Caso ‘Digitador’: alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, irá a la cárcel por presunta delincuencia organizada

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Esperanza Plúa Santillán, y nueve personas más son acusadas de delincuencia organizada dentro de una investigación por presunta emisión irregular de documentos relacionados con la revisión técnica vehicular en el caso 'Digitador'. 

La causa recayó en la Sala Especializada Penal para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. 

La audiencia de formulación de cargos se realizó de forma telemática y empezó a las 20:30 del 25 de junio de 2026 y se extendió hasta el viernes 26 de junio.

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Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los investigados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Luego, pasadas las 15:30 del viernes, se dio paso para que las defensas de los implicados intervinieran y a las 17:00 se suspendió la diligencia.

Finalmente, a las 21:30 se reinstaló la diligencia y las autoridades judiciales emitieron la resolución: prisión preventiva para todos los procesados y una instrucción fiscal de 90 días. 

Los implicados son funcionarios de entidades de tránsito de Jipijapa, Calceta (Bolívar) y San Vicente, además de tramitadores externos, quienes presuntamente cobraban entre USD 100 y USD 150 por cada trámite que evadía los requisitos legales y técnicos, afectando el servicio regular. 

Ellos fueron detenidos el 25 de junio de 2026, tras un operativo de la Policía y de la Fiscalía.

Las autoridades señalan a la alcaldesa Ángela Plúa, alias ‘La Jefa’, como la presunta cabecilla de una organización dedicada a emitir de forma irregular documentos de tránsito, como matrículas, revisiones técnicas, licencias y traspasos vehiculares. 

Según el ministro del Interior, John Reimberg, se detectaron movimientos financieros que no guardarían relación con los ingresos declarados por Plúa, “con más de USD 2,6 millones sin justificación aparente”. Además se calcula que habría un perjuicio superior a USD 5 millones al Estado. 

Esta investigación empezó en agosto de 2025, luego de una denuncia que se realizó a través del número 1800 DELITO.