Pescadores vs. Estados Unidos: Informe confirma que barco bombardeado fue revisado por militares ecuatorianos sin hallar carga ilegal
Un documento naval de ocho páginas consta en la demanda civil de 17 pescadores ecuatorianos por USD 5 millones contra Estados Unidos. En diálogo exclusivo con PRIMICIAS, el jurista Dan Kovalik afirma que tienen el documento y sostiene que Washington carece de potestad legal para atacar a civiles en altamar.

Imagen de los pescadores que fueron bombardeados por Estados Unidos en marzo de 2026 y la citación de la Armada a los mismos.
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Cortesía e informe de la Armada
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El informe oficial de inspección de la Armada del Ecuador fue incorporado a la causa civil tramitada en la Corte de Distrito para el Distrito Oeste de Pensilvania. El documento certifica que el pesquero de madera La Negra Francisca Duarte II no transportaba droga antes del bombardeo.
La diligencia naval se produjo en alta mar durante el viaje de retorno de la tripulación hacia Manabí. Los marinos nacionales revisaron la nave y descartaron irregularidades o sustancias ilícitas, otorgando el permiso legal para continuar navegando.
Pocas horas después de esa revisión de rutina, dos aeronaves no tripuladas de bandera estadounidense destruyeron el barco pesquero con proyectiles explosivos. El impacto dejó a dos pescadores con quemaduras de gravedad y a 16 tripulantes en situación de náufragos en el océano.
En entrevista exclusiva con PRIMICIAS, el abogado estadounidense Daniel Kovalik confirmó la existencia de esa constancia documental dentro del expediente judicial. El jurista sostuvo que ningún marco jurídico otorga facultades a Washington para ejecutar ataques contra civiles sin debido proceso.
La inspección naval previa al ataque con drones
El barco artesanal La Negra Francisca Duarte II zarpó desde el puerto de Manta el 2 de marzo de 2026 con 16 tripulantes ecuatorianos a bordo. Su plan de navegación contemplaba dos semanas de labores de pesca en las inmediaciones del archipiélago de Galápagos.
Al concluir las faenas pesqueras planificadas, los navegantes manabitas iniciaron el viaje de retorno hacia el puerto de origen el 16 de marzo de 2026. Durante esa travesía marítima, el 17 de marzo de 2026, fueron interceptados por una patrulla de la Armada del Ecuador para una inspección física.
Según el reporte militar, al que PRIMICIAS accedió, la lancha guardacostas Isla San Cristóbal zarpó a la medianoche desde la rada de Puerto Baquerizo Moreno. Y siendo aproximadamente las 04:00, la unidad detectó una embarcación, por lo cual se dispuso una visita e inspección al barco artesanal La Negra Francisca Duarte II, con matrícula P-04-00562.
También la Armada señala que la documentación del pesquero registraba en el zarpe de seis embarcaciones tipo fibra al arrastre; sin embargo, durante la inspección solo se encontraban cuatro.
Según el documento, los uniformados ecuatorianos abordaron la nave y examinaron las bodegas, los aparejos de faena, los víveres y las credenciales de los pescadores. La revisión naval se extendió durante dos horas en el espacio marítimo.
Al constatar que la embarcación no transportaba cargamento ilícito ni combustible no autorizado, los miembros de la Armada autorizaron a la nave a continuar navegando hacia Manta. La demanda subraya que el Estado ecuatoriano verificó que no existían nexos delictivos en el barco.
El informe de la Armada detalla, además, que durante la inspección se detectó personal no declarado en el zarpe, por lo cual se emitió una citación cumpliendo con lo estipulado en la normativa vigente. Una vez culminada la visita e inspección, el personal militar desembarcó del barco pesquero.

La distancia entre el punto donde la Armada ecuatoriana revisó la nave y el lugar del bombardeo fue de unas 50 millas náuticas (alrededor de 92 kilómetros). Para un barco pesquero artesanal de madera que navega a velocidad de faena (entre 6 y 8 nudos), ese trayecto representa entre seis y ocho horas de navegación.
La postura de la defensa
Consultado por PRIMICIAS sobre el informe naval ecuatoriano, el jurista Daniel Kovalik, quien representa a los pescadores de Estados Unidos, ratificó la existencia del documento. Kovalik indicó que cuentan con esa constancia documental, aunque remarcó que en ningún caso existe facultad legal para bombardear civiles sin debido proceso.
Sobre la estrategia procesal del Departamento de Justicia, el abogado anticipó que el gobierno de Estados Unidos podría acudir a figuras de excepción judicial. Indicó que la doctrina de la cuestión política suele ser un recurso recurrente en este tipo de litigios federales para evitar debates de fondo.
Kovalik, además, señaló que la inmunidad soberana no constituye un argumento aplicable, pues el litigio se ampara en normativas marítimas de renuncia expresa estatal. Añadió que el Congreso estadounidense no ha emitido declaración de guerra y que los pescadores no constituyen un grupo armado.
Respecto a la posición diplomática en la región, el jurista sostuvo que las políticas internas ecuatorianas no habilitan acciones militares a Washington. Consultado sobre una eventual intervención del Estado de Ecuador en el proceso judicial, consideró improbable que el gobierno decidiera participar.
El reclamo por USD 5 millones y los plazos
La demanda tramitada en el estado de Pensilvania fue interpuesta por el dueño de la embarcación, Alejandro Flores Franco, y 16 tripulantes perjudicados. El escrito judicial exige una compensación económica de USD 5 millones por daños y perjuicios a las personas y a la propiedad pesquera.
Kovalik detalló que mantiene comunicación y coordinación en Ecuador a través del abogado Jorge Chiriboga, quien asumió la defensa inicial de los marineros. Explicó que los tripulantes arrastran secuelas traumáticas y la pérdida total de su medio de subsistencia económica familiar.
La jueza federal Marilyn J. Horan está a cargo de presidir las actuaciones legales dentro del expediente rotulado con el número 2:26-cv-02459. El despacho judicial emitió las citaciones formales dirigidas al fiscal general Todd Blanche y al fiscal de distrito Troy Rivetti el 18 de noviembre de 2026.
A partir de la notificación formal de los documentos, el gobierno de Estados Unidos dispone de un plazo reglamentario de 60 días para contestar la acción civil. La causa demanda igualmente una orden judicial que prohíba continuar con los ataques militares a embarcaciones civiles en altamar.
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