Sobre el impuesto al patrimonio
Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato. Entre 2006-2026 escribió para El Universo (Ecuador). Es autora de En busca de la libertad: Vida y obra de los próceres liberales en Iberoamérica (Editorial Planeta, 2025).
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La semana pasada comentamos aquí que la obligación de declarar el patrimonio es peligrosa y facilita el cobro de un eventual impuesto sobre el patrimonio. Hoy queremos abordar por qué este tipo de impuesto es perjudicial.
La obligación de realizar una declaración patrimonial ya se ha utilizado dos veces para cobrar un impuesto temporal sobre el patrimonio: la contribución única sobre patrimonios superiores a USD 1 millón en 2016 y la contribución temporal al patrimonio de las personas naturales por COVID en 2022 para quienes superaban el umbral de USD 1 millón y en 2022 y 2023 para quienes superaban USD 5 millones. No quisiéramos que El Niño o la crisis eléctrica sirvan de excusa para un tercero.
En los países desarrollados, los efectos de este impuesto son conocidos y muchos lo han derogado. Mis colegas Adam N. Michel y Chris Edwards señalan en un estudio reciente que el número de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con impuestos anuales sobre el patrimonio cayó de 12 en 1990 a solo 4 en la actualidad.
Incluso la OCDE, que suele recomendar alzas de impuestos y estar en contra de la competencia tributaria, concluyó en 2018 que varios países habían derogado estos impuestos debido a la fuga de capitales y “motivos de eficiencia y de carácter administrativo, así como por la observación de que, con frecuencia, dichos impuestos no han logrado alcanzar sus objetivos redistributivos. Los ingresos recaudados por los impuestos sobre el patrimonio neto también han sido, con contadas excepciones, muy bajos”. En los países que han tenido impuesto sobre el patrimonio, dicho impuesto ha recaudado en promedio tan solo 0,2% del PIB.
Donde todavía se mantiene el impuesto sobre el patrimonio, es costoso. En Noruega, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas de dicho país estima que los emigrados en 2022 y 2023 retiraron USD 14.100 millones en ingresos diferidos del país, lo cual implica una pérdida de recaudación tributaria de USD 5.000 millones.
En el caso de España, lo interesante es que el régimen autonómico permitió que algunas regiones, como Madrid, lo eliminaran. Desde que Madrid eliminó el impuesto sobre el patrimonio en 2008 y hasta 2024, la economía captó USD 11.750 millones adicionales.
Una de las principales razones para introducir un impuesto sobre el patrimonio es porque se considera que solo lo pagan los ricos y que tiene efectos redistributivos. Pero una preocupación de la OCDE en torno a este impuesto es “la capacidad de los contribuyentes más ricos para eludir o evadir el impuesto. Esto ha limitado el potencial de los impuestos sobre el patrimonio neto para alcanzar sus objetivos redistributivos y ha contribuido a la percepción de injusticia”.
Lo anterior es especialmente relevante en Ecuador, donde somos campeones de los privilegios tributarios. Según el SRI, el monto total que el Estado deja de recaudar por exoneraciones, deducciones, exenciones, rebajas o tasas preferenciales ascendió en 2024 a USD 6.607,35 millones o 5,3% del PIB.
En países con instituciones débiles, no solo son ubicuas las lagunas que permiten eludir impuestos, sino que también es endémica la corrupción. El economista Edmon Ginting llama “intermediación corrupta” al “servicio” prestado por funcionarios, tramitadores y/o asesores corruptos a empresarios que buscan pagar menos impuestos. Si la tasa impositiva es alta, evadir el impuesto ahorra mucho dinero y, por ende, aumenta la demanda de la “intermediación corrupta”. Si la tasa es baja, en cambio, se reduce la corrupción, dado que lo que se ahorra evadiendo no compensa ni el costo ni el riesgo de hacerlo.
Finalmente, ¿sobre quién recae realmente el costo de un impuesto sobre el patrimonio? Michel y Edwards explican que, como el trabajo y el capital se complementan, un impuesto sobre el capital: “…reduce la rentabilidad, después de impuestos, del ahorro y la inversión, y reduce el stock de capital. A medida que este se reduce, la productividad de los trabajadores disminuye y los impuestos sobre el capital se trasladan a los trabajadores en forma de salarios más bajos”.