identificada como 'La Jefa', fue señalada como la receptora final, mientras José Fernández, alias 'El Inge', mantenía el control informático de toda la plataforma.

Raúl Alarcón, alias 'Lito', articulaba las órdenes como gerente de ServiCop, la empresa municipal encargada del tránsito y el transporte. Asimismo, Marco Molina, alias 'Abogado', dirigía la movilidad en Calceta y Jorge González, alias 'Tito', controlaba directamente las matriculaciones en el cantón de Jipijapa.

La base operativa estaba conformada por cinco colaboradores externos y tramitadores. Roberto Muñiz, alias 'Chencho'; Joan Álava, alias 'Toño'; María Ponce, alias 'Monti'; María Fernanda Loor, alias 'Nanda'; y Andy Parrales, alias 'Michi', quienes operaban desde la ANT y Servicop.

• Caso Digitador: así operaba la presunta red de corrupción de licencias y matrículas en la alcaldía de Jipijapa

Así se cobraban 'los pollitos y gallitos'

Según la investigación de la Fiscalía, los miembros del grupo exigían sobornos que oscilaban entre USD 100 y USD 500 por la emisión de licencias vehiculares, logrando evadir todos los cobros oficiales.

Incluso, la red llegaba al punto de cobrar USD 70 por aprobar los exámenes teóricos reprobados. Además, los tramitadores borraban las infracciones del sistema informático de la agencia de tránsito a cambio de pagos específicos de USD 273.

Las escuchas telefónicas evidenciaron el uso de un argot criminal para disimular los trámites más pequeños. Se referían a los procesos como "gallos" y "pollitos", estableciendo una tarifa de entre USD 10 y USD 15 por cada uno de estos últimos servicios irregulares.

Según los cálculos de la Fiscalía, las ganancias sumaban USD 1.000 diarios y llegaban a USD 5.000 a la semana. En ciertas ocasiones, los cabecillas coordinaban transferencias externas de hasta USD 10.000 en un solo día para intentar borrar el rastro del dinero obtenido. 

Una de las interceptaciones telefónicas expuestas por la Fiscalía evidenció fracturas internas en la presunta organización. Uno de los operadores confesó que existían fuertes reclamos debido a que no se le entregó una tajada económica exigida por el esposo de la máxima autoridad.

• Hombre se cambió el rostro con IA en redes sociales y fingió ser policía para estafar en Jipijapa

En los días previos a la captura, que ocurrió el 26 de junio de 2026, los agentes interceptaron una comunicación en la que la alcaldesa Plúa exigió un pago de USD 40.000 en efectivo a cambio de entregar directamente permisos operativos institucionales.

Incluso, el 6 de junio de 2026 los agentes policiales lograron documentar un encuentro físico clave. Los investigadores fotografiaron a la alcaldesa reunida presencialmente con el cabecilla operativo, alias 'Lito', en los exteriores de un edificio céntrico del cantón.

Evidencias físicas y arraigos fallidos

Durante los operativos de captura, la Policía halló más indicios. En la casa del operador Raúl Alarcón, alias 'Lito', hallaron una agenda manuscrita con 65 hojas y 28 páginas con el logotipo de revisión técnica del cantón de Chone.

En la vivienda de la procesada María Fernanda Loor se encontraron 21 documentos con características similares a matrículas que no debían encontrarse fuera de la empresa municipal.

Las defensas presentaron diversos certificados médicos para intentar lograr el arresto domiciliario. La alcaldesa alegó padecer un aneurisma aórtico y fenilcetonuria, mientras el resto de implicados justificaron condiciones cardíacas y psiquiátricas.

Finalmente, el magistrado resolvió dictar la prisión preventiva para los 10 procesados. Como medida adicional, sugirió al SNAI que los implicados con condiciones de salud sean trasladados a un centro carcelario en la costa.