Vías de muerte y conductores asesinos

Lo ocurrido días atrás en Atacames debe llevarnos a una profunda reflexión, que no debe quedarse sólo en buenas intenciones. Es una tragedia que se repite mucho en nuestro país. Vale la pena reflexionar sobre qué papel debe cumplir la planificación para evitar desastres tan dolorosos como este.

Definamos primero cómo se ha distorsionado el uso de las redes viales en nuestro país. El Ecuador no cuenta con una red de carreteras. Más bien, lo que tenemos es una red de caminos. Quizá las excepciones a esta premisa sean la Vía a la Costa (Guayaquil-Salinas), la Ruta Viva y parte de las redes viales en las provincias de Cotopaxi e Imbabura. Nuestras vías intercantonales e interprovinciales nunca fueron construidas bajo un plan integral nacional. Dichos planes vinieron luego; y tuvieron que ver cómo unían los retazos viales ya existentes. Más bien, nuestra infraestructura vial ha sido —variando según el político de turno— el producto de promesas electorales cumplidas a medias.

Una carretera o una autopista no es sólo una vía rápida. Debe tener consideraciones específicas. Una de ellas —que ya he mencionado antes a través de este medio— son las dimensiones requeridas para circular en altas velocidades. Otra muy importante es que no sea una vía de libre acceso. Las entradas y salidas de la misma deben darse en cruces específicos para permitir así el flujo vehicular, sin aminorarlo. Esto se cumple en casos como el estadounidense, el alemán o el que China ha implementado en las décadas recientes. Nosotros hemos tenido una estrategia totalmente opuesta a estos ejemplos. La conectividad ha pesado más que la exclusividad de circulación. Para nuestros políticos y planificadores pasados, mientras más poblados se unan con una vía, ¡mejor! Esto lo hemos enmendado luego con la construcción de pasos laterales en todas las poblaciones vinculadas por nuestra red nacional.

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Pero el acceso controlado tiene también otra faceta: la relación entre la vía y los terrenos colindantes a la misma. Mientras en otros países los servicios para los conductores se concentran en cruces específicos, acá cualquier propietario contiguo al camino puede poner un negocio de lo que sea. En un escenario ideal, dichos negocios deberían estar en carriles paralelos desconectados de la vía principal; como ocurre en la Ruta Viva o en la Avenida del Bombero, frente a Puerto Azul. El propósito más importante de esas vías paralelas es evitar accidentes como el ocurrido en Atacames; ya que son carriles donde la velocidad de los vehículos en circulación es mucho menor.

Es evidente que las razones por las cuales se han dado estas circunstancias en nuestro país tienen que ver con la precariedad económica nacional. Compararnos con países del primer mundo, sin tener en cuenta dicha observación, sería una injusticia descomunal.

Las vías de segundo y tercer orden también deberían tener ciertas condicionantes para el establecimiento de actividades comerciales; como la implementación de bandas arborizadas o bolardos de protección peatonal. En la tragedia ocurrida en Atacames, el negocio de donde sale la niña fallecida se encontraba justo junto a la calzada; sin distancia o barrera alguna.

No podemos dejar de recalcar que este lamentable suceso es —una vez más— provocado por la negligencia de los transportistas, que siguen sin entender la magnitud de su responsabilidad, cuando están detrás del volante. En las manos equivocadas, lo que debería ser un medio de transporte se convierte en un arma.

Nuestras vías de conexión nacional deben mejorarse, remendando y mejorando la infraestructura existente. Quizá, luego de eso, podamos pensar en construir verdaderas carreteras o autopistas; hechas pensando en la seguridad de todos. Y así como exigimos buenos caminos y autopistas, debemos exigir también conductores sensatos y responsables.