Así fue el 'contrato fantasma' por el que Petroecuador pagó más de USD 5 millones a un consorcio relacionado con el alcalde Vicko Villacís

El 24 de diciembre de 2024, Petroecuador transfirió más de USD 5,3 millones al Consorcio Torre VL-V1. La operación se justificó como una supuesta ejecución de trabajos industriales en la Unidad No. Catalíticas 2, clave para la producción de gasolina Súper en la Refinería Esmeraldas. La asociación fue conformada por King Traiding Limited KT&V, vinculada a la familia de Vicko Villacís, y Teknhikmec S.A.

Esta información fue detallada por la Fiscalía General del Estado (FGE), a inicios de junio de 2026, durante la audiencia de formulación de cargos contra Villacís por lavado de activos.

La transferencia encendió alertas por la ausencia de sustentos legales. Un certificado del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), mostrado por la FGE, comprobó que no hay contrato registrado ni procesos adjudicados con el Estado a nombre de este Consorcio. 

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Además, el Ministerio de Economía y Finanzas certificó que no existen registros de Comprobantes Únicos de Registro (CUR) de pagos hacia esta entidad en sus sistemas.

Finalmente, pese a facturar y recibir más de USD 5,3 millones, el Consorcio Torre VL-V1 declaró ingresos por apenas un dólar en 2024, generando un impuesto a la renta causado de exactamente 22 centavos.

Un 'contrato fantasma'

Pese a que el Consorcio no consta ni como proveedor del Estado registrado, una fuente de Petroecuador que prefiere no ser identificada lo recuerda en otros contratos como uno relacionado con una supuesta emergencia en la torre de vacío 2 de la Refinería de Esmeraldas, de donde vendría su nombre.

PRIMICIAS hizo consultas a todas las entidades involucradas en esta operación, ocurrida en 2024, ya en el gobierno de Daniel Noboa. La Empresa Pública Petroecuador no emitió ninguna respuesta para explicar el origen del contrato, la ejecución de la obra o los motivos técnicos para el pago efectuado.

Por su parte, el Sercop ratificó que, tras una verificación técnica en los registros de la base de datos oficial, el consorcio no se encuentra registrado ni habilitado, por lo que no consta ninguna contratación de este proveedor con la petrolera estatal durante el año 2024. 

La Superintendencia de Compañías respondió que no administra los registros de constitución del consorcio, argumentando que una reforma legal aplicada en diciembre del año 2020 suprimió expresamente a estas asociaciones de su ámbito de competencia. 

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En el mismo sentido, el Servicio de Rentas Internas (SRI) negó el acceso al detalle de la facturación y a las declaraciones impositivas del consorcio, amparándose en la legislación que detalla la reserva de esta información. Aunque en los registros públicos se comprueba el pago de 22 centavos de impuesto a la renta en 2024, como se mencionó al inicio de este reportaje.

Dos 'viejos conocidos' de Petroecuador

El Consorcio Torre VL-V1 no fue conformado por actores nuevos en el sector hidrocarburífero, sino por dos empresas que mantienen un largo historial como proveedoras individuales del Estado, las cuales decidieron cambiar sus nombres y unirse para esta operación a mediados de 2024. 

De acuerdo con los documentos societarios y de compras públicas, la asociación se integró en partes iguales por las compañías King Traiding Limited KT&V Cía. Ltda. y Teknhikmec S.A.

La primera mitad del consorcio pertenece a King Traiding Limited KT&V Cia. Ltda., una compañía que operó durante más de una década bajo su denominación original de Reyten Cia. Ltda. 

Esta es la misma empresa de la cual el alcalde Vicko Villacís Tenorio fue accionista y gerente general hasta el año 2020. Bajo el nombre de Reyten, la compañía construyó un historial de adjudicaciones con Petroecuador. 

Esta relación comercial alcanzó su punto máximo el 11 de marzo de 2015, cuando suscribió simultáneamente dos contratos millonarios: el contrato LAB 2015048 por USD 4,9 millones para servicios de mantenimiento integral y áreas verdes, y el contrato LAB 2015049 por un monto similar para limpieza, fumigación y lavandería en la zona noroccidental. 

Precisamente, supuestos servicios adicionales derivados de estos dos contratos sirvieron de base para que la estructura planteara años después la acción de protección que obligó al Estado a pagar más de USD 2 millones. 

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La segunda mitad del consorcio corresponde a Teknhikmec S.A. Al igual que su socia, esta firma también recurrió a un cambio de nombre, pues históricamente facturó al Estado bajo la razón social Suministros y Mantenimientos de Equipos Petroleros SYMEP S.A. 

Constituida en 2006 y administrada por miembros de una misma familia, esta compañía acumula un extenso expediente en el sistema de Contratación Pública, registrando al menos 30 adjudicaciones y procesos con Petroecuador y su división Petroindustrial Refinería Esmeraldas entre los años 2009 y 2021. 

Su historial abarca contrataciones por ínfima y menor cuantía, así como licitaciones y subastas inversas para la provisión de repuestos de bombas, rodamientos, válvulas, mantenimiento de tuberías terrestres y calderas de la refinería.

En el ámbito financiero, la UAFE determinó que Teknhikmec S.A. registró ingresos en el sistema bancario por USD 2,3 millones entre 2020 y 2026. 

Sin embargo, su comportamiento tributario refleja que sus declaraciones oficiales detallan un pago de cero dólares por impuesto a la renta causado de manera consecutiva entre 2019 y 2024, reportando un único pago de USD 14.000 recién en el ejercicio fiscal 2025.

El dinero para Vicko Villacís

Según la Fiscalía, tras el pago de más de USD 5,3 millones de Petroecuador a favor del Consorcio Torre VL-V1 a finales de 2024, los fondos fluyeron directamente hacia el alcalde.

El 7 de enero de 2025, el Consorcio emitió un cheque por USD 2,5 millones a favor de Vicko Villacís, justificándolo con un pagaré supuestamente simulado. 

Con este capital en su poder, el funcionario destinó USD 500.000 a su hermano Luis Reyna Tenorio, también procesado en el caso por lavado de activos, mediante dos transferencias y, el 27 de enero de 2025, envió USD 800.000 hacia una cuenta de su propiedad en el Truist Bank en Miami, Estados Unidos. 

Este flujo de capital ilícito se refleja en cifras oficiales. De acuerdo con las declaraciones de Villacís ante la Contraloría General, el alcalde registró un salto patrimonial del 191%.

En su declaración de inicio de gestión en 2023, reportó un patrimonio de USD 1,4 millones. Apenas un año después, esa cifra se disparó a USD 4,2 millones. 

Su efectivo en bancos también mostró un aumento al pasar de casi USD 11.000 a más de USD 713.000. A la par de este incremento, los registros del SRI evidencian que el funcionario omitió presentar su declaración de impuesto a la renta entre 2019 y 2021, mientras que en los periodos 2022 y 2025 declaró cero dólares.