El presupuesto ya no se aprueba en Quito
Asesor empresarial en estrategia y finanzas corporativas. MBA de la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia. Exasesor McKinsey and Company y finanzas en JPM, CLSA, ABN-AMRO y Valpacífico. Exejecutivo senior Progressive Insurance e IPG.
Actualizada:
Mientras Ecuador debate el presupuesto en Quito, una parte de sus costos fiscales ya se está definiendo en los mercados energéticos internacionales.
Cada año, la Asamblea Nacional aprueba el Presupuesto General del Estado.
Pero este año, una parte de ese presupuesto ya se está escribiendo muy lejos de Quito.
No en Carondelet. Ni en la Asamblea. Sino en los mercados internacionales donde se negocian el diésel y los combustibles refinados.
La reciente tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a colocar al Estrecho de Ormuz en el centro de la economía mundial. Como suele ocurrir, la mayoría de los análisis se concentró en una sola pregunta: ¿subirá el precio del petróleo?
Para Ecuador, esa ya no es la pregunta correcta.
En 2026, el Ministerio de Finanzas ya no administra únicamente el déficit. Administra también el riesgo geopolítico. La variable que hoy puede alterar con mayor rapidez las cuentas fiscales del país casi nunca aparece en los titulares.
Se llama crack spread.
Es el margen internacional de refinación: la diferencia entre el precio del petróleo y el valor de combustibles refinados como el diésel. Cuando ese margen aumenta, el problema ya no es solamente cuánto cuesta producir un barril de petróleo, sino cuánto cuesta convertirlo en el combustible que Ecuador importa todos los días.
Al 15 de julio de 2026, el mercado enviaba una señal inequívoca. Mientras el WTI se negociaba alrededor de USD 81 por barril, el diésel ULSD de la Costa del Golfo de México alcanzaba aproximadamente USD 164 por barril, reflejando un mercado de refinados extraordinariamente tensionado. Normalmente esa diferencia está entre USD 15 a 28.
Ese valor no corresponde al costo del diésel puesto en Ecuador. Antes de convertirse en el Precio de Paridad de Importación (PPI), todavía deben incorporarse fletes marítimos, seguros, gastos portuarios, almacenamiento, transporte interno y los demás componentes previstos en la metodología oficial.
Pero sí constituye una de las principales referencias internacionales sobre las cuales se construye ese precio. Y allí comienza la verdadera historia.
Cuando aumenta el costo internacional del diésel, el PPI tiende a incrementarse. Si el precio interno permanece regulado, el diferencial termina transformándose en un mayor subsidio que debe financiar el Estado.
La cadena de transmisión es sorprendentemente simple:
- Mayor tensión geopolítica.
- Mayor crack spread.
- Mayor precio internacional del diésel.
- Mayor PPI.
- Mayor subsidio.
- Mayor presión sobre el Presupuesto General del Estado.
En otras palabras, una guerra ocurrida a más de doce mil kilómetros de nuestras costas puede terminar alterando las cuentas fiscales de un país dolarizado.
Ese es el nuevo rostro de la globalización.
En las próximas semanas, Ecuador actualizará nuevamente el PPI. Si las actuales condiciones internacionales persisten, el costo económico del diésel importado continuará presionando el gasto en subsidios precisamente cuando el Gobierno busca consolidar el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional.
No hace falta que el petróleo llegue a USD 100 por barril. Basta con que el mercado internacional siga cobrando una prima elevada por refinarlo.
Durante años, el debate energético ecuatoriano giró alrededor de una misma idea: construir una nueva refinería. La experiencia regional invita a la prudencia.
La Nueva Refinería de Talara demandó cerca de USD 6.000 millones para una capacidad aproximada de 95.000 barriles diarios. Independientemente del juicio que cada uno tenga sobre el proyecto, deja una enseñanza contundente: una refinería requiere casi una década para construirse; una crisis fiscal puede aparecer en cuestión de semanas.
Por eso la discusión ya no debería concentrarse únicamente en producir más combustibles.
Debería concentrarse en reducir la exposición del Ecuador a los combustibles más vulnerables a la geopolítica internacional.
En ese contexto, el desarrollo del Campo Amistad adquiere una relevancia que trasciende al sector energético. Cada metro cúbico adicional de gas natural que sustituye diésel en la generación eléctrica reduce la necesidad de importar combustibles, disminuye la exposición del país a los mercados internacionales de refinados y libera recursos fiscales para otras prioridades nacionales.
No es solamente una política energética.
Es una política fiscal.
Y también una política de gestión del riesgo país.
Durante décadas creímos que administrar las finanzas públicas consistía en proyectar ingresos y controlar el gasto.
Hoy eso ya no basta.
Los presupuestos también deben anticipar guerras, sanciones económicas, interrupciones logísticas, mercados energéticos volátiles y cadenas globales de suministro cada vez más frágiles.
La geopolítica dejó de ser un asunto exclusivo de cancilleres y generales.
Hoy también determina las decisiones de un ministro de Finanzas, de un directorio corporativo y de cualquier país que aspire a preservar su estabilidad macroeconómica.
El Presupuesto General del Estado seguirá aprobándose en Quito. Pero una parte creciente de su costo ya se está escribiendo en los mercados energéticos del mundo.