El sistema judicial y la contratación pública habrían sido usados para lograr un millonario desvío de fondos en perjuicio de Petroecuador, la empresa pública más importante de Ecuador. La Fiscalía investiga una estructura criminal liderada por Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas.

El 3 de junio de 2026, Villacís fue detenido en su provincia, al igual que su hermano, dos jueces y cuatro personas más. Todos fueron procesados por lavado de activos y la jueza Silvana Velasco dictó orden de prisión preventiva para los ocho.

Durante la audiencia de formulación de cargos, según el acta a la que PRIMICIAS accedió, la Fiscalía detalló que la organización que comandaría el alcalde Villacís utilizó un mecanismo basado en el abuso del derecho.

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La red interpuso garantías jurisdiccionales, como acciones de protección, en distintas instancias judiciales para obligar a Petroecuador a pagar millones de dólares por deudas contractuales supuestamente inexistentes o indemnizaciones laborales presuntamente infladas con peritajes alterados.

Posteriormente, este dinero habría ingresado a diversas cuentas personales y empresariales relacionadas con Villacís, para luego ser integrado en la economía legal a través de un lavado de activos, que es el delito por el que se procesó el caso.

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El caso Reyten y Petroecuador

De acuerdo con los documentos expuestos por la Fiscalía General del Estado, la empresa Reyten, de la que Vicko Villacís fue gerente y accionista hasta 2016 y 2020, respectivamente, presentó en 2020 una acción de protección contra Petroecuador. 

El objetivo fue exigir el pago de supuestas deudas derivadas de los contratos 2015-048 y 2015-049, que Reyten firmó con la estatal petrolera por servicios de limpieza, fumigación, mantenimiento de áreas verdes y lavandería en las instalaciones de la entidad. Ambos contratos sumaban USD 9,9 millones.

Esta demanda, tramitada inicialmente en la Unidad Judicial Penal de Esmeraldas, fue aceptada y luego ratificada por un tribunal superior. La decisión forzó a la entidad estatal a realizar un pago de USD 2 millones, el 29 de noviembre de 2021, a favor de la empresa de Villacís.

Los registros financieros mostrados por la Fiscalía detallan que, apenas un día después de efectuado el millonario depósito, desde las cuentas de la compañía se emitieron cheques que terminaron canalizando los fondos estatales hacia el entorno del actual alcalde de Esmeraldas. 

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La teoría fiscal detalla que se emitieron dos cheques por USD 1,2 millones a Edrulfo R., exgerente de Reyten y actualmente fallecido, quien de inmediato depositó USD 867.000 a la empresa Reypezpacific, de la que el alcalde Villacís es dueño del 98% de las acciones. 

USD 61.000 fueron entregados a Luis Reyna, USD 20.000 a Gabriela F. (esposa del alcalde) y USD 20.000 a Andrea L. (cuñada).

Los USD 30 millones en Atacames

El segundo golpe financiero contra Petroecuador se habría perpetrado el 7 de junio de 2022, fecha en la que un procurador común presentó otra acción de protección, esta vez en representación de un grupo de 96 extrabajadores de la entidad. 

El expediente judicial expone que este proceso recayó en la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames y fue aceptado por el juez Jorge Pinos, uno de los procesados en el caso por lavado de activos, quien determinó la existencia de una vulneración de derechos.

Las providencias de esa acción de protección evidencian que este magistrado ordenó el cálculo de las reparaciones económicas a través de un peritaje financiero, permitiendo que la perito Rosa Elena E. V. fuera designada de forma directa tras ser sugerida por los propios demandantes.

Basado en ese cuestionado informe, el juez Kléber Salcedo, también procesado, emitió un mandamiento de pago en diciembre de 2022, ordenando a Petroecuador a consignar USD 30,3 millones. 

Para enero de 2023, la institución depositó un primer monto de USD 15 millones, fondos que fueron distribuidos en cuestión de horas mediante órdenes de retiro judicial. USD 2,3 millones fueron para el abogado Simón L. D., USD 75.000 para la perito Rosa E. V., USD 2,2 millones para el abogado Juan Lastre y el saldo restante fue destinado a los 96 accionantes.

Sin embargo, Lastre transfirió de manera inmediata el 95% de sus honorarios, USD 1,4 millones, a la cuenta personal del alcalde Vicko Villacís y USD 746.250 a Carol Zuleyka Lemos, otra de las procesadas en el caso. 

Gustavo García, abogado del alcalde de Esmeraldas, ha asegurado que ese dinero fue facturado por Villacís como parte de la defensa de los extrabajadores de Petroecuador. Y que, incluso, fueron tributados.

Mientras que la Fiscalía señala que, para dar apariencia de legalidad a la transferencia hacia el alcalde, se utilizó un contrato de servicios profesionales notarizado días después del pago, pese a que Villacís jamás litigó en esa causa.

El freno de la Corte Constitucional

Tras esas sentencias y pagos supuestamente irregulares a favor del círculo de Villacís, la Corte Constitucional (CC) intervino revisando de manera extraordinaria los procesos y emitió fallos- en noviembre de 2024 y octubre de 2025- definitivos que detuvieron la aplicación de las sentencias de la justicia ordinaria. 

La Corte declaró la desnaturalización de las acciones de protección interpuestas, estableciendo que los conflictos de orden contractual y las disputas laborales debían resolverse exclusivamente en instancias contencioso-administrativas. 

Tras constatar el perjuicio a Petroecuador, los jueces constitucionales dispusieron dejar sin efecto todos los mandamientos de pago y ordenaron la devolución integral de los fondos cobrados indebidamente. 

Como parte de sus dictámenes, la CC declaró la existencia de un error inexcusable por parte de los jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas que validaron los pagos en segunda instancia, disponiendo su respectiva destitución.

Adicionalmente, el Tribunal Constitucional ordenó a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación penal por el presunto delito de prevaricato en contra de los jueces de primera instancia que dictaron las sentencias originales. En este grupo están Pinos y Salcedo, ahora procesados por lavado de activos.

Pese a los fallos de la Corte, hasta el momento -según lo expuesto por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos- los USD 17 millones que Petroecuador pagó a la red de Vicko Villacís, aún no han sido devueltos.