“La pierna quedó calcinada hasta el hueso”: Estos son los detalles de la demanda de pescadores ecuatorianos contra Estados Unidos en Pensilvania
Dieciséis tripulantes y el propietario del barco La Negra Francisca Duarte II presentaron una demanda en Estados Unidos, tras denunciar que fueron atacados con drones en alta mar, retenidos y trasladados a El Salvador. La acción judicial reclama USD 5 millones en compensación por el bombardeo de su embarcación en el océano Pacífico.

Imagen referencial del barco Negra Francisca Duarte 2 y un documento de la demanda de pescadores de Ecuador contra Estados Unidos.
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Una demanda civil presentada ante la Corte de Distrito para el Distrito Oeste de Pensilvania expone los testimonios de 17 pescadores ecuatorianos, tras un ataque con drones militares estadounidenses en aguas del océano Pacífico.
Los hechos se registraron el 17 de marzo de 2026 en aguas internacionales, cuando proyectiles alcanzaron la embarcación pesquera La Negra Francisca Duarte II, generando un incendio que destruyó la nave y dejó a dos marineros con graves quemaduras.
El proceso, asignado a la jueza Marilyn J. Horan, relata que los 16 pescadores que iban a bordo de la embarcación permanecieron retenidos en un buque militar de Estados Unidos y luego fueron conducidos a El Salvador, donde permanecieron varios días antes de ser devueltos a Manabí.
Con el patrocinio de Daniel M. Kovalik, los demandantes reclaman una indemnización de USD 5 millones y una medida cautelar que ordene frenar ataques con explosivos contra embarcaciones en aguas del Pacífico oriental.
Además de los 16 tripulantes al momento del ataque, en la demanda se sumó Alejandro Hermógenes Flores Franco, quien comparece en el proceso judicial como el dueño legal de la embarcación.

La explosión en altamar
El expediente judicial número 2:26-cv-02459 de la Corte de Pensilvania al que PRIMICIAS accedió describe que la nave de madera La Negra Francisca Duarte II navegaba a 385 millas náuticas de Manta y a una distancia de entre 225 y 235 millas de la isla San Cristóbal, en Galápagos.
En ese punto marítimo, dos aeronaves no tripuladas de origen militar sobrevolaron la nave y dispararon proyectiles explosivos que impactaron de forma directa contra la estructura, envolviendo la cubierta en llamas de manera inmediata.
El fuego alcanzó a dos marineros que se encontraban sobre la superficie. Jordy Alexander Flores Lucas y Leonel Alberto Pilay Barahona sufrieron quemaduras generalizadas en la espalda, los brazos y las extremidades inferiores debido a la detonación, según la demanda.
En el caso de Jordy Flores, el documento judicial precisa que su pierna quedó calcinada hasta el hueso mientras sangraba de forma profusa sobre los maderos encendidos de la embarcación pesquera.
Ante el avance del fuego, los 16 ocupantes se arrojaron al océano Pacífico para abordar pequeñas lanchas de auxilio que transportaba el buque principal, mientras un dron continuaba sobrevolándolos en su trayecto.
Tras abandonar el barco en llamas, los tripulantes relataron que remaron hacia una nave militar azul visible en el horizonte, donde marineros que hablaban inglés los encañonaron con fusiles de largo alcance desde la borda.
Algunos de los uniformados vestían trajes de camuflaje con insignias de la bandera de Estados Unidos, mientras otros portaban chalecos salvavidas con la leyenda de la Guardia Costera de ese país.
Flores fue trasladado al interior del casco para recibir asistencia médica elemental debido a la gravedad de las heridas que presentaba en su pierna y cuerpo. El resto de los pescadores permaneció con precintos plásticos en las manos y capuchas en la cabeza, obligados a permanecer descalzos sobre la cubierta de hierro caliente durante una jornada entera.
Los demandantes afirman que durante ese lapso no recibieron alimentos y únicamente les suministraron 500 mililitros de agua por persona, mientras continuaban inmovilizados. En el área médica, efectivos militares le mostraron a Flores Lucas una pizarra con el dibujo de su barco y le explicaron mediante un traductor la forma en que los drones lo destruyeron.
El 18 de marzo de 2026, los ecuatorianos fueron entregados a una nave salvadoreña que navegó siete días hacia Centroamérica, donde 14 tripulantes fueron ingresados en un albergue migratorio. Los dos tripulantes heridos fueron conducidos a un centro hospitalario salvadoreño hasta que el grupo completo retornó vía aérea a Ecuador a finales de marzo de 2026.

La reclamación civil y los fundamentos del litigio
La demanda fue presentada en Pensilvania por Flores Franco, dueño de la nave, junto con el armador pesquero José Hernán Flores Vilez y 15 tripulantes más.
Entre los demandantes figuran Damián Flores, Alberto Flores, Guido Bravo, Guiller Toala, Jesús Castro, Celso Magallán, Jonathan Villacreses, Simón Villacreses, Alexander Alvia, Mauricio Mero, César Mero, Raúl Mena y Samuel Cedeño.
El escrito se acoge a la jurisdicción de almirantazgo y a las leyes estadounidenses de reclamos marítimos que levantan la inmunidad soberana de Washington frente a actos de sus embarcaciones públicas.
La causa incluye cuatro cargos principales: imposición intencional de angustia emocional, asalto y agresión con explosivos, privación ilegítima de la libertad y la destrucción material de la nave pesquera.
Los perjudicados recalcan que la pérdida de La Negra Francisca Duarte II los privó de su única fuente de sustento familiar, dejándolos en una severa precariedad económica.
Además de la compensación económica de USD 5 millones estipulada en el formulario inicial, solicitan una orden judicial que prohíba a las fuerzas militares continuar atacando embarcaciones civiles.
El gobierno estadounidense fue notificado mediante citaciones dirigidas al fiscal general Todd Blanche y al fiscal federal Troy Rivetti, con un plazo legal de 60 días para contestar la demanda.
El debate sobre la legalidad
La demanda detalla que la nave había zarpado desde el puerto de Manta el 2 de marzo de 2026 con el objetivo de realizar faenas de pesca artesanal durante dos semanas en las inmediaciones del archipiélago de Galápagos.
El 16 de marzo de 2026, mientras la tripulación iniciaba el viaje de retorno hacia Manabí, una patrulla de la Armada del Ecuador habría interceptado la embarcación en altamar para realizar un procedimiento de inspección.
Miembros navales ecuatorianos abordaron el barco y revisaron las bodegas, la carga y la documentación de la tripulación durante tres horas continuas, sin encontrar anomalías en sus actividades.
Tras descartar cualquier conducta ilícita o cargamento no autorizado, los uniformados nacionales habrían autorizado a la nave a reanudar su navegación hacia el puerto de Manta, horas antes del ataque estadounidense.
La demanda enfatiza que ninguno de los demandantes mantenía relación con agrupaciones criminales, circunstancia que había quedado verificada durante la revisión efectuada por los marinos ecuatorianos.

El documento, además, cuestiona la legalidad de la campaña de ataques navales iniciada por Washington el 2 de septiembre de 2025, señalando que carece de autorización del Congreso estadounidense.
La demanda sostiene que las autoridades han justificado los bombardeos bajo la existencia de un supuesto conflicto armado no internacional contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Dicho criterio se apoyaría en un memorando confidencial de la Oficina de Asesoría Jurídica, el cual es objeto de litigios de acceso a la información en una Corte de Nueva York.
Los demandantes citan declaraciones de una audiencia en el Senado de Estados Unidos del 2 de junio de 2026, donde se expuso que la presencia de narcóticos o armas no constituye un criterio de selección para disparar.
El texto judicial menciona además declaraciones del jefe de gabinete de la Casa Blanca de diciembre de 2025, vinculando la ofensiva marítima a presiones políticas regionales más que a decomisos de droga.
Según la demanda, hasta esa fecha se habían registrado 71 ataques armados contra barcos en aguas internacionales, con un saldo superior a 235 personas fallecidas.
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