Objetivos de alto valor

Entre los objetivos de alto valor, como denomina la Policía Nacional a las personas cuya detención ayuda significativamente a la reducción del delito o a la mejora de la estabilidad de la vida social, hay algunos que viven en la clandestinidad y otros que se identifican abiertamente como alcaldes, prefectos o concejales. Los primeros posiblemente terminen con sus huesos en alguna cárcel, los otros pronto irán a la reelección. Los que se esconden tras los tejados han optado por esa vida por voluntad propia, los otros están en sus cargos por decisión nuestra, por nuestro voto. Ambos constituyen engranajes clave de lo que se conoce como el gran negocio del crimen organizado. 

A la fuerza pública le encargamos el diseño de las estrategias para la detención de los que en algún momento vestirán el traje naranja. A la ciudadanía nos queda, a su vez, la tarea cívica de señalar a los que tras el ropaje de un cargo público de elección popular colaboran directamente con la violencia e inseguridad del país. No es tarea fácil la que tenemos, pero con un poco de información y mucho sentido común es posible identificar a quienes financian sus candidaturas con recursos ilícitos, sea del narcotráfico, la minería ilegal o el tráfico de personas u órganos.

Una primera pista. Este tipo de objetivos de alto valor son candidatos por cualquier organización política. No tienen compromisos con nada ni con nadie. Menos con alguna ideología en particular. A ellos simplemente les interesa llegar al cargo para desde allí procurar impunidad al negocio, por un lado, y garantizar el lavado de dinero ilícito, por otro lado. Por tanto, no hay que caer en la trampa de pensar que solo se candidatizan por un sector político en específico. De hecho, muchos de los que van a la reelección no lo harán por la misma tienda partidista. Ojos abiertos con esas candidaturas.

• Una sociedad cínica

Otra pista. Gasto excesivo en campañas electorales en ciudades que, por el tamaño de su población, no justifica una erogación de recursos económicos como la que se ponen en juego. Regalos, fiestas, artistas y jolgorio en exceso son el peor síntoma y sobre todo una voz de alerta. Ahí donde hay mucho dinero en el proceso electoral, aumentan las probabilidades de que el crimen organizado esté detrás de esa candidatura. Hoy por hoy, las donaciones del sector privado son casi imposibles de ubicar en las grandes ciudades, mucho menos en las de menor densidad poblacional. Pese a ello, tenemos cantones con menos de cinco mil habitantes en los que sus alcaldes han invertido en la campaña sobre los doscientos mil dólares. Eso es una evidencia clara de que ahí hay un objetivo de alto valor parapetado bajo el título de alcalde o edil. Si eso ya sucedió en nuestra ciudad, evitando dar el voto nuevamente a la misma persona hacemos nuestra parte en el intento de recuperar un país que se cae a pedazos.

Una pista más. A diferencia de lo que sucedía hasta hace poco tiempo, que la gran mayoría de alcaldes y concejales no eran parte de las estructuras del crimen organizado, sino que llegaban como alfiles, bajo consignas previamente pactadas, ahora las cosas han cambiado. La inteligencia financiera que circula alrededor del crimen organizado ha detectado que ese tipo de estrategia genera demasiados costos y, por ello, muchos de los nuevos burgomaestres y ediles son gente que está enlistada en las filas de cualquiera de las actividades ilícitas que son parte del negocio. Basta colocar los nombres de estos funcionarios en el sistema de rastreo de procesos judiciales o en un motor de búsqueda en la web para evidenciar el prontuariado de muchos de ellos.

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La gran ventaja que tenemos desde la ciudadanía es que no es indispensable hacer públicos esos nombres. Esa es labor de las instituciones del Estado que, evidentemente, no lo harán. A nosotros nos basta con tener claro quién es el objetivo de alto valor que quiere administrar nuestra ciudad y con ello alcanza. El día de las elecciones, que aún no sabemos cuándo será, nos acercamos a la urna y en la papeleta votamos por cualquiera de las opciones que no representan los obscuros intereses del crimen organizado vinculado a la política pública. Ese es un imperativo ciudadano frente al que todos, sin excepción, estamos en capacidad de contribuir.