Aquiles Alvarez principal responsable de "cambiazo" por USD 61,5 millones: Claves de la sentencia en primera instancia del caso Triple A

La histórica sentencia de 6 años y 8 meses de prisión dictada en primera instancia contra el exalcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Enríquez, y otros cuatro implicados como autores directos del delito comercialización ilegal de hidrocarburos, lo sitúan como el principal responsable de un millonario desfalco al Estado.

La sentencia del Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado apunta al desvió 22,7 millones de galones de diésel subsidiado y un perjuicio económico al Estado ecuatoriano por USD 61,5 millones.

La resolución, adoptada por el voto de mayoría del juez ponente Jorge Sánchez y la jueza Clara Soria, ratificó que las empresas Copedesa, Corpalubri y Ternape Petroleum -bajo el control accionario y dirección de Alvarez- operaron como el eje de un engranaje diseñado para canalizar combustible automotriz y naviero hacia el mercado industrial e internacional, que no gozan de subvenciones.

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El "cambiazo" y las placas fantasmas

PRIMICIAS accedió al acta de juzgamiento del 29 de agosto de 2026. De acuerdo con las pruebas  valoradas por el Tribunal, el modus operandi se sostuvo en una práctica interna denominada "el cambiazo". Esta consistía en facturar volúmenes masivos de combustible a usuarios falsos y registrar de forma reiterada una misma placa vehicular para simular ventas menores en zonas de frontera.

El caso más emblemático valorado por el Tribunal involucró a la placa GSI-9458, correspondiente a un automóvil liviano marca Chevrolet Cruze con motor a gasolina. A este vehículo, la estación San Francisco (operada por Fuelcorp S.A. en Milagro, Guayas) le facturó un total de 145.115 galones de diésel, un volumen físicamente imposible de consumir por una unidad de esas características.

Asimismo, las inspecciones técnicas determinaron que los despachos diarios de Petroecuador superaban con creces la capacidad de las instalaciones. 

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Por ejemplo, la Estación Zambrano, en la provincia fronteriza de Zamora Chinchipe, poseía un solo tanque de 10.000 galones, pero registró movimientos diarios que dejaron un saldo no justificado de más de 2,7 millones de galones de diésel. El Tribunal concluyó que el hidrocarburo ni siquiera ingresaba a los depósitos, sino que se descargaba directamente en autotanques clandestinos.

Las condenas del Tribunal Anticorrupción

• Cinco personas fueron condenadas como autores directos: Aquiles David Álvarez Enríquez, Raúl Arnoldo Zambrano Orellana, Juan Dionisio Araujo Saldarriaga, Edgar Moisés Flores Torres y Edgar Edmundo Campoverde Abril. Sobre ellos recae una pena 6 años y 8 meses de privación de libertad, además del pago de una multa de 12 salarios básicos (USD 5.784).
• Cuatro personas fueron condenadas como cómplices: Lady Juliana Cedeño Toala, Jessenia Monserrate Vélez Orellana, Carolina del Rocío Troya Cubiña y José Ricardo Cevallos Avellán. La pena es de 2 años, 2 meses y 20 días de privación de libertad, además del pago de una multa de 4 salarios (USD 1.928)
• Adicionalmente, se declaró la responsabilidad penal de seis empresas o personas jurídicas —Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi— imponiéndoles una multa de 1.000 salarios básicos a cada una (USD 482.000), junto con su clausura definitiva y disolución.

El rol de las contadoras y el rechazo a la atenuante

El fallo también individualizó la responsabilidad de quienes viabilizaron el fraude contable. Las contadoras Lady Cedeño (Ternape), Jessenia Vélez (Corpalubri e Indudiesel) y Carolinao Troya (Fuelcorp) recibieron condenadas en calidad de cómplices.

Los jueces determinaron que sus auditorías y anexos transaccionales sirvieron como un "escudo técnico doloso" para eludir los controles del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Durante la reinstalación, la fiscal Ruth Amoroso y la defensa de José Cevallos (exgerente de Fuelcorp condenado como cómplice) solicitaron la aplicación de una "atenuante trascendental" debido a la información aportada en su testimonio. Sin embargo, el juez Sánchez denegó el pedido. 

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El magistrado explicó que el artículo 46 del Código Orgánico Integral Penal COIP impide aplicar este beneficio punitivo cuando concurren circunstancias agravantes, tales como el haberse valido de personas jurídicas y ejecutar el delito con la participación de dos o más personas.

El voto salvado por tres absueltos

Aunque el Tribunal ratificó el estado de inocencia y absolvió a seis procesados, la decisión no fue unánime. El juez Víctor Barahona presentó un voto salvado argumentando que existían pruebas para condenar a un propietario de la estación, a la titular de un depósito de combustible y a una contadora.

Para Barahona, el hecho de que en la estación referida se facturaran más de 40.000 galones de diésel a una camioneta Hilux a gasolina constituía una "falsedad ideológica" evidente que destruía la presunción de inocencia de sus administradores. No obstante, el voto de mayoría de los otros dos magistrados terminó prevaleciendo, ordenando el levantamiento inmediato de sus medidas cautelares.

Además de las penas de prisión, el dictamen dispuso que los autores directos y las empresas implicadas paguen de manera solidaria los USD 61,5 millones como reparación integral al Estado. Tras la sentencia de primera instancia, cabe el recurso de apelación ante un tribunal superior. Además, las partes pueden interponer recursos horizontales ante el mismo juez antes de que la causa suba a corte.

La Fiscalía General del Estado anunció este domingo 30 de agosto de 2026 que apelará la sentencia de primera instancia que ratificó el estado de inocencia de seis procesados en el “caso Triple A”.