Esto no es político
Muertos por cientos y una ministra que lo niega todo
Periodista. Conductora del podcast Esto no es Político. Ha sido editora política, reportera de noticias, cronista y colaboradora en medios nacionales e internacionales como New York Times y Washington Post.
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Hace unos días escuchamos a la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, negar vehementemente que hubiera casos de tuberculosis en las cárceles del país.
“No hay ningún brote, ninguna epidemia”, decía en FM Mundo. “Lo que se hizo fue sacarlas del centro de privación de libertad para poder realizar todos los exámenes, todos los análisis por medio del Ministerio de Salud Pública y evidenciar que no existe ningún brote ni ninguna enfermedad, como se ha tratado de posicionar”.
El periodista Fausto Yépez le pregunta cuántos casos hay. Ella responde: “No hay ninguna epidemia ni ningún caso”. Yépez repregunta varias veces más. “Tengo entendido que hubo un caso”, se contradice Morillo, para inmediatamente volver al mensaje que parece querer posicionar: “No hay casos”.
Sus palabras confusas se caen ante la realidad revelada por Connectas, la plataforma regional de periodismo de investigación que ha desmantelado el discurso oficial.
Los datos no dejan espacio a la ambigüedad ni a la retórica gubernamental: bajo la actual estrategia de militarización y "mano dura", el hambre y las enfermedades prevenibles están matando a más personas privadas de la libertad que las sangrientas masacres entre bandas en años pasados.
Con un promedio aterrador de tres muertes al día en 2025, las prisiones ecuatorianas mutaron de ser campos de batalla criminales a campos de exterminio silencioso por inanición y desidia médica. Una muerte cada siete horas, dice Connectas, podría estar revelando un colapso humanitario.
Si en 2021 nos escandalizaron las 497 muertes violentas dentro de las cárceles, en 2025, los 1.220 presos fallecidos parecen haber pasado desapercibidos.
Este ejercicio constante de negacionismo oficial no es un error de información o un desliz en la comunicación de una funcionaria, más bien parece ser la constante en un ejercicio de desinformación gubernamental deliberado, que empieza desde la cabeza del gobierno.
Según el portal de verificación de datos, Lupa Media, más de la mitad de las declaraciones hechas por el Presidente de la República en su primer año de gobierno, son falsas o imprecisas.
Las palabras de Morillo son una necesidad retórica que sostiene el mito del populismo penal: ese que ofrece soluciones mágicas a problemas complejos y que rinde réditos electorales en contextos de alta polarización.
Exhibiendo construcciones carcelarias y reos sometidos ante las cámaras, el Gobierno invisibiliza los cuerpos esqueléticos y los pulmones carcomidos que se multiplican intramuros.
Admitir que la tuberculosis y la desnutrición crónica campean en los centros penitenciarios significaría confesar una verdad incómoda: que el Estado ha cambiado la violencia explícita de las masacres por la violencia estructural del abandono.
Frente a la opacidad oficial, varios organismos internacionales han mostrado su preocupación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los presos de la Penitenciaría del Litoral en enero de 2026, tras considerar que se encuentran "en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable".
Ya para entonces, el organismo afirmaba que en este, el complejo carcelario más poblado y violento de Ecuador los organismos de derechos humanos locales reportaron más de 500 muertos por tuberculosis u otras enfermedades en 2025, sin embargo, dice el reportaje de Connectas: “el Ministerio de Salud afirma que ese año murieron solo 61 personas por tuberculosis—apenas el 11% de las muertes “naturales”, sin que el SNAI explique cuáles son las enfermedades que engrosan el otro 89%—”.
¿Cómo es posible que los datos de las organizaciones de la sociedad civil sean tan dispares de los que entrega el gobierno?
Es fácil ponerse suspicaz con el manejo de la información que nos ha demostrado: probablemente los datos oficiales se traten de un subregistro.
Lo alarmante es que ni en la narrativa ni en la acción, el gobierno parece dar prioridad a los derechos humanos cuya garantía no es una opción ideológica para aplicar a unos sí y a otros no; son el piso mínimo de la dignidad y la legalidad en cualquier estado civilizado.
Quien comete un delito debe pagar su deuda con la sociedad y la justicia pasa por un sistema que garantice la vida, la integridad y el estricto cumplimiento de la sentencia determinada por un juez. El aislamiento, el hambre y la tuberculosis sin tratamiento no forman parte de ninguna condena legal; permitir que arrasen con las prisiones es convalidar una pena de muerte encubierta.
Y aquí, la indolencia social suele operar para reforzar la idea de que quienes están dentro de la cárcel son criminales y merecen lo peor. Eso no es justicia, es venganza. Una democracia debe garantizar la vida y la dignidad hasta de los peores criminales.
En un país donde la justicia es un terreno minado y cualquiera puede terminar tras las rejas, mirar hacia otro lado es una temeridad. La indolencia colectiva es el mejor combustible para el autoritarismo.
Si la respuesta estatal a la crisis del sistema penal es la mentira, el silencio, la opacidad y una pena de muerte encubierta, no se está atacando la criminalidad, se está dejando la muerte de cientos de seres humanos como una ofrenda populista que ofrece sangre sin solucionar el problema de fondo.