La justicia como escarmiento

En el Ecuador de hoy, la justicia parece haber dejado de ser un mecanismo para establecer responsabilidades, sancionar proporcionalmente y, eventualmente, rehabilitar a quienes han cometido delitos. Cada vez más, parece funcionar como una sofisticada maquinaria de escarmiento. No es una justicia que investiga, distingue, repara y reforma; sino una justicia que escandaliza, encierra, humilla y destruye.

Esto no ocurre en el vacío. Vivimos en una sociedad con un tejido social profundamente deteriorado. Los niveles de confianza interpersonal son paupérrimos. Sospechamos del vecino, del político, del empresario, del juez, del policía y del funcionario público. Muchas veces con razón. Pero cuando una sociedad deja de confiar en los demás, también deja de creer en la posibilidad de rehabilitación. El otro ya no es alguien que puede equivocarse, responder ante la ley y corregirse. El otro es una amenaza. Y frente a una amenaza, no se busca justicia: se busca eliminación. Esa pulsión de eliminación encuentra en el encarcelamiento su expresión más clara. No solo porque la cárcel encierra, sino porque permite al Estado intervenir directamente sobre el cuerpo de quienes la sociedad ha decidido apartar.

Michel Foucault explicó algo de esto en Vigilar y castigar. Para él, la cárcel moderna no es solamente un espacio donde se encierra a quienes han violado la ley. Es también una institución donde el poder disciplina los cuerpos y regula conductas. El castigo moderno ya no necesita del espectáculo público del suplicio; opera de manera más silenciosa, burocrática y cotidiana. Pero sigue comunicando algo esencial: que el castigo no solo sanciona conductas, sino que también produce obediencia.

• De ideologías y otros demonios

El problema se vuelve más grave cuando esa capacidad disciplinaria del Estado se combina con el poder político. Entonces, la justicia deja de ser un sistema para procesar responsabilidades y se convierte en un instrumento para castigar enemigos. No hace falta que un gobernante firme una orden directa para que esto ocurra. Basta con que las instituciones entiendan de qué lado sopla el viento. Basta con que fiscales, jueces, policías y funcionarios carcelarios sepan quién merece benevolencia y quién merece escarmiento.

El caso de Aquiles Álvarez resulta particularmente alarmante precisamente por eso. Yo no sé si Aquiles Álvarez es inocente o culpable. En estricto sentido, nadie lo sabe todavía, porque el debido proceso que debe llevarnos a esa conclusión no ha terminado. Para eso existen las investigaciones, las audiencias, las pruebas, la defensa y, finalmente, una sentencia ejecutoriada. Lo que sí sabemos —al momento de escribir estas líneas— es que el alcalde de Guayaquil permanece privado de libertad sin una sentencia condenatoria ejecutoriada, en la cárcel de máxima seguridad del país. Y eso, más allá de simpatías o antipatías personales o políticas, debería preocuparnos.

• No es normal

Debería preocuparnos porque la prisión preventiva no puede convertirse en una sentencia anticipada. Su propósito no es castigar, sino asegurar que el proceso judicial pueda llevarse a cabo. Cuando esa medida se transforma en una forma de demolición física, emocional y política, algo se rompe en el sistema democrático. Hoy puede ser Aquiles Álvarez. Mañana puede ser cualquier otro, incluso algún actor político de su simpatía, amable lector.

Lo más perturbador de todo este asunto es que el propio gobierno ecuatoriano se jacta del manejo penitenciario en el país. La Cárcel del Encuentro ha sido presentada como símbolo de control, autoridad y mano dura. Pero lo que se ha conocido sobre sus condiciones debería producir vergüenza, no orgullo: presos sin almohadas, sin material de lectura, mal alimentados y hacinados, sometidos a un régimen que parece diseñado más para torturar personas que para rehabilitarlas. Los recientes casos de tuberculosis son un claro ejemplo de que la dureza carcelaria no es solo una metáfora política, sino una realidad corporal. Los cuerpos se deterioran. Las personas enferman. Algunas mueren.

Entonces hay que volver a una pregunta básica: ¿para qué están las cárceles? ¿Para proteger a la sociedad? Sí. ¿Para sancionar delitos? También. Pero, sobre todo, deberían existir para cumplir una función de rehabilitación dentro de un marco mínimo de dignidad humana. Una cárcel no puede ser una venganza administrada por el Estado. Mucho menos puede convertirse en una herramienta para eliminar rivales políticos o personales.

En el Ecuador, las respuestas a estas preguntas están a la vista de cualquiera. Hemos confundido justicia con castigo, autoridad con crueldad y seguridad con humillación. Y una sociedad que confunde esas tres cosas no se vuelve más segura. Se vuelve más cruel.